Más de cinco millones de venezolanos han emigrado forzosamente de su país escapando de la crisis política y ecónomica desde el año 2014. La gran mayoría se asentó en países vecinos como Colombia, Ecuador y Perú con el objetivo de encontrar una mejor calidad de vida, alejados de la hiperinflación, la escasez de comida y medicamentos, la crisis de la gasolina y de los servicios básicos. Pero la pandemia y el impacto económico que ha dejado en la región ha causado el retorno voluntario de al menos 130.000 personas, según un informe publicado ayer por la ONG Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins.

Lo verdaderamente grave que describe este informe son las condiciones de insalubridad a las que son sometidos los venezolanos cuando regresan a su país. Las autoridades obligan a los retornados a guardar 14 días de cuarentena en centros de salud con condiciones insalubres y hacinados, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica. «A muchos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la OMS, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de Covid-19 y a un protocolo de tests innecesariamente complejo», denuncian ambas instituciones.

Se les exige permanecer en centros de cuarentena conocidos como Puntos de Atención Social Integral o PASI en condiciones deplorables por la falta de agua y electricidad y las habitaciones están abarrotadas de personas. Por lo general están ubicados en los estados fronterizos como Táchira, Apure, Zulia y Bolívar. El resto se encuentran en Caracas, Aragua, Falcón, Guárico y Vargas.

Los testimonios, que ayudaron a elaborar el informe respaldan la teoría de Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins de que es probable que los retornados contribuyan a expandir el virus en Venezuela. «El hacinamiento hace que el distanciamiento social resulte imposible y se agrave el riesgo de transmisión del coronavirus», señalaron. En palabras del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco: «Los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de Covid-19 en ambos lados de la frontera».

La situación no es diferente del otro lado de la frontera. En Colombia, hay decenas de miles de venezolanos que aguardan autorización para poder cruzar hacia Venezuela por la decisión del Gobierno de limitar la entrada diaria de sus nacionales. Desde el pasado 8 de junio, la frontera venezolana solo abre los días lunes, miércoles y viernes y permite la entrada máxima de 300 personas por los cruces oficiales. Los que no lo consiguen se arriesgan a cruzar por las llamadas «trochas» (pasos ilegales) que, además de ser peligrosas por la presencia de grupos guerrilleros, les exponen a ser detenidos por las autoridades venezolanas.

Caracas ha confirmado 79.117 casos de Covid y 658 muertos. Cifras muy por debajo de las de sus vecinos: Colombia a punto de llegar al millón (911.000), Brasil 5,1 millones de contagios, Ecuador 144.000 y Perú 849.000.

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