Por casi una hora, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se conectó a través de un live en el Instagram del Ministerio Público para abordar los desafíos de la entidad en su 21º aniversario. En la ocasión, aludió la polémica respecto a la entrega del bono de clase media, luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII) señalara que más de 430 mil personas percibieron el monto entregado por el Estado sin cumplir los requisitos, de ellos, 37.100 eran funcionarios públicos.

A raíz de esto, el Ministerio Público tomó la decisión de abrir una investigación penal por lo ocurrido y Abbott ofició al director del SII, Fernando Barraza, para que entregue el listado completo de las personas que incurrieron en las infracciones. En esa oportunidad, el persecutor dijo que la indagatoria podría ser por los eventuales delitos de fraude de subvenciones, perjurio, entre otros ilícitos.

Abbott señaló este viernes que según datos que han recabado, “se nos han entregado algunos y dicen relación con funcionarios de la propia Fiscalía”, y que habría situaciones en que las personas, a través de engaño, habrían obtenido este bono.

“Aquí nos vamos a encontrar con situaciones en las que hubo errores, situaciones en que simplemente no hubo dolo. Pero también nos vamos a encontrar con situaciones que son particularmente graves”, agregó.

Respecto a las sanciones, el persecutor sostuvo que “seguramente van a tener un tratamiento diferente las personas que devuelvan ese monto a quienes no la devuelvan. Quienes no la devuelvan probablemente tengan un reproche penal intenso y los que la devuelvan tengan una situación diferente dependiendo de quién es la persona que solicitó este beneficio.

Advirtió que si un funcionario público de alto nivel solicitó el monto de ayuda del Estado, “creo que el reproche debe ser muy intenso”, a diferencia de lo que ocurriría con un auxiliar o administrativo.

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