La discusión sobre la elección de gobernadores regionales ha salido a la palestra a propósito de las diferencias en la Nueva Mayoría. El debate interno no se entiende mucho y, especialmente, no se deja interpretar como una discusión política con alcance nacional e independencia respecto de los intereses de las partes en conflicto. Ahora esas partes no son sólo los eventuales interesados en ejercer los cargos o quienes se ven amenazados por ellos (los parlamentarios de provincia), sino, y por las circunstancias de su peculiar alianza, Guillier y Goic.

Entonces, la Nueva Mayoría le viene a poner, no una segunda ni una tercera, sino una cuarta dificultad severa a la cuestión de fondo: la regionalización.

A la disputa interna entre los dos candidatos de la alianza gobernante, se suma el que el proyecto de reforma que permite la elección de gobernadores no esté acompañado de una definición clara de sus atribuciones; que se diluyan sus –virtuales– atribuciones haciéndoseles concurrir con un delegado presidencial. Entonces, suena a que la reforma, como viene siendo usual en las iniciativas de Bachelet, terminará volviéndose un engendro extraño e ineficaz.

Pero, sobre todos estos baches –cada uno de los cuales puede acabar sepultando la legítima pretensión de las regiones de contar con autoridades dotadas de poder y representatividad reales–, un obstáculo mayor asoma en el horizonte. Ocurre que nuestras regiones, al modo en el que existen hoy, son inviables, económica, culturalmente y como entidades políticamente significativas, capaces de operar como contrapoder al centralismo santiaguino. En un proceso persistente de división, las regiones acabaron siendo quince. Su realidad y peso ha ido deviniendo nominal.

Vale decir, aun cuando se lograsen sortear las trabas impuestas por los intereses político-partidistas, se mejorase el proyecto y se perfilaran adecuadamente las facultades de los nuevos gobernadores, aun cuando, además, consiguiera eliminarse esa odiosa e improcedente figura del delegado presidencial, aun así, la reforma sería un fracaso rotundo, pues en la práctica tendríamos gobernadores sin regiones, sólo administradores de unidades territoriales impotentes.

Una regionalización en serio exige volver a mirar el mapa. La concurrencia no solamente de políticos y juristas, sino también de geógrafos e ingenieros, sociólogos y antropólogos, economistas y politólogos, escritores y militares, es decir, de quienes pueden llegar a saber de las peculiaridades y capacidades del pueblo y el territorio. A partir de un trabajo conjunto de todos ellos quedaríamos recién en condiciones de volver lo que ha sido fruto de decisiones estratégicas de contextos pasados (la regionalización de Pinochet) y de disputas menores entre capitales de provincia, en una propuesta de trazados de líneas en el mapa, que permitiese dibujar pocas regiones grandes, viables, con capacidad de hacerle un peso significativo a la hacinada capital nacional.

Lo que está en juego es grave, de la primera importancia. Una regionalización real, con regiones grandes y capaces de articular una vida económica, cultural y social vigorosa, con gobernadores dotados de competencias administrativas, pero también políticas, no sólo permitiría que los conflictos zonales hallaran soluciones pertinentes y dejasen de sufrir el abandono inveterado en el que se encuentran. Además, las regiones aumentarían su capacidad de atraer cuadros humanos calificados, de distribuir eficazmente el poder político, lo mismo que de esparcir, con mayor eficacia, al pueblo por su tierra, atenuando la segregación, la polución y la prisa según las cuales se vive en Santiago. Del tipo de emplazamiento territorial en el que se habite, si cercano a la naturaleza y espaciado o preponderantemente artificial y hacinado, si considerado con la estética del entorno o construido según los constreñimientos de la gran urbe, depende, en parte significativa, la felicidad de las gentes.

/Columna de Hugo Herrera para La Tercera

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