El municipio de Santiago decidió aplicar una política de “rompe paga” en los destrozos que ocurran en los colegios municipales de la comuna. La medida fue anunciada por su alcalde, Felipe Alessandri, luego de una toma ocurrida en el Liceo 7 Teresa Prats, que si bien solo duró unas pocas horas, terminó con 64 detenidos y con daños cercanos a los tres millones de pesos.

El municipio anunció que se entablará una demanda civil de carácter patrimonial contra los apoderados de las alumnas que están identificadas por haber hecho destrozos y que, al mismo tiempo, se interpondrá una querella contra quienes resulten responsables por los daños causados. Además, se informó que a los iniciadores de la toma -que se justificó en demandas internas, como arreglo de infraestructura- se les aplicarán las sanciones establecidas en el manual de convivencia.

La determinación del alcalde Alessandri contrasta con la política seguida por la administración que le precedió, en que se tuvo una actitud muy laxa con este tipo de medidas de fuerza.

Ella evidencia también el cambio de ánimo de la ciudadanía y de los apoderados frente a los actos de ingobernabilidad en los colegios municipales. Lo que antes se miraba con simpatía por un sector importante de la población se ha vuelto un comportamiento no tolerado ante el perjuicio ocasionado a los estudiantes y establecimientos que se vieron arrastrados por ese vértigo de tomas y movilizaciones. Los malos resultados en las pruebas Simce -a que condujo ese estado de cosas- significaron la pérdida de la subvención de excelencia en varios colegios de la comuna, dañando así a la educación pública que se pretendía defender

Resalta el hecho de que otros jefes comunales de la Región Metropolitana, además del propio intendente, Claudio Orrego, se hayan mostrado a favor de la nueva política impulsada por el alcalde de Santiago. Esas autoridades han dado un respaldo explícito a la idea de que nadie puede destruir impunemente el patrimonio público ni alterar el normal funcionamiento de las instituciones educacionales con medidas de fuerza. Lo anterior no implica desconocer el derecho de los estudiantes a manifestarse, pero deslegitima las “tomas” -con sus destrozos físicos e interrupción del derecho a la educación de los alumnos-, que la mayor parte de las veces son una imposición de grupos minoritarios a toda la comunidad educacional.

/EDitorial del diario El Mercurio

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