IMPACTO CAUSÓ el reportaje donde se transparenta el manejo financiero de los recursos por parte del Partido Socialista. En principio, alguien podría argüir que se trata de transacciones cuyo propósito es rentabilizar de la mejor forma el patrimonio de dicha tienda política, poniéndose en manos de calificados intermediarios de inversiones, en el marco de las normas y leyes que regulan este tipo de operaciones. Incluso más, y especialmente después de conocer el elenco de las empresas donde estos dineros están invertidos, todavía sería posible esgrimir que la gran mayoría de los dirigentes no tenían acceso a dicha específica información. Los más audaces, incluso, querrán insinuar que en momentos donde se cuestiona a la clase política por el mal manejo de los recursos, lo sabido esta semana es un ejemplo de buena administración.

Pero, ¿por qué todas esas explicaciones resultan insuficientes, cuando no ridículas?

Primero, y parece ser en lo que todos coinciden, porque estamos en presencia de un evidente conflicto de intereses, cuando muchos destacados militantes del Partido Socialista, sea como funcionarios de gobierno, del Estado o en su calidad de legisladores, deben tomar decisiones que impactan de manera directa en el devenir de dichas empresas donde confiaron los recursos de la organización a la cual pertenecen.

Segundo, porque después de tres años donde nos hemos pasado discutiendo sobre la opacidad y poca transparencia, los conflictos de intereses y la cooptación de la política por los intereses del mercado, no basta con decir que dicha información y decisiones eran tomadas por una reducida comisión, la que no informaba al resto de los órganos del partido sobre dónde y cómo se hacían estas operaciones. ¿Con qué autoridad, entonces, podemos reprocharle a otros su grosera manera de confundir el interés público con su provecho personal?

De hecho, he aquí el punto más significativo y que no se ha enunciado con la fuerza suficiente: estamos frente a un problema profundamente ético. Nadie debería poder aprovecharse de una determinada situación que, al mismo tiempo, le merece un severo reproche moral y político. Las cuestión no estriba en la legalidad de las operaciones o si éstas fueron conocidas por más o menos personas. El punto es que resulta inaceptable que el Partido Socialista -como cualquier otra tienda política de una coalición de centroizquierda- invierta en empresas que le han causado un severo daño a nuestra democracia y respecto de las cuales tenemos la convicción de que han promovido sistemáticas prácticas para corromper a funcionarios públicos, mediante cohecho o el tráfico de influencias.

Lo que corresponde ahora es pedir disculpas de manera oficial y pública. A continuación, y porque las fórmulas de fideicomiso ciego no resuelven el dilema ético principal, es que deben transparentarse cada una de estas inversiones, generando un sistema que permita a los militantes y ciudadanos conocer dónde se invertirán dichos dineros.

/Columna de Jorge Navarrete para La Tercera

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