El Partido Socialista estaba solo en los cuestionamientos por el manejo de su multimillonario patrimonio que invirtió en el mercado financiero, pero ahora se sumó el Partido Comunista luego de que se supiera que vendió sus propiedades a una sociedad constituida hace algunos meses por dos de sus militantes.

La polémica surgió luego de que La Tercera publicara que el PC le traspasó sus 100 inmuebles a la Sociedad de Inversiones Progreso Spa, que fundaron en septiembre pasado los militantes comunistas Pablo Andrés González Araya,académico matemático de la Universidad Tecnología Metropolitana, y el ingeniero Ricardo Enrique Castro Santis.

La sociedad que adquirió los bienes le pagará al partido en 10 cuotas anuales, la primera por $600 millones, según establecieron en el contrato de compraventa que no se ha hecho público, pero respecto del cual ha informado el diputado Guillermo Teillier.

Ante las críticas, el PC tuvo que salir a explicar que la decisión de venta está “dentro de nuestras facultades, en cuanto a escoger al mejor comprador según los propósitos fijados por nosotros. Se buscaron compradores que no estuvieran involucrados en operaciones de especulación económica, ni fueran pertenecientes a ningún grupo económico nacional. Por lo anterior, no se descartó la venta a personas que tuvieran o pudieran tener cercanía con el PC, pues esta situación no los inhabilita para presentar una propuesta para la adquisición de las acciones”.

Los bienes inmobiliarios fueron adquiridos  con la indemnización que recibió el PC  por los activos confiscados durante el régimen militar, pero tuvo que desprenderse de ellos ante la nueva ley de partidos políticos, que obliga a las tiendas a usar al menos dos tercios de sus propiedades en fines propios de la actividad partidaria.

Sociedad que compró 100 propiedades tiene $5 millones de capital

Sin embargo, un nuevo antecedente que tuvo a la vista este diario es que la sociedad Progreso Spa que adquirió las propiedades en $3.500 millones tiene un capital de apenas $5 millones, repartidos en $2,5 millones para cada uno de los socios.

Los $5 millones fueron divididos en 5 mil acciones sin valor nominal, de una misma serie, suscritas y pagadas en la constitución de la sociedad, al contado y en dinero efectivo por partes iguales, en que Pablo González y Ricardo Castro recibieron 2.500 acciones cada uno.

El diputado UDI, Juan Antonio Coloma, acusó que la compraventa es un “contrato simulado” y una “sociedad de papel”, que el modus operandi es similar al que empleó el PC en la Universidad Arcis, y anunció que pedirá al Servicio Electoral que investigue la compraventa.

Abogado tributarista: “Esa operación de compraventa está fuera del mercado”

La polémica es analizada por el abogado tributarista, Carlos Boada, quien pone en duda la real voluntad de compraventa de los bienes, ya que se hace a una sociedad que no tiene historia, patrimonio ni flujos financieros previos.

Boada agrega que en la reforma tributaria se solicitó una norma general antielusiva, pedida precisamente por el Partido Comunista, para evaluar no solo la forma sino el contenido de los derechos y obligaciones de los contratos, entre ellos los de compraventa.

“Si tomamos esos principios, que todos defendieron y plasmaron en esas normas anti elusivas, y lo traemos a esta operación del PC, nos daremos cuenta que no es posible creer que ese tipo de operaciones existan en el mercado. Por lo tanto, claramente puede haber un ánimo de eludir una normativa que tiene como lógica que los partidos políticos no sean negocios inmobiliarios. La forma de burlarla sería hacer la transferencia a esa sociedad sin patrimonio ni flujos”, afirma Carlos Boada.

El profesional agrega que no hay que dejar de lado el tipo de estructura jurídica que usó el partido, que es una sociedad por acciones. “La respuesta es simple. Si hubiera sido una sociedad de personas, esta transferencia habría sido muy riesgosa para el PC. En cambio, al ser por acciones lo más probable es que las acciones estén en garantía de esta operación, y se ha transferido nominalmente las acciones de la sociedad dueña de los inmuebles, pero quien sigue siendo el dueño es el PC que enajenó”.

El abogado puntualiza que los 10 años que se establecieron para pagar las propiedades sería una “manera formal de cumplir la ley de partidos políticos pero no en el fondo de una operación de compraventa. Una sociedad que no tiene flujos, con bajo patrimonio y pocos meses de existencia no hubiera recibido crédito alguno”.

A su juicio, “el crédito otorgado por el Banco de Chile a la empresa Caval es similar al crédito, que en teoría le da el Partido Comunista a la sociedad compradora, puesto que postergar el pago del precio también es una figura de crédito”.

Por Uziel Gómez Padrón

/psg