Ya parece una teleserie. Con entrevistas y acusaciones cruzadas, amenazas de renuncias, informes secretos y telefonazos que a veces ayudan a calmar las aguas y otras tantas a renovar la tormenta.

Y es que la disputa que sostienen la minera estatal Codelco con la Contraloría General de la República, a propósito de dos auditorías realizadas por esta última, han remecido al mundo político.

La primera auditoría cuestionó el plan de retiro e indemnizaciones que la minera estatal entregó al ex director Augusto González, el que sumaba más de 500 millones de pesos. La segunda auditoría, que se emitió el 10 de mayo y comprende 149 páginas, cuestionó una serie de contratos suscritos por Codelco entre 2013 y 2015, debido a posibles conflictos de interés.

Sin embargo, la disputa no está dada tanto por las materias que se denuncian, como por las atribuciones de la Contraloría se estaría atribuyendo con relación a Codelco, y las normas que deberían regir las operaciones de la minera estatal.

Argumentos de la Contraloría

Al respecto, la Contraloría ha señalado que Codelco es una empresa del Estado, creada en 1976, por el Decreto Ley N° 1.350 del Ministerio de Minería y por tanto, formaría parte de los órganos de la administración del Estado, según lo dispone el artículo 1° inciso 2°, de la ley 18.575.

Al ser una empresa pública, entre los organismos con autoridad para fiscalizar los actos de Codelco se encontraría la Contraloría General de la República, según lo dispone el artículo 16 inciso 2° de la ley 10.336, que fija la organización y atribuciones de la Contraloría.

La norma señala expresamente que:

“También quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones, representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento  de  los  fines  de  esas  empresas,  sociedades  o  entidades,  la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados, y obtener la información o antecedentes necesarios para formular un Balance Nacional”

A su vez, el artículo 21 A inciso 1° de la misma ley 10.336 establece que en su labor, “La Contraloría General efectuará auditorias con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa”

Esto en cuanto a las normas de carácter general, pero, además, en el caso de Codelco, la empresa se encuentra sometida a un régimen especial de fiscalización establecido en el decreto ley 1.349 de 1976, por medio del actual, y según el artículo 11, Cochilco (Comisión chilena del Cobre) ejerce una fiscalización directa sobre la misma. El inciso 1° de dicho artículo señala:

“En el ejercicio de sus facultades, la Comisión ejercerá la fiscalización directa de las empresas del Estado productoras de cobre y de sus subproductos ….”

Ahora bien, ¿Cómo se compatibilizan las facultades de fiscalización entre la Contraloría y Cochilco sobre Codelco?

Según el artículo 12 inciso 3°, del mismo decreto ley 1.349, la Contraloría ejerce una fiscalización indirecta, sobre Codelco a través de Cochilco, “ …. En lo referente al cumplimiento de sus objetivos, la regularidad de sus operaciones, a hacer efectiva la responsabilidad de sus funcionarios y directivos, y a la obtención de los antecedentes necesarios para la confección del Balance General”.

Y según el inciso 4° del mismo artículo 12 del decreto ley 1.349, la Contraloría también puede ejercer una fiscalización directa:

“No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el Contralor General de la República podrá, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen, disponer que la Contraloría asuma transitoriamente y en plenitud, todas o algunas de sus facultades de fiscalización o de las que corresponden a la Comisión, respecto de las sociedades colectivas del Estado o la o las continuadoras legales de ellas, dando cuenta al Presidente de la República de los fundamentos de su resolución, de las medidas que adopte en su ejercicio, y de los resultados obtenidos. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que el decreto ley N° 1.141, de 1975 otorga al Presidente de la República.”

Esta fiscalización directa decretada por el propio Contralor se puede ejercer cuando concurran circunstancias excepcionales que si lo aconseje o a requerimiento del Presidente de la República.

Con tales argumentos, es que la Contraloría General de la República ha defendido su atribución de fiscalizar el funcionamiento de Codelco.

Argumentos de Codelco

Sin embargo, el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, ha señalado públicamente que la Contraloría está cuestionando el marco normativo de la minera estatl, asimilando a la empresa a un servicio público, lo cual no correspondería.

Señala que Codelco está sometido a un marco normativo especial y que las normas que se dictan para las empresas del sector público o del Estado solo le son aplicables cuando hacen mención expresa a Codelco.

Este estatuto especial de Codelco, habría sido ratificado por la ley 20.392 de 2010, sobre nuevo gobierno corporativo, la cual habría sometido a la empresa a la ley de Sociedades anónimas (lo que se aplica a sus compras y contrataciones), estableciendo responsabilidades para sus directores y ejecutivos, asimilándola a una empresa privada para esos efectos.

Agrega Landerretche que, por ejemplo, los cuestionamientos de la Contraloría en los contratos con terceros, suponen que la empresa debería hacer sus adquisiciones a través del sistema de compras públicas, cuando en realidad ellos se rigen por la ley de sociedades anónimas, por lo que en estas materias pueden actuar como cualquier otra empresa privada.

En entrevista con La Tercera, Óscar Landerretche señalo que:

“ …en el fondo Codelco debería regirse como una empresa, es decir, solo a través de las normas de sociedad anónima, eso genera que la responsabilidad de la gestión es del directorio y a los que nos tienen que responsabilizar cuando hay una mala gestión o buena gestión es al directorio. Si vamos a tener otro marco normativo en donde rigen los controles públicos, bueno, entonces no es necesario el directorio. Hay una discrepancia en el modelo de gestión, y el mejor modelo para Codelco es de empresa, como son las grandes mineras internacionales”.

Para Óscar Landerretche, la Contraloría está entrando a evaluar el mérito financiero, económico y minero de las decisiones de Codelco, lo cual está fuera de sus atribuciones. Sin embargo, ha reconocido que las leyes sobre gobiernos corporativos de Codelco se deben perfeccionar.

Las aguas están lejos de calmarse, pues en Codelco ya mandaron a hacer seis informes en derecho que vendrían a respaldar el actuar de la compañía, y por su parte, la Contraloría General de la República envió los antecedentes de la empresa estatal al Ministerio Público, el que en cualquier momento podría llamar a declarar a Landerretche.

Por último, la Cámara de Diputados también entró al ruedo. Se espera la votación para constituir una comisión investigadora, y la presentación de una querella por parte de diputados de Chile Vamos.

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