En su última cuenta pública ante el Congreso, la Presidenta Michelle Bachelet defendió su programa de gratuidad en la educación superior, y dijo que “no es una ficción ni de un puñado de personas”, sino que ha beneficiado a 257 mil jóvenes “con nombre y apellido, con historias de esfuerzo y esperanza”.

La Mandataria emplazó a quienes “dudaban de la verdad y el alcance de la gratuidad”, ya que es una “realidad que avanza a paso firme”. Asimismo, afirmó que la cobertura llegará al 60% de los alumnos más vulnerables al término de su gobierno.

Esa medida ha sido cuestionada por diversos rectores que adscribieron al beneficio, como el de la Diego Portales, Carlos Peña, aduciendo un millonario perjuicio económico.

A este debate entra el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, quien fue ministro de Economía durante el primer gobierno de Bachelet.

– ¿Qué le parecen las declaraciones de la Mandataria sobre la gratuidad?

– Desde nuestra mirada, este anuncio reitera la forma errática en que el gobierno aborda el financiamiento de la educación superior, siendo parte de eso la política de gratuidad. Vemos con preocupación que, no habiéndose aprobado aún la reforma a la educación superior, se volverá a definir este mecanismo en una glosa de la Ley de Presupuesto.

– ¿Qué pasará con las universidades si se repite el financiamiento vía Ley de Presupuesto?

– Si se repite la fórmula de la glosa, lo que pasará es que las instituciones que tienen gratuidad profundizarán su déficit. Por lo tanto, se plantea un tema que se hace a costa de sacrificar la calidad de las instituciones. No es posible mantener niveles de calidad con menos plata, para que quede claro en buen chileno. Una vez más constatamos que la implementación de las políticas educacionales se hace a partir de definiciones voluntaristas, sin considerar otras opciones ni otros puntos de vista.

– ¿El proyecto de ley del gobierno que institucionaliza la gratuidad es un buen proyecto?

– Hay que separar cuál es la mejor política de financiamiento para la educación superior y, dentro de eso, cuál es la mejor política de financiamiento para los estudiantes. Desde esa perspectiva, el tema de que no se pague durante el período de estudio es un buen criterio para todo aquel que no pueda pagar. Pero eso no significa que eso sea completamente gratis. Es perfectamente posible que exista algún elemento de copago. No hay dogma de fe que el complemento de los aranceles deba ser hecho por los estudiantes o su familia, que sea algo malo, ya que se menciona como si fuera hacerle rezos a Satanás. El concepto de crédito parece que es maléfico.

– ¿Cuál sería el mecanismo de financiamiento ideal?

– Creo que una combinación de arancel diferenciado, con un crédito tipo fondo solidario es lo más adecuado para financiar a los estudiantes. Y habrá un segmento que no pague y tendrá una educación gratuita. La gratuidad, tal como está definida hoy, debiera llegar hasta el 50%, y que los aranceles que se fijen representen los costos y no que impliquen limitación de recursos para las universidades, porque eso significa operar con menor calidad

– ¿Le parece un buen mecanismo la fijación de precios?

– Insisto en el concepto de arancel diferenciado y en una combinación de subsidios, créditos y becas con copago. Por definición, es inherente a la gratuidad la fijación de un monto. Pero creo que el tema de fijación de aranceles no es lo más complejo, sino cuando se hace por debajo de los costos y se incurre en contradicciones.

– ¿Qué contradicciones?

– Se dice que los estudiantes están teniendo subsidios cruzados respecto de la investigación. A las universidades se les exige investigación como parte de la acreditación, pero de dónde saldrá el financiamiento si los aranceles están bajo el costo. Por lo tanto, tiene que haber consistencia en las políticas. La forma concreta de cómo se fijan los aranceles de gratuidad, con la exigencia de hacer investigación no caminan, no van de la mano.

/Entrevista de Uziel Gómez para El Líbero

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