Al igual como en el Caso Caval, un reportaje periodístico, ha provocado un cataclismo al interior de la izquierda chilena. Esta vez ha sido el PS el gran damnificado, porque ha quedado al descubierto que, durante años, ha invertido su patrimonio en diversos activos financieros. Una ley aprobada tras el retorno de la democracia indemnizó a los partidos políticos por las propiedades que les habían sido ilegalmente confiscadas durante la dictadura militar. Es preciso saber cuánto dinero recibieron cada uno de estos partidos, incluidos los de derecha y qué hicieron con esa plata. Porque los partidos políticos no pagan impuestos, es cierto, pero siempre y cuando no lucren con su condición de tal, no inviertan en actividades comerciales, porque en ese caso deben tributar como cualquier otra empresa. La ley, en ese aspecto, es clara y no da para las interpretaciones que algunos han pretendido darle. Por otro lado, sabíamos que la gente de izquierda usufructúa de la sociedad capitalista que tanto repudia, viven con los lujos que rechazan y educan a sus hijos en los mismos colegios que denigran. Pero, lo que no conocíamos era su calidad de  emprendedores, que participan del sistema económico y el mercado que lo regula, al que repudian públicamente y, lo validan privadamente, en contraposición de las regulaciones que ellos mismos –a  través de sus parlamentarios- promueven en el Congreso. El PS está inhabilitado ética y moralmente en este aspecto. Con su proceder se hicieron socios (en todo el sentido de la palabra) del vilipendiado y perseguido Ponce Leorux (yerno de Pinochet), a través de SQM, de Las Cascadas y otras empresas similares. Es probable que hayan votado  para poner gente en los directorios de esas empresas y también que, en el parlamento, hayan debido aprobar proyectos que beneficiaban los intereses de esos conglomerados. Por algo, en su momento, el Ministro Peñailillo le dio orden a Jorrat (uno de los cinco integrantes de la famosa comisión inversora) de sacar, aunque sea en camiones, todos los antecedentes que hubiera en relación al caso SQM en La Moneda y sus alrededores. Todos pensamos que era para proteger a Dávalos, pero ahora perfectamente podemos suponer que lo que se pretendía esconder debajo de las alfombras de Palacio eran también otras cosas. Esperemos que la Justicia, que está muy en deuda con el país, esta vez opere como corresponda. Que por una vez, deje de ser ciega, como lo ha hecho hasta ahora, cuando afecta a quien tenga relación con la Nueva Mayoría

Columna de Waldo Mora Longa publicada en la página editorial del diario El Mercurio de Antofagasta

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