Después de dos años de análisis penal, el pasado martes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) cerró el círculo de involucrados en un caso de corrupción que investiga la Fiscalía de Atacama y que involucraría a Minera Candelaria en el pago ilegal de 7 millones de dólares al Municipio de Tierra Amarilla, a cambio de que esta última se desistiera de una demanda por daño ambiental en 2015.

A través de una querella criminal que reconstruye paso a paso la trama, el organismo imputó el delito de cohecho pasivo al actual diputado Jaime Mulet (PRVS) y a los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, dos reconocidos profesionales del foro ligados a la DC. Los tres, detalla el CDE, se coludieron con la sede comunal para obtener la suma señalada en un acuerdo con la empresa de capitales canadienses usando la Ley de Donaciones.

Lea la querella completa

Para lograrlo, señala la acción legal, se aliaron con el alcalde de Tierra Amarilla Osvaldo Delgado y el entonces abogado corporativo de la minera, Miguel Troncoso. Todo era miel sobre hojuelas, hasta que en 2017 la Contraloría detectó que Bosselin y Briones, mediante una intrincada artimaña legal, se quedaron con 4 millones de dólares como pago de honorarios, a través de un contrato cuyos términos fueron redactados íntegramente por Candelaria.

Los hechos derivaron en que hoy Delgado y Troncoso también estén querellados por el CDE por fraude al fisco y soborno, respectivamente. Por estos ilícitos, ambos serán formalizados por el Ministerio Público nortino ante el Juzgado de Garantía de Copiapó el próximo 6 de octubre.

En la presentación -y por la comisión de cohecho- están incluidos los entonces abogados internos de la municipalidad de Tierra Amarilla, Jaime Bahamondes y Jorge Brito, ambos estrechamente relacionados con Mulet.

Los hechos relatados en el libelo de la entidad confirman íntegramente el reportaje publicado en exclusiva por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío el 6 de marzo de 2019, a raíz del cual Bosselin y Briones demandaron a este medio pidiendo 790 millones de pesos como indemnización para cada uno, “por los daños morales que los demandados le han causado, lesionando su dignidad, su integridad psíquica, su honor, reputación, honra, crédito y fama”.

En el caso aparecen ligados el dueño de la empresa de lobby Imaginacción, Enrique Correa, el actual consejero del CDE Rodrigo Quintana, vinculado al Partido Socialista, e instala a la minera en una situación procesal altamente compleja, ya que el CDE le imputó un delito de corrupción que ejecuta la “persona jurídica”, pudiendo arriesgar la cancelación de esta última o millonarias multas.

La minera canadiense, al tratarse de una firma multinacional con explotación de yacimientos en distintas partes del mundo, posee un sistema interno de prevención del delito, con el que debe contar cada una de sus filiales, que se rige por las normas OCDE contra las prácticas corruptas, conocidas por sus siglas FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) que también sancionan a las firmas extranjeras que sobornan a funcionarios públicos en un país distinto al de sus oficinas centrales.

Se trata de una historia con tintes de thriller que permitiría filmar una serie para Netflix, que sigue así.

Todo se derrumbó

El 28 de junio de 2018, el reloj marcaba las 15.40 horas, cuando el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado miró al fiscal de Copiapó, Luis Miranda y confesó que el entonces vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, le había ofrecido una coima de $400 millones.

Las palabras del edil buscaban que el perseguidor se allanara a la petición de su abogado Luis Andrés de obtener la libertad provisional, ya que por entonces se encontraba formalizado, suspendido de sus funciones y en prisión preventiva por fraude al fisco en otro caso de corrupción ocurrido en la comuna.

La suma, detalló Delgado, le fue ofrecida en octubre de 2016 por Mulet para que levantara una medida precautoria presentada en un juzgado civil de Santiago sobre 4 millones de dólares que deberían recibir como honorarios los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, a raíz de un acuerdo con la minera Candelaria, que permitió evitar un juicio ambiental.

En la ciudad era públicamente conocido que en 2015 la canadiense había donado 7 millones de la moneda estadounidense en forma directa a la sede comunal, como una forma de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a raíz de los problemas ambientales provocados por la actividad minera en la zona. Esta última suma, en todo caso, era solo una parte de los 22 millones que serían entregados a una corporación municipal a más largo plazo, usando la Ley de Donaciones, cuyos gastos serían controlados por el dueño de la empresa de Lobby Imaginación, Enrique Correa, en calidad de representante de Candelaria.

El testimonio de Osvaldo Delgado -en parte- sorprendió al fiscal Miranda. Si bien se abría un nuevo caso de corrupción en Tierra Amarilla, resultaba de difícil comprobación, atendido que se trataba de un acuerdo de voluntades con la empresa que otorga empleos a una parte importante de la región.

La revelación hecha por Delgado dio inicio a una nueva indagatoria que se sumaba a un dictamen emitido por la Contraloría el 15 de septiembre de 2017, donde el organismo fiscalizador acreditó que los 7 millones de dólares pagados por Candelaria no sirvieron para preservar el medioambiente, sino para incrementar el patrimonio municipal y de los abogados Bosselin y Briones. Una copia de este documento ya estaba en manos del CDE cuando Delgado habló del pago de la coima ofrecida por Mulet que, de acuerdo a su versión, ocurrió en las oficinas de Bosselin y Briones en el Centro de Santiago.

A la buena

La historia que hoy tiene a Mulet, Bosselin, Briones, Delgado, Troncoso, Brito y Bahamonedes en el banquillo de los acusados comenzó en diciembre 2012 en el hotel Diego de Almagro de Copiapó. Por entonces, Delgado recién había asumido como alcalde de Tierra Amarilla.

En la cita participó Mulet, Delgado, y el entonces vicepresidente de negocios de Candelaria Francisco Costabal y el presidente Peter Quin, cuando la firma era propiedad de Freeport.

Tal como consta en la carpeta de investigación de la fiscalía y en la querella del CDE, Mulet y Delgado hicieron ver que la compañía había afectado gravemente la ecología de la zona. Para demostrar aquello les mostraron a los ejecutivos un estudio encargado de forma privada donde se acreditaban sus dichos.

La propuesta fue concreta: habría que iniciar un “canal de diálogo” para que la multinacional compensara económicamente a la comunidad de Tierra Amarilla.

La escena fue descrita íntegramente por el exabogado de la empresa minera, Miguel Troncoso, en una declaración que prestó ante la PDI.

La idea, según indicó, era “no perjudicar a la minera y conversar posibles acercamientos y solución para evitar que pasara el tema a mayores”.

De acuerdo al CDE “se buscaba lisa y llanamente obtener dinero a costa del daño ambiental”.

Y añade: “Así las cosas, y advirtiendo la necesidad imperiosa que tenía CCM Candelaria de obtener la aprobación ambiental de su proyecto sobre continuidad operacional –que permitiría la continuación de las actividades de explotación minera en la zona hasta el año 2030, pues la Resolución de Calificación Ambiental vigente solo tenía duración hasta el 2015-, los querellados divisaron una oportunidad de negocio que permitiría obtener dinero de parte de La Minera, tanto para los asesores externos y el propio Alcalde, como para el municipio, utilizando para ello indebidamente la función pública”.

El encuentro ocurrido en el hotel coincidía con una fecha perentoria para la extractora, porque en septiembre de 2013 debía presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Atacama, para asegurar la continuidad de sus operaciones hasta 2030. A eso se sumaba miles de millones de dólares, porque Freeport negociaba la venta de Candelaria a la canadiense Lundin Mining.

Siga al dinero

Siguiendo las normas legales, Candelaria ingresó el documento a la autoridad medioambiental para que se iniciara la tramitación.

Y como el “canal de diálogo” no llegó a buen puerto, Mulet le propuso al alcalde de Tierra Amarilla Osvaldo Delgado que contratara a sus abogados de confianza a Hernán Bosselin y Ramón Briones para que la compañía indemnizara a la comuna por los supuestos daños ambientales en los que había incurrido, dice la querella del CDE.

Bosselin y Briones pusieron manos a la obra y el 12 de diciembre del mismo año ingresaron una demanda ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago que nunca fue notificada, por lo que pasó al archivo de la entidad. En otras palabras, cualquier intento de negociación estaba muerto.

Más allá del hecho procesal, lo cierto es que la autorización de operaciones hasta 2030 de la minera y la negociación para ser vendida a Lundin Mining estaban vigentes.

La firma entonces contrató a la empresa de lobby Imaginacción -del PS Enrique Correa- para evitar que ocurriera algo inesperado que hiciera fracasar el negocio.

El encargado del primer acercamiento -a principios de 2014- fue Moisés Valenzuela, quien conocía muy bien a Mulet cuando ambos militaban en la DC.

Valenzuela, ligado a los exfalangistas Soledad Alvear y Gutenberg Martínez, se reunió con Bosselein y Briones, desatándose una larga negociación judicial, en medio de la cual Candelaria fue vendida a los canadienses por más de 1.800 millones de dólares.

El encuentro, solo era el principio. y tendría un final feliz, porque en julio de 2015 la CEA atacameña aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Candelaria, por lo que el camino para una negociación ya no tenía impedimento alguno.

Acuerdo

El 3 de septiembre de 2015 los participantes de esta historia estaban contentos. Ese día, previa conformidad del Concejo Municipal de Tierra Amarilla, se firmó un millonario acuerdo por el cual esta última recibiría 7 millones de dólares que saldrían de las arcas de Candelaria, pese a que no había demanda alguna en su contra.

Formalizada la transacción, la cuprífera emitió dos vale vista, los que cobrarían Bosselin y Briones como honorarios, pese a ser patrocinantes de la comuna, o sea, de la parte contraria. Sumados, el monto llegaba a los 4 millones de dólares o en otras palabras más del 50% de lo recibido por Tierra Amarilla.

Sin embargo, para que Bosselin y Briones pudieran hacerse del dinero, debía cumplirse una condición: la autorización para que la cuprífera pudiera funcionar hasta 2030, debía ser confirmada por el comité de ministros. A la cabeza de este último estaba -valga la redundancia- el ministro Pablo Badenier, también de la DC.

Como fuera, el septiembre de 2016 Candelaria sacó cuentas alegres porque la instancia dio luz verde a la presentación, por lo que Bosselin y Briones ya podían ir a la notaría, retirar los vale vista y depositarlos en la cuenta del estudio jurídico.

Sin embargo, en la Municipalidad de Tierra Amarilla, varios concejales se opusieron a los honorarios de Bosselin y Briones, aduciendo que nunca habían tenido conocimiento del tema, por lo que el entonces alcalde Osvaldo Delgado interpuso una medida prejudicial. Con la presentación, en lo formal, los profesionales no podían retirar la plata.

Para recuperar el dinero, dijo en su confesión ante el Ministerio Público atacameño, viajó a Santiago y sostuvo una reunión con Mulet, en las oficinas de Bosselin y Briones, ubicadas en Sótero del Río.

“Fue en ese momento que Briones, un hombre alto, moreno, me dijo que para qué peleábamos, que todos podíamos ganar dinero. También estaba Jaime Mulet, quien en un momento me llevó a un rincón y me ofreció (…) 400 millones de pesos para que retirara la acción judicial para retener el pago. Después, en la misma reunión, Bosselin, un viejito parecido a Stephen Hawking, me ofreció 600 millones (…) Yo quedé impactado con todo lo que pasaba (…)”, dijo Delgado en su testimonio.

Y agregó: “Todo este acuerdo lo manejaron Mulet (…) con Briones y Bosselin. Ahora estoy convencido que todos ellos (…) se coludieron para obtener dinero de la minera a cualquier costo (…) Es injusto que los abogados de la municipalidad obtengan más que su cliente (…) eso demuestra que ellos protegieron sus intereses antes que los de la Municipalidad de Tierra Amarilla y me utilizaron para lograrlo. Yo no recibí un solo peso por ese acuerdo”.

Ambos profesionales enfrentan hoy el accionar del CDE, que señala en su presentación: “Los querellados efectuaron diversas conductas destinadas a forzar una negociación con la minera, y ésta, a sabiendas del daño ambiental ocasionado y que las acciones ejercidas por el municipio podrían obstaculizar su proyecto de continuidad de explotación minera hasta 2030, negociaron una “transacción” que significó el pago indebido de dinero al municipio (…)”.