Incomodidad ha generado al interior de la estatal Codelco el análisis de Contraloría General de la República (CGR) a los contratos firmados entre 2013 y 2015.

Esto, más que por el fondo, por la forma, ya que desde la administración que lidera Nelson Pizarro estiman que los parámetros bajo los cuales están siendo evaluados por Contraloría difieren de aquellos bajo los cuales la cuprífera se rige: la Ley de Sociedades Anónimas.

Al margen de la discrepancia -la que está en camino a ser resuelta en los tribunales de justicia-, la Contraloría está cuestionando 18 operaciones. Se trata de parte de la muestra no estadística del órgano, que representa 0,7% de los montos de los contratos firmados en dicho período, y los contratos entre partes relacionadas de la estatal.

En el análisis, hay más de una decena de transacciones entre empresas cuestionadas, ya sea por ser operaciones entre partes relacionadas o porque las asignaciones directas de las contrataciones no tienen justificación. Además, se divisan casos en que la ejecución de los contratos no se ajusta a lo establecido en los mismos.

En el listado de empresas en cuestión destacan trece vinculadas con el personal de Codelco, que manejan gran cantidad de recursos por concepto de compras de bienes y servicios bajo la modalidad de “empresa relacionada”.

Son US$504 millones los que concentran dichas compañías, siendo lideradas por la firma de capitales canadiense Finning, que tiene sobre el 50% del total. Dicha empresa, que vende maquinaria prácticamente a la totalidad de las divisiones de la estatal, tenía en 2013 dentro de sus filas al hermano del gerente del proyecto Nuevo Nivel Mina El Teniente y al conviviente de un gestor de negocios de la Gerencia de Abastecimiento.

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