Una y otra vez se repite lo mismo. Un incidente se convierte en la mecha para prenderle fuego a la pradera y que arda como pasto seco, con nefastas consecuencias para mantener el orden público y, consecuentemente, la democracia. Sin lo primero no hay segundo.

Esta vez fue el incidente en el Puente Pío Nono el viernes 2 de este mes. El adolescente de Bajos de Mena, que cursa 8º básico a sus 16 años, iba arrancando por el puente luego de tirar piedras a carabineros y pegar con un palo a un carro judicial, como acredita Carabineros. En su mochila llevaba una máscara antigas y un pasamontañas.

Al otro lado, un carabinero de los cerros de Valparaíso, de 22 años, recibió la orden de arremeter contra los manifestantes que se negaban a dejar de hacer destrozos y a abandonar Plaza Baquedano, a pesar que ya se habían usado las herramientas de solicitárselo, usar el carro lanza aguas y los gases. Se estaba ensayando un nuevo protocolo, como reconoció el ministro del Interior, Víctor Pérez, denominado de infantería. Es decir, obligaba a la policía a renunciar al uso de escopetas antidisturbios y a usar sus propios cuerpos para intimidar y restablecer el orden público. Estaban ensayando una manera más inocua de aplicar la fuerza para detener la violencia, sin generar los riesgos de la coerción, como un chorro de agua que hace caer mal, un balín de goma que llega al ojo, golpes críticos, etc. O sea, se buscó, atajar la violencia sin fuerza o con el solo cuerpo de los funcionarios.

Pero el peso corporal y correr también produce fuerza, según las reglas de la física, y en el puente estaban corriendo los dos jóvenes el viernes 2. El adolescente arrancaba y cuando se le dio la orden al escuadrón de arremeter contra los protestantes violentos, el policía porteño corrió en diagonal hacia el manifestante que, producto del choque, pierde el equilibrio y cae al lecho del río Mapocho por encima de la baranda de protección. Esta fue la versión inmediata de otros dos compañeros del escuadrón y también la posterior del reporte de la PDI, a quien se pidió investigar los hechos. Este último concluye: “lo intercepta y producto de esta acción, el afectado cae a la ribera del río a una altura de 7,4 metros”.

Y la situación explotó como polvorín en los medios y las redes sociales. El joven carabinero fue detenido de inmediato y puesto en prisión preventiva, hasta ahora. Según la página de Gobierno Transparente, tiene un sueldo imponible de 258 mil pesos que sube a 668 mil con rancho y movilización, turnos de 8 horas rotativos que se repiten si la situación lo amerita. Sus jornadas no tienen límite de horas, no tiene feriados irrenunciables ni bonos de gestión como reciben casi todos los funcionarios públicos.

La fiscal a cargo Ximena Chong fue eficiente: el domingo lo formalizaba por el delito de homicidio frustrado, asegurando antes que el imputado “toma por las extremidades a un menor agarrándolo de sus pies, lanzándolo por la baranda, resultando con múltiples fracturas”. Y rauda, la persecutora abre una segunda arista, por obstrucción a la justicia, por versiones iniciales contradictorias de la institución, que después corrige. Todos se hacen parte, también el INDH, y la inefable Defensora de la Niñez Patricia Muñoz. La fiscal de alta complejidad, Chong, recibe una carta de amenaza y el Ministerio Público abre una investigación, ordenan protegerla y el Fiscal Nacional llama muy preocupado a La Moneda.

La oposición pide la renuncia del general director de Carabineros y advierte que si no rueda su cabeza, caerá la del ministro del Interior, contra quien presentan una acusación constitucional. Tampoco aprobarán el Presupuesto, amenazan. Beatriz Sánchez, Carmen Hertz, Maya Fernández y Carmen Frei, unidas al Frente Amplio, el PC, el PS y la DC, escriben una carta al Mercurio denunciado las miles de causas contra los derechos humanos post 18 O. El ex candidato a Presidente y periodista Alejandro Guillier acusa al actual Mandatario de ser “el responsable final” de esos atropellos.

Desde la Multigremial, en otra carta en el mismo matutino, replican cuántos más tienen que agregarse a la lista de 19 personas “acribillados a balazos o calcinados en La Araucanía y Biobío” para que los dirigentes de izquierda los incluyan entre las víctimas de los derechos humanos y condenen la violencia sin el antifaz ideológico que sólo les permite ver un tipo de víctimas. Entre las que mencionaban las dirigentas ni siquiera estaba el trabajador Pedro Cabrera, que fue baleado el sábado 2 en Collipulli.  También omitían los 4.817 funcionarios de carabineros lesionados en el último año, 126 de ellos con impactos de bala.

El fact checking de La Tercera sentencia como falsa la acusación reiterada de Beatriz Sánchez que “en cantidad de casos, hay 8.500 casos abiertos en la justicia por abusos policiales por casos de derechos humanos”. Ese es el número total de denuncias por abusos de todos los agentes o funcionarios públicos, de los cuales poco más de la mitad está abierta, precisa la Fiscalía Nacional. Incluso cuando cometen un error al aplicar la fuerza contra la violencia, en nombre de la ley para asegurar el Estado de Derecho, los acusan de dolo. Y cuando los manifestantes violentos arrementen con artefactos en su contra, para infligirle daño por estar cumpliendo con sus deberes,  son imputados por “desórdenes públicos”, como señaló la abogada del joven Zamora. El Fiscal Nacional, Jorge Abott, se molestó, incluso, porque el general Rozas se atrevió a decir en la Cámara que a casi un año, todavía no le piden declarar a las dos carabineras quemadas con una molotov.

Pero las denuncias falsas van quedando, como la misma que repitió Sánchez, que había un centro de torturas en la estación Metro Baquedano, o la desaparición de 29 personan al inicio del estallido de violencia.

Carabineros informó en la Cámara que ha instruido 1.270 procesos administrativos por cuestionamientos durante el estallido, el 90% de los cuales son autodenuncia. Como resultado, formuló cargos a 170 funcionarios, a 35 de los cuales dio de baja. No hay ninguna duda que la institución puede seguir mejorando sus procedimientos y que está al debe en muchos aspectos (el fraude, Operación Huracán, caso Catrillanca), a pesar de lo cual tiene una valoración varias veces superior a la de sus propios denunciantes. En ese sentido va la reforma para su modernización que el Presidente ha solicitado a la oposición apoyar.

Lo que no puede continuar ocurriendo es que algunos pretendan apreciar o continuar viviendo en democracia y no condenen más que la represión de la violencia por parte de las personas encomendadas por la Constitución y la ley a mantener el orden público, viendo siempre dolo en su accionar. ¿O no quieren democracia?

/escrito por Pilar Molina para El Líbero

/gap