La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, Nelson Periotti, Carlos Wagner y Ángelo Calcaterra, entre otros empresarios, en el tramo vinculado al caso de los Cuadernos de las Coimas, donde se acusó a la vicepresidenta de ser jefa de una asociación ilícita que recaudó sobornos entre contratistas y concesionarios del Estado. En este tramo se investigó la cartelización de la obra pública a favor de un conjunto de compañías que según la acusación pagaban coimas al extinto Ministerio de Planificación para obtener diversos contratos.

Cristina Kirchner avaló la cartelización de la obra pública y el pago de sobornos en relación a la misma, según sostiene el procesamiento que este miércoles quedó firme tras la decisión de la Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci.

Fue el fallecido juez Claudio Bonadio quien había procesado a la vicepresidenta en este expediente, relacionado con el caso Cuadernos. La Casación también confirmó las acusaciones sobre varios ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, y empresarios nucleados a la Cámara de la Construcción.

La acusación formal es por los delitos de asociación ilícita y 175 cohechos pasivos por sumas millonarias, cometidos en licitaciones y adjudicaciones de obra pública entr 2003 y 2015. Ahora quedaron firmes los procesamientos de la vicepresidenta, sus ex funcionarios Julio De Vido y Nelson Periotti, como de los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Osvaldo De Sousa, María Rosa y Gerardo Cartellone, Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Javier Sánchez Caballero, entre otros.

En su resolución, la Casación rechazó una serie de planteos que se oponían a la confirmación de las acusaciones que había formulado la Cámara Federal porteña. En aquella ocasión fueron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -removidos por el kirchnerismo hace diez días de su cargo-, quienes avalaron las imputaciones que dio por corroboradas el juez Bonadio.

La acusación en este expediente sostiene que hubo “un acuerdo previo y a la división de tareas” para una distribución de la obra pública entre un conjunto de empresarios, que no se podría haber concretado “sin la intervención de los ex funcionarios imputados”.

En cuanto a los empresarios, se los señaló como partícipes “de este sistema, al igual que sus directivos o accionistas, junto a las personas que concurrían a efectuar los pagos” a ex funcionarios kirchneristas.

A la hora de determinar qué empresas intervinieron en la maniobra, a través de la Cámara de la Construcción que presidía Carlos Wagner, se tuvo en cuenta a los empresarios que integraban un listado aportado por el financista Ernesto Clarens.

Sobre la maniobra investigada, se indicó que el “mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública, tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por los antes nombrados”, es decir por Cristina Kirchner y los ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.

Al determinar cómo fue el circuito, se planteo que “cada pago emprendía su camino en las oficinas y dependencias de las distintas empresas interesadas para concluir, tras una breve escala en las oficinas de Clarens y los despachos de los funcionarios, en dos lugares muy sugestivos: la Quinta Presidencial de Olivos o el departamento sito en las calles Uruguay y Juncal de esta ciudad, donde tenían su domicilio los ex mandatarios presidenciales a lo largo del período investigado”.

La acusación confirmada sostuvo que en Planificación, “por indicaciones del Presidente Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles”.

Se remarcó que las empresas que resultaban beneficiadas con aquélla asignación, como contrapartida, “debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación”.

En el caso específico de la Dirección Nacional de Vialidad, que quedó involucrada en este tramo de la causa, se determinó que los actos de adjudicación de las obras se formalizaban por intermedio de resoluciones suscriptas por el entonces Administrador General Nelson Periotti, y en cuanto a las entregas de dinero, “en el caso de que se abonaran anticipos financieros, la suma oscilaba entre el diez y el veinte por ciento del monto ofertado por la obra; y para el supuesto de que en las obras no se efectuaran tales pagos, se establecían montos equivalentes a una determinada cantidad de certificados de obra”.

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