En agosto del año pasado entró en vigencia la Ley 20.727, la cual señala el uso obligatorio de la factura electrónica, que prometía como principal beneficio la agilización de los procesos de pago y su tramitación. Sin embargo, hoy nada de eso se ha convertido en realidad, puesto que los atrasos en las cancelaciones a las pequeñas y medianas empresas se han incrementado con el negativo ciclo económico por el que atraviesa el país, lo que termina provocando un efecto en cadena en toda la economía local y perjudicando, principalmente, a las pymes.

De acuerdo al Ranking de Pagadores que elaboran trimestralmente la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y la Bolsa de Productos (BPC), entre enero y marzo de 2017 el plazo promedio de pago a las pymes llegó a 56 días, cifra que llama la atención y pone en alerta al gremio de los emprendedores. Por tal motivo, en la Comisión de Economía del Senado ya se está debatiendo un proyecto de ley para establecer un plazo máximo de pago de 30 a 45 días pactado entre las partes, con lo que se busca mitigar la situación.

Patricio Gana, Socio Principal de AK Contadores, señaló que “el efecto que provoca la tardanza en el pago termina siendo grave para toda la economía, esto porque cuando las pymes no tienen la liquidez necesaria, debido a que las grandes empresas no le han pagado por diversos motivos, terminan no pagándoles a su vez a sus proveedores a tiempo o terminan atrasándose con sus acreedores financieros, eso provoca que aumenten las pymes en Dicom, eso significa que a su vez les va a costar más poder obtener financiamiento”.

 

Este tema está provocando preocupación en los pequeños y medianos empresarios, ya que podría provocarles un atraso a la hora de continuar con los negocios. En este sentido, Gana agregó que “esto finalmente termina despotenciando a todas las pymes del país o a la gran mayoría, las que no tienen la solidez suficiente para poder soportar estos períodos en los cuales se ven con retrasos en los pagos que le corresponden. Por lo tanto, podemos decir que es un tema de responsabilidad social por el que el Estado debe preocuparse, considerando que otorgan el 90% de la mano de obra del país. Que las pymes no tengan dinero y que tengan problema de liquidez también es un tema que afecta a la generación de empleo, inversiones, entre otros”.

Respecto al proyecto que busca acelerar los pagos por parte de las empresas, Magdalena Ceballos, directora de Desarrollo y Membresías del hub de innovación Área 51, valoró la iniciativa, ya que “se está buscando lograr que los primeros años las pymes no paguen impuestos y poder disminuir los plazos de pago, lo que sería muy bueno para que en un comienzo puedan capitalizarse. No es lógico que una pyme tenga que financiar a una gran corporación con un pago de 120 días, deben ser plazos que no superen los 30 días para poder tener un ciclo de negocio sano y no perder sus utilidades en intereses bancarios por utilizar su línea de crédito personal o, en el peor de los casos, tener que llegar a un factoring o un crédito bancario”.

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