Hace unos días, abogados del Partido Regionalista Independiente (PRI) presentaron una querella criminal en contra del diputado Guillermo Teillier por los eventuales delitos de contrato simulado, estafa y falsificación, entre otros ilícitos.

Además del presidente del Partido Comunista, la acción judicial también va dirigida contra José Ricardo Solé, miembro del Comité Central del partido y otros personeros, como Ricardo Enrique Castro y Pablo Andrés González.

Al respecto, cabe recordar que el PC está siendo indagado luego de que se diera a conocer que en 2016, con el objetivo de ajustarse a la nueva ley, el colectivo vendió la totalidad de las propiedades que hasta entonces rentabilizaba mediante arrendamientos, y cuyos fondos destinaba a financiar el funcionamiento normal del partido y sus campañas.

La transacción ocurrió el 3 de octubre del año pasado y se celebró entre Teillier y la Sociedad de Inversiones Progreso SpA, cuya propiedad está compuesta por un académico y antiguo militante del PC, Ricardo Castro, y un ingeniero comercial no militante, Pablo González. La empresa, creada especialmente para realizar esta compra, es representada legalmente por un integrante del Comité Central del partido y que estuvo a la cabeza del proceso de refichaje, Ricardo Solé.

La relación de los compradores con el PC generó suspicacias en algunos sectores, ante la idea de que la transacción se tratara de un contrato entre el PC y compradores “palos blancos”. De ahí que la oposición se activara en torno a que los hechos sean investigados y, tal como el PRI acudió con querella al Ministerio Público, la UDI y RN llegaron hasta el Servel para estampar una denuncia.

Eduardo Salas, abogado del PRI, explica que tanto Teillier como Solé habrían “realizado una serie de contratos simulados desde que se constituyó la Sociedad de Inversiones Progreso SpA (…) Luego las rectificaciones que se hicieron a esa sociedad …, además la firma de los contratos que estimamos simulados de cesión y venta de acciones por parte del PC a la sociedad de inversiones que se había creado recientemente”.

Eduardo Salas, al profundizar en los motivos de la querella plantea que “llama profundamente la atención que el supuesto pago de alrededor de cien propiedades, subvaloradas en aproximadamente 3.500 millones de pesos, se acuerden en pagos posteriores al contrato de venta en un plazo extendido de 10 años, comprometiéndose la primera cuota a fines del 2016, lo que además no ocurrió conforme a la rectificación que se señaló respecto del pago único de 25.234,11 UF, que se difirió en 300 días. Es muy probable que dada la demostrable insolvencia económica de los compradores el plan consistía en seguir firmando prorrogas del pago del contrato de venta”.

La demanda apunta a “los delitos de contratos simulados, previstos y sancionados en el artículo 471 número 2 del Código Penal; estafa del artículo 467 inciso final del Código Penal, falsificación de documentos públicos o auténticos, previsto y sancionado en el artículo 193 número 4 del Código Penal, en relación al artículo 194 del mismo cuerpo legal y vinculado al uso malicioso de instrumentos público falso, en conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código Penal”.

De acuerdo con el abogado Salas, “lo que ocurrió es que se hizo un contrato simulado para defraudar a otro, se defraudó al Estado, al Servel y a la Ley de Partidos Políticos. Además, se defraudó a los 50 mil o más militantes del PC, porque se concurrió a realizar actos que perjudicaran a dicho partidos en su existencia y el patrimonio del mismo”.

Diligencias que incomodan

La querella ha tomado vuelo en los últimos días. De hecho, una serie de diligencias en torno al Partido Comunista instruyó la semana pasada la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte a la Brigada de Delitos Financieros de la PDI.

De acuerdo con versiones de prensa que ha seguido de cerca las instrucciones dadas por el fiscal Marcelo Carrasco, la PDI deberá tomar contacto con dirigentes del partido para requerir documentación relativa al PC y a la transacción de sus propiedades, lo que se canalizará a través de la defensa del representante legal y presidente del colectivo, el abogado Ramón Sepúlveda.

Del mismo modo, se ha pedido al Servel información respecto a la normativa vigente, así como además pesquisar en el Archivo Judicial una serie de documentación notarial relativa a la transacción y a los inmuebles.

Pese a que la querella en fiscalía apunta a la existencia de presuntos delitos de estafa, contrato simulado y falsificación, los persecutores además indagan la posibilidad de que la transacción haya vulnerado la Ley de Partidos. Esto porque, según el artículo 35 ter de la Ley Orgánica Constitucional 18.603, los partidos “no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas de las de mercado, o cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado”.

Bravo: “Hay falsificación y estafa”

Consultada la presidenta del PRI, Alejandra Bravo, señala: “El Presidente Piñera no tiene nada que ver en la situación que enfrenta hoy Teillier y el PC por los delitos que se le acusan por el PRI. Teillier hace tremendos negociados, lucra y defrauda con platas políticas del PC y luego pretende culpar a Piñera. Que los directivos del PC se hagan cargo de sus propios actos”.

-¿Cuál es el fundamento de la querella que interpusieron?

-Nuestra querella en contra de Teillier en su calidad de presidente y diputado del PC es por declarar falsamente ante el Servel vulnerando la ley de partidos. Aquí hay falsificación de instrumentos públicos, contratos simulados y estafa. La querella presentada por el abogado Eduardo Salas está hecha en base a las propias escrituras y contratos simulados efectuados por el PC con los dineros que administraban en ese partido.

-¿Y la defensa que ha hecho hasta ahora el PC?

-Que el PC intente culpar al Presidente Piñera de una especie de operación política en su contra por esta querella, desde el PRI lo entendemos sólo como manotazos de ahogados los que está dando el imputado Teillier luego de enterarse que la PDI llegará hasta sus oficinas para obtener todos los documentos que llevarán a comprobar los diversos delitos que ha cometido el diputado y sus socios del PC con las platas políticas.

-Teillier asegura que esta querella es una operación del PRI que ha llevado adelante en nombre de Piñera…

-Lamentamos la débil y añeja defensa mediática del imputado Teillier de culpar al presidente Piñera de una especie de operación política en su contra, especialmente luego de que el Fiscal haya ordenado que la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte instruyó a la Brigada de Delitos Funcionarios de la Policía de Investigaciones, solicitar información al Partido Comunista por la compra de inmuebles, luego de haberse declarado admisible nuestra querella, la que fue interpuesta ante la Fiscalía por los abogados del PRI, liderados por el abogado y secretario general del Partido, Eduardo Salas, buscamos que se esclarezcan todos los negocios lucrativos que el PC ha hecho con las platas políticas y demostraremos ante el país y la ciudadanía la falsedad ideológica del supuesto partido de los obreros y de los trabajadores.

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