En medio del bullado caso Mop-Gate, el 17 de noviembre de 2002 y en pleno gobierno del Presidente Ricardo Lagos, el ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Cruz, admitió en una entrevista al diario El Mercurio que él y todos los secretarios de Estado recibían sobresueldos. Reconocía en esa entrevista que, mientras fue ministro, había recibido a través de fondos reservados dineros para gastos de representación por un total de un millón 800 mil pesos mensuales. Carlos Cruz agregaba que recibía estos montos “en un sobre con efectivo para usar en actividades propias del cargo”. Y, finalmente, al ser consultado de si todos los ministros recibían esos pagos, respondió que “tengo entendido que sí”.

Ante este público reconocimiento, el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, solicitó por oficio al director del Servicio Impuestos Internos de la época, Juan Toro Rivera, que emitiera un pronunciamiento sobre el carácter no tributable de los gastos de representación que podían asignarse a altos funcionarios de gobierno, con cargos a fondos reservados. Insulza explicaba que “el fin de estos dineros no es mejorar las remuneraciones de los ministros y subsecretarios, sino sólo permitirles cumplir con las funciones propias de sus cargos”.

En medio del caso Mop-Gate el gobierno del Presidente Ricardo Lagos enfrentaba así un nuevo cuestionamiento público: si sus ministros y subsecretarios debían o no pagar impuestos por estos dineros extra que recibían mensualmente, que en el caso de los primeros correspondía a 1 millón 800 mil pesos adicionales todos los meses. Dentro de La Moneda se creía que el informe encargado a Impuestos Internos finalmente iba a obligar que algunas autoridades -entre ellos el vocero Heraldo Muñoz y el titular de Hacienda Nicolás Eyzaguirre-, iban a tener que rectificar sus declaraciones tributarias. Según señalaban en el oficialismo, los miembros del gabinete deberían devolver al Fisco, al menos, $2.500 millones por todos los años que habían ejercido sus puestos en el gobierno del Presidente Lagos.

El dictamen que liberó a los ministros de Lagos para pagar impuestos extra

Después de 13 días de deliberaciones el ministro del interior, José Miguel Insulza, recibe el dictamen del director del Servicio de Impuestos, Juan Toro. Y, contrario a las posturas más pesimistas, el informe fue favorable para el gobierno, ya que no hablaba de sobresueldos, sino que señalaba que “los pagos extra corresponden a gastos de representación, por lo que no son imponibles”. En el dictamen del SII se detallaba que “si la autoridad destina fondos de los gastos reservados para asignaciones de altos funcionarios en carácter de gastos de representación, éstos no deben tributar”. Este “perdonazo” benefició, entre otros, a la actual Presidenta Michelle Bachelet, en su calidad de ministra de Defensa del gobierno de Ricardo Lagos.

Si bien el director del SII, Juan Toro, no militaba en ningún partido político, la oposición cuestionaba su independencia al firmar este dictamen debido a su pública cercanía con el oficialismo.

El mismo Juan Toro fue el que, luego de esta polémica resolución,  en noviembre de 2005 firmó el dictamen (N°4.335) que benefició al Partido Socialista al determinar que sus ganancias por la venta de acciones, bonos, créditos, depósitos a plazo, letras hipotecarias, no debían ser tributables, debido a que el PS debía asimilarse a un partido político y no a una empresa.

Radio Bio Bio publicó ayer el dictamen que dice que “para calificar a una entidad de empresa se requiere de la formación de un todo constituido por el capital y el trabajo, encaminado a la realización de actividades mercantiles, industriales o de prestación de servicios con fines lucrativos, propósito este último que no concurre en el caso de aquellos entes cuyo objetivo principal por su naturaleza no es perseguir un fin lucrativo, y que las eventuales rentas obtenidas se invierten íntegramente en el financiamiento de la colectividad o asociación de que se trate”.

Si luego del primer dictamen de Juan Toro, el Fisco dejó de percibir alrededor de 2 mil 500 millones por el no pago de sobresueldos del gabinete del gobierno del Presidente Lagos, tras la resolución que benefició al Partido Socialista, el Estado dejó de recibir cerca de mil 400 millones de pesos más. En total, 3 mil 900 millones de pesos.

Por Nicolás González S.

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