Ser miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas implica «ser responsable de promover el respeto universal por la proteccIón de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa». Este es el principio fundacional contemplado en la resolución 60/251, del 15 de marzo de 2006, sobre el que fue creado el Consejo de Derechos Humanos, que actualmente está conformado por 47 países (ocho de ellos de América Latina y Caribe). Sin embargo, está premisa está muy lejos de ser cumplida por algunos de los Estados miembros, como es el caso de Venezuela, que ingresó el pasado año en CDH. Hace tan solo unas semanas, un informe realizado por una misión de la ONU acusaba al régimen de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.

Dentro de unas horas se volverá a sumar a este club de supuestos vigilantes de los derechos humanos otro país muy cuestionado, Cuba. Lo hará tras la votación (directa y secreta), a la que se presentan 15 países para las distintas regiones, que previsiblemente dará luz verde a su reincorporación, pues obtendrá los votos necesarios ante la falta de competencia. Parece irrelevante si los Estados que voten este martes lo hacen en coherencia con lo que dispone la resolución 60/251, que señala que al elegir a sus miembros se deberá tomar en cuenta «la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto». Una vez elegidos, los Estados deberán además aplicar las normas «más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estarán sujetos al mecanismo de examen periódico universal durante el período en que sean miembros», según dicta la misma resolución. Papel mojado para algunos Estados.

El reingreso de Cuba, que ha sido miembro del CDH durante cuatro periodos (de tres años cada uno) desde su fundación, ha suscitado durante los últimos meses y semanas un clamoroso rechazo por parte de organizaciones cubanas disidentes y organismos internacionales defensores de los derechos humanos, así como líderes políticos y sociales, que han calificado de «vergonzoso» e «inconcebible» que Cuba vuelva a engrosar la lista de países miembros durante el periodo 2021-2023.

Criminalización de los derechos

El pasado mes de septiembre, numerosas personalidades de América Latina, entre ellas, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla; el exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez; y varios ministros se adscribían a una declaración realizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), una fundación sin ánimo de lucro argentina. En el texto, mostraban su rechazo a la nueva candidatura de Cuba «porque no es representativa de las aspiraciones democráticas y el compromiso internacional con los derechos humanos de la región», explicó CADAL a través de un comunicado.

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