Según se supo este viernes, el bono de clase media fue obtenido por muchas personas —casi medio millón— que no contaban con los requisitos para ello.

El caso al parecer más flagrante es el de los empleados públicos. Los empleados públicos han tenido asegurada su renta todo este período y lo más probable es que hayan sabido que su ingreso mensual no había disminuido. Así y todo un buen número de ellos —nada menos que 37.100 funcionarios estatales— decidió solicitar el subsidio.

¿Qué pudo ocurrir para que ellos y cientos de otros miles decidieran solicitarlo a sabiendas de que no lo merecían?

Dos tipos de explicaciones pueden, en términos generales, esgrimirse. A una de ellas se la puede llamar buenista; a la otra realista.

La explicación buenista (inspirada en la convicción de que la bondad está del lado de la gente y la maldad inevitablemente del gobierno) sugiere que no ha habido en ningún caso mala fe o el propósito de engañar a la administración estatal, ni una conducta oportunista, sino errores de diseño en los formularios y una información confusa a la hora de publicitarlo. Los culpables, conforme a esta explicación, no serían quienes solicitaron el bono a pesar de que sus ingresos no habían disminuido, sino el Gobierno, que de manera torpe los habría inducido a error.

La explicación realista (inspirada en la creencia de que las personas si se les da la oportunidad actúan en base a su propio interés) sugiere, en cambio, que lo que aquí ha ocurrido era predecible, porque al asignarse un beneficio sobre la base de una asimetría de información entre quien decía merecerlo y quien debía conferirlo se configura un obvio riesgo moral. Como las personas tienen tendencia a velar por sí mismas, naturalmente aprovecharán la oportunidad de recibir un beneficio si él se confiere sobre la base de una mera declaración. Y ello especialmente en una situación de incertidumbre futura. Lo que habría ocurrido entonces a ese casi medio millón de personas (casi, porque entre ellas ha de haber muchas que lo solicitaron de buena fe) es que actuaron de la forma en que según Santo Tomás (que no era neoliberal) suele hacerlo la gente con un bien que estiman común: tomando el beneficio que provee y esperando que el costo recaiga sobre otro.

Lo interesante de este fenómeno —un verdadero e involuntario experimento social— es que pone a prueba algunos de los lugares comunes que suelen esgrimirse por esa nueva caricatura de la justicia social a la que en los textos especializados se da el nombre de populismo.

El populismo (una ideología de digestión fácil que puede ser de izquierda o de derecha) reduce la complejidad de los problemas sociales a un conflicto entre una élite abusadora y dominante y un pueblo virtuoso y sojuzgado por ella.

En conformidad a esa idea recibida (Flaubert llamaba así a los lugares comunes), la mayor parte de las personas es solidaria, añora una vida más compartida, atiende al interés ajeno o al de todos, hace asco al consumismo y evita la explotación de los demás. Esos anhelos de la gente de a pie, continúa el lugar común, pugnan hoy por expresarse y se rebelan contra un tipo de sociedad que estimula el autointerés, la competencia, el consumo, el endeudamiento y que enseña que el bienestar propio se erige sacando un trozo al bienestar ajeno.

Desgraciadamente, este verdadero experimento cuyos pormenores se revelaron el viernes parece indicar que la realidad es distinta a esa imagen casi evangélica, al menos para una muestra de casi medio millón de personas pertenecientes a los grupos medios.

No cabe duda de que si a esas personas se les pregunta si creen en la solidaridad y en la importancia de atender al interés ajeno, responderán que sí; pero su conducta muestra que a la hora de comportarse, de pedir subsidios, decidir adónde van las cotizaciones, consumir y disputar las ofertas del mall, se apartan de esa regla pastoril. Y esto no es raro y solo alguien ingenuo, un buenista de estos tiempos, podría haber pensado otra cosa. Una de las más viejas enseñanzas de Marx es que no hay que juzgar ni a una época ni a una persona por lo que ella piensa de sí misma; hay que mirar, aconsejó, la práctica y sus contradicciones.

Es fácil, desde luego, ponerse a moralizar acerca de esos miles de personas que intentaron timar al fisco haciéndose de un subsidio que no les correspondía, y decir (como lo hará el buenista decidido a salvar sus lugares comunes) que han traicionado la probidad que es propia del pueblo, obrando de una forma insolidaria e irresponsable, indigna de un pueblo que en su gran mayoría es solidario y preocupado del interés ajeno, etcétera.

Pero en vez de moralizar esa conducta (ya la justicia hará algo más preciso, que es verificar si cometieron delito), sería mejor que quienes se han dedicado a propagar esa imagen idílica y noble que acaba de ser desmentida por los porfiados hechos dediquen algunas páginas a explicar cómo algo así pudo haber ocurrido y por qué de pronto la gente decidió comportarse como individuos autointeresados e insolidarios, seres expulsados del jardín del Edén que no parecen querer volver a él.

/Escrito por Carlos Peña para El Mercurio