Justo cuando la Contraloría General de la República iniciaba un juicio de cuentas en contra de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), dependientes del alcalde Jorge Sharp, para recuperar más de $931 millones por mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el ente fiscalizador detectó trabajo adolescente con dineros de la comuna.

De acuerdo a una auditoría de Contraloría, entre enero del 2017 y junio del 2019 los liceos María Luisa Bombal y Técnico de Valparaíso realizaron compras irregulares de buzos, poleras, corbatas, insignias, agendas, colaciones, empanadas, tortas, desayunos y almuerzos.

Lo más sorprendente fue que el director del Liceo Técnico de Valparaíso habría administrado en paralelo a una empresa de banquetería que generó ganancias por sobre los $180 millones. Dentro de sus empleados, según determinó Contraloría, se encontraban dos alumnos de ambos establecimientos educacionales, quienes se desempeñaban como “garzones y cocineros, siendo menores de edad y sin autorización expresa para efectuar esa actividad”.

“Recurrir a alumnos para labores de garzón o envolvimiento de colaciones no se relaciona con la enseñanza del colegio. Aunque los alumnos recibieron un pago por dichas actividades tanto en el Liceo María Luisa Bombal como en el Liceo Técnico de Valparaíso no son propias de lo que indica ley que rige a la Cormuval”, afirmaron desde Contraloría.

La Contraloría también logró acreditar que ambos liceos recibieron ingresos por “la venta de los productos y la prestación de los servicios ya señalados por la suma de $490.649.302”. Del número, al menos $394 millones correspondieron a compras realizadas por la misma Cormuval.

Cormuval alega prácticas afines al “polo productivo”

Al interior del documento desde la Cormuval aseguraron que las actividades por las que fueron empleados los dos menores de edad se relacionan al “polo productivo” de sus establecimientos que se especializan al área técnico profesional.

“Los polos productivos se definen como entes relacionales a lo docente, pues deben generar en todo momento -ya sea a través de pasantías, refuerzos o prácticas alternas-, un espacio de formación educativa para estudiantes en formación técnica”, explicaron desde la Cormuval.

Además, respecto al trabajo mismo de los menores de edad, aseguraron que prestaron servicios en matrimonios y servicios de cafetería por los que recibieron pagos de entre $12 y $20 mil por día. En la Cormuval hicieron hincapié en que los jóvenes habrían contado con autorización de sus padres, pese a que Contraloría no encontró los documentos.

Al incluir a menores de edad, la Contraloría anunció que remitiría los antecedentes a la Defensoría de la Niñez.

El diputado Andrés Celis (RN) reveló que hace un año puso estos antecedentes a disposición de la Defensoría, el cual pidió información a Sharp y posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, “sin que hasta la fecha sepamos el estado de este proceso penal”.

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