A través de mensajes a sus celulares, varios funcionarios de la Superintendencia de Salud fueron avisados ayer en la mañana que no podrían ingresar a sus oficinas. Esto, porque el fin de semana la institución, ubicada en Alameda 1449 -en el mismo edificio en que operan el Ministerio de Energía, el de Economía y la Superintendencia de Pensiones-, fue escenario de un robo.

Durante el sábado en la noche, antisociales habrían ingresado al piso 6 de la repartición, donde se encuentran la oficina del superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic; el gabinete, el departamento de Comunicaciones y el de Auditoría y el área de estudios. Además, allí se ubican los despachos de algunos fiscalizadores de la Intendencia de Prestadores, que habrían sido víctimas del robo. Los delincuentes sustrajeron unos cinco o seis computadores, entre ellos notebooks de funcionarios de la Superintendencia de Salud, además de algunos otros aparatos electrónicos de uso personal.

Sin embargo, no robaron a ninguna de las autoridades de la institución.

Durante el día de ayer, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros hizo las pericias pertinentes del caso para determinar la identidad de los responsables del robo.

Según trascendió, los antisociales habrían escalado por los andamios de la torre Entel, aledaña al edificio de Alameda 1449, llegando a una terraza, para luego romper un pequeño ventanal que les permitió entrar a la superintendencia.

A través de un comunicado, el Departamento de Administración y Finanzas de la entidad informó el incidente, que calificó como “acotado a oficinas aledañas al lugar de ingreso de los sustractores”. En esa declaración, añadieron que “el organismo fiscalizador se encuentra colaborando con todas aquellas instituciones que permitan esclarecer el hecho”.

Cuestionamientos por rol en caso Masvida

Si bien gran parte de la mañana en la superintendencia estuvieron concentrados en dilucidar lo que sucedió el fin de semana, la agenda de Pavlovic siguió marcada por el caso Masvida.

Los últimos días, el regulador ha recibido duros cuestionamientos por parte de las clínicas, que aseguran que no ha cumplido su rol como fiscalizador en este caso. Ayer en la tarde se habría reunido con representantes de la Red de Salud UC Christus, grupo que pidió un pronunciamiento de la Contraloría por el papel que ha jugado el regulador con la ex isapre, solicitando que este anule los oficios que permitieron, entre mayo de 2016 y enero de este año, seis liberaciones de recursos en garantía a Masvida por un total de $87 mil millones.

Cercanos al proceso afirmaron que hoy la garantía -recursos en custodia que debieran ser equivalentes al 100% de la deuda con prestadores y afiliados- no alcanzaría para pagar los compromisos.

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