El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha liderado una campaña de austeridad  para intentar reducir los gastos en el Estado ante la aguda desaceleración económica que afecta al país por cuatro años seguidos.

Ello ha llevado a que el presupuesto público de la Nación apenas subiera en 3,7% el año pasado, como una manera de contener el multimillonario déficit fiscal que fue de -2,8% del PIB, el más alto desde 2009.

Sin embargo, una institución que parece estar alejada de los recortes monetarios por los que atraviesa el país es el Instituto de Derechos Humanos (INDH), que durante este gobierno ha triplicado su presupuesto, y  ha incrementado la contratación de funcionarios a más del doble.

El millonario gasto del INDH

Al contrario del ajuste de cinturón fiscal, el INDH triplicó sus ingresos en apenas tres años, ya que pasó de los $2.226 millones que le asignó el presupuesto público en 2014, a los $6.658 millones de este año.

El presupuesto de 2014 fue diseñado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, pero en el primer año que Bachelet asignó el erario público, en 2015, casi le duplicó los recursos, alcanzando los $4 mil millones, y los subió nuevamente en 37% a $5 mil 554 millones en 2016, y en 20% este año, totalizando $6.658 millones.

Dicha inyección de recursos se utilizó, básicamente, para contratar más empleados, ya que si en febrero de 2014 -un mes antes de asumir Bachelet-, trabajaban 62 personas, esa cifra más que se duplicó, llegando actualmente a 151 funcionarios. De ellos, el 81% está contratado de manera indefinida y el resto trabaja a honorarios. Sólo durante este gobierno se han contratado 95 nuevos empleados, quienes tienen como sueldo promedio $2 millones.

De hecho, el gasto en personal de este año será de $4.382 millones, cifra que duplica todos los recursos que tenía la institución en 2014. El 65% del presupuesto se destina al pago de sueldos;  el 27% ($1.798 millones) a gastos en bienes y servicios de consumo, y el resto va a transferencias corrientes.

En términos presupuestarios, el INDH es financiado por recursos fiscales provenientes de la partida 50 correspondiente al Tesoro Público, a través del programa de operaciones complementarias.

El organismo comenzó sus funciones en 2009 durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y se creó en la ley 20.405 como corporación autónoma de derecho público, con la misión de promover y proteger los derechos humanos.

Desde su fundación y, hasta el año pasado, la directora fue la socialista Lorena Fries, quien estuvo envuelta en diversas polémicas (ver subtítulo más abajo), y renunció para asumir como subsecretaria de Derechos Humanos, otra entidad estatal creada por Bachelet.

La nueva Subsecretaría de DDHH

A esos millonarios gastos se suman otros $3 mil millones que fueron asignados a la Subsecretaría de Derechos Humanos, institución que comenzó a operar en septiembre de 2016.

El gasto en personal, en cambio, es de $810 millones, lo que equivale al 27% del total de recursos. La mayoría de los fondos se destinan al programa de derechos humanos ($1.691 millones), que se creó en 1997 para darle continuidad a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación vigente hasta 1996.

La nueva Subsecretaría tiene como función prestar asistencia legal y social a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que han sido calificados como víctimas de violación a los derechos humanos.

Los gastos en derechos humanos: US$388 millones

Cada año, el estado gasta $264 mil millones (US$388 millones) en diversos programas y ayudas a víctimas de derechos humanos.

Además de los gastos mencionados anteriormente, como el INDH y la Subsecretaría, se suman $1.690 millones para el Museo de la Memoria, $4.566 millones en becas de educación, $6.116 millones en programas de atención gratuita en salud, $175 mil millones en pensiones para exonerados políticos y otros $70 mil millones en pensiones de reparación para las personas incluidas en los informes Retting y Valech.

El polémico perfil de Lorena Fries

Lorena Fries es suiza nacionalizada chilena, estudió derecho en la Universidad de Chile, militó en la Izquierda Cristiana y actualmente lo hace en el Partido Socialista, el mismo de la Mandataria.

El año pasado, la UDI pidió a la comisión de DDHH de la Cámara de Diputados condenar la labor de la entonces directora por su “torcida” gestión. “Abraza una agenda que se aparta de la defensa efectiva de los derechos humanos y, frente a ello, creemos necesario su reproche en el ejercicio de tan alto cargo toda vez que ha ejecutado una labor que no ha sido técnica sino, más bien, envuelta en una trama política promovida por ciertos y determinados grupos de presión”, señalaron en ese entonces.

“La directora del INDH ha manifestado que no existe terrorismo en la Araucanía. En este sentido, tampoco es partidaria de la aplicación de la Ley Antiterrorista, lo dijo categóricamente en 2014 en el contexto del juicio en contra de Celestino Córdova, único condenado por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, y más aún, teniendo presente que el mismo Tribunal que lo condenó sostuvo que hubo una conducta terrorista”, denunciaron los diputados.

Con su nombramiento en la subsecretaría, las críticas volvieron a arreciar. El senador Hernán Larraín dijo que era una “señal equívoca” del gobierno, y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, hubiese preferido “a alguien que hubiese buscado más aunar que dividir”.

La controversia que generó su nominación contrasta con la unanimidad que generó en su momento la designación de otras figuras en entidades de DDHH en el país, como el ex senador Raúl Rettig o monseñor Sergio Valech, a cargo de las comisiones que se conocen hoy por sus apellidos, y el abogado José Zalaquett, quien fue miembro de la comisión nacional de verdad y reconciliación y de una mesa de diálogo que promovió el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El inserto de Carabineros contra el “hostigamiento” de Fries

En mayo de 2016, casi 400 personas publicaron una carta pública en El Mercurio para denunciar el “hostigamiento” hacia Carabineros por parte de la entonces directora del INDH.

“Rechazamos el permanente hostigamiento hacia Carabineros de Chile por parte del INDH y en especial de su directora Lorena Fries. Solicitamos que el gobierno asuma su rol y ordene la forma en que interactúan los distintos organismos del Estado, evitando que la ideología extrema de unos pocos afecte el normal desempeño de Carabineros, institución respetada y querida por todos los chilenos”, dice la carta a página completa.

La idea surgió luego de que el incendio de un edificio por encapuchados durante la cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet del año pasado provocara la muerte del guardia Eduardo Lara, y las críticas se centraran sobre los efectivos policiales.

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, afirmó que “las denuncias de las organizaciones, con denuncias infundadas, todo esto tiene que ver con el accionar de Carabineros, los limita, coarta su accionar (…) Es habitual que la culpa de todo la tengamos nosotros…”.

Por Uziel Gómez Padrón para ellibero.cl

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