Con la toma del Liceo 7, Teresa Prats, de Santiago, parece iniciarse una nueva temporada de tomas de colegios por parte de sus estudiantes. Esta vez, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, como sostenedor de ese liceo y de varios otros, dio a conocer su política del “rompe, paga”, que implica que la municipalidad presentará querellas en contra de quienes resulten responsables y, además, demandas civiles contra los padres de los muchachos que han participado en la toma y destrucción. Ante su continuación, esta vez con el Liceo Confederación Suiza y el Instituto Nacional, el alcalde ha resuelto proceder a aplicar su política, que puede acarrear duras penas para los responsables, además de las obligaciones financieras correspondientes a los apoderados. La primera de estas demandas se ha hecho en contra de los padres de los dirigentes estudiantiles que convocaron a la acción ilícita -según dictamen de la Corte Suprema- de “usurpación de propiedad”.

Si tales medidas resultaban impensables hace seis o más años, las consecuencias que han traído las ocupaciones de los colegios, con la consiguiente suspensión de actividades académicas, parece haber provocado un vuelco en la opinión pública. El Liceo Confederación Suiza recuperó solo el 47 por ciento de las clases y el Instituto Nacional y otros, como el Internado Barros Arana o el Liceo de Aplicación, apenas cubrieron las dos terceras partes de los días perdidos. El efecto sobre las pruebas nacionales fue evidente y el Instituto, junto a otros como el Liceo Lastarria, perdió su subvención de excelencia debido a sus mediocres resultados. Hoy parece ir surgiendo un criterio unánime que condena las tomas de colegios, en especial si se considera que no existen motivos para ello, como no ser el deseo de los jóvenes líderes de consolidarse como tales.

El intendente de Santiago, Claudio Orrego, junto a otros ediles, se ha manifestado a favor de la idea del alcalde de Santiago, agregando que no existe el derecho a la destrucción de lo que les pertenece a todos. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, también ha señalado que le parece “válido” que no queden impunes los destrozos. “Una cosa es tomarse un colegio y otra deshacerlo”, dijo. Luego de reunirse largamente con los estudiantes, afirmó que no entendió bien la razón de la toma. Sin causa aparente, pues, los jóvenes han procedido a tomarse los establecimientos y a provocar gran destrucción de sus instalaciones, lo que resulta evidentemente contradictorio con la única razón clara que han dado algunos de ellos: la mala calidad de la infraestructura escolar. En lugar de contribuir a mejorarla, las tomas, con la destrucción consiguiente, solo agravan el problema.

Nadie pone en duda el derecho de los jóvenes a manifestar sus opiniones de la forma que estimen conveniente, pero para ello no es necesario suspender las actividades formativas que van en su propio beneficio. Mucho menos justificable es la destrucción que ocasionan ellos con sus violentas ocupaciones y llama la atención que ninguno de los dirigentes quiera hacerse responsable de ellas o, peor aún, que las nieguen, en circunstancias que todo el país las observa en la televisión. De esta forma, los jóvenes han contribuido a que vaya surgiendo en el país una opinión unánime en contra de las tomas y la pérdida que ellas ocasionan.

Mucho se habla en el país de la necesidad de la rendición de cuentas de quienes tienen responsabilidades públicas en la sociedad chilena. Sin embargo, los jóvenes dirigentes estudiantiles eluden su deber en aquellos asuntos que les resultan incómodos y pareciera que nadie se ha propuesto enseñarles que existe un vínculo inexorable entre nuestros actos y sus consecuencias. Un punto central de todo proceso educativo consiste en transmitir dicha relación: nuestros actos tienen consecuencias y ninguna palabra bonita podrá borrarlas jamás.

/Editorial del diario El Mercurio

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