En un escrito de 10 páginas entregado a la Contraloría General de la República, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, reclamó contra la investigación por presuntos delitos en la construcción del fallido puente Cau Cau de Valdivia, caso que indaga, aún desformalizadamente, el fiscal José Morales.

Según Undurraga, las pericias solicitadas por el fiscal “exceden el ámbito estrictamente penal e imponen al Fisco una carga excesiva e irracional”. En concreto, cifra en $391 millones el costo de mantener el puente con sus brazos izados durante diez meses, y establece que el precio del desarme llegará a $4.630 millones.

“Catorce meses en que el erario fiscal se verá afectado por una prohibición dispuesta en el marco de una investigación penal de carácter desformalizada, afectándose también la solución para la puesta en marcha del puente”, afirma el escrito.

Desde el MOP no ven un objetivo “claro y preciso” en la indagación del Ministerio Público y creen que el persecutor estaría “ganando tiempo” en un caso que tendría “escasas luces” respecto de la efectiva comisión de delitos.

Añaden que “el gasto que obliga a realizar la Fiscalía para un peritaje solicitado por la empresa AZVI, que fue parte de los errores, es absolutamente desproporcionado para el Fisco y no tiene asidero en la legalidad del gasto. Por ende, era necesario que el MOP expresara aquello a la Contraloría”.

Consultado por “El Mercurio”, el fiscal José Morales asegura que el Ministerio Público debe investigar los delitos que llegan a su conocimiento, y que el Consejo de Defensa del Estado -interviniente en este caso en representación del Fisco- “no ha hecho presente a la Fiscalía ninguna prevención respecto del peritaje ni respecto de los alcances del mismo”.

Agregó que el costo del peritaje es asumido por la parte que lo pidió (Azvi) y que el valor del izaje es “sustancialmente menor” respecto de otros estudios del puente.

Uno de los puntos complejos de la pericia, para el MOP, es la prueba de carga sobre los tableros, pues ello reviste “peligros”.

No obstante, para el alcalde de Valdivia, Omar Sabat, la medida solicitada por el fiscal Morales “es importante, porque va a dar mayores antecedentes para la investigación. Esperamos que pueda esclarecer todos los hechos”. Respecto de las demoras acusadas por el ministro Undurraga, advirtió que “tienen que dejar trabajar al fiscal”.

El presidente de la sede de Valdivia de la Cámara Chilena de la Construcción, Marcelo Guzmán, plantea que se necesita una pronta solución de conectividad, “pero entendemos que hay un proceso judicial y creemos que es bueno que se establezcan las responsabilidades. Hemos visto con buenos ojos que la empresa constructora pueda demostrar si construyó bien o no, o si construyó fiel a los proyectos que existían”.

En tanto, desde Azvi afirmaron que es “muy relevante que se realice la prueba de carga, que es uno dentro de todos los peritajes que ha ordenado el Ministerio Público. Permitirá demostrar que los tableros fueron bien construidos y que el problema se limita al sistema de levante”.

Añaden que los peritajes “fueron solicitados por el fiscal y financiados por Azvi” y que el peritaje “ciego” será entregado por el Dictuc al Ministerio Público, “sin manipulación de las partes”.

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