En Palacio cuesta encontrar en estos días a alguien que defienda a Blanco, porque se le cuestiona una actitud errática y sobregirada al acusar operaciones políticas en su contra de toda índole, lo que no ha sido bien visto especialmente en el segundo piso de La Moneda. “Su blindaje ya no es el de antes, porque la confianza depositada no ha sido retribuida con una conducta apropiada que permita defenderla”, sentenció un influyente personero de Gobierno.

No es la primera vez que está en el ojo del huracán ni tampoco en el que le llueven críticas desde todos los flancos, pero sí es cierto que nunca antes Javiera Blanco había enfrentado –como ahora– cuestionamientos públicos sin contar con el férreo respaldo político del segundo piso de La Moneda, del que siempre gozó por ser una de las figuras del oficialismo de mayor confianza de la Presidenta Michelle Bachelet. Es que el errático manejo tras bambalinas que tuvo la actual integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), durante las últimas semanas, para sortear el informe de la comisión investigadora del Sename, y el hecho de aparecer salpicada con la arista del pago de gastos reservados en el caso “pacogate”, finalmente debilitaron el blindaje político que constantemente tuvo desde Palacio. Lo que la dejó ahora totalmente a la intemperie política frente al temporal de acusaciones que le caen encima.

Nadie desconoce en La Moneda que el miércoles 21 los tres ministros políticos –Mario Fernández (Interior), Nicolás Eyzaguirre (Segpres) y Paula Narváez (vocera)– desplegaron múltiples gestiones para tratar de alinear a las huestes parlamentarias de la Nueva Mayoría, a fin de que no apoyaran el oficio que las bancadas de derecha lograron aprobar con sus 40 diputados, en el que se solicita formalmente a la Presidenta Bachelet la remoción de Blanco como consejera del CDE.

No solo eso, ante la sentencia del informe Sename que estableció la negligencia de la ex ministra de Justicia, la vocera Narváez aseguró en el Congreso que “las conclusiones de ese informe no las compartimos como Gobierno. Son tremendamente injustas, no revelan la realidad; no nos parece que recaiga en una persona, la ex ministra Blanco, la responsabilidad de lo que ha sucedido por muchos años en el Sename. Fue justamente en este Gobierno, del que Blanco fue parte, donde se han iniciado todas las acciones para hacernos cargo del problema que trasciende a estos cuatro años”.

Sin embargo, en la propia administración bacheletista explicaron que, si bien a simple vista todo ese despliegue puede entenderse fácilmente como un nuevo blindaje a la figura de la ex ministra, la realidad no es esa y que el único objetivo de las autoridades de Palacio es proteger a la Presidenta Bachelet, para evitar que la derecha intente hacer escalar conflictos como el del Sename y los gastos reservados para “golpear” a la Mandataria. En esa línea, no pocos en la Nueva Mayoría afirmaron que el oficio de la derecha generó el mismo efecto “aglutinador por obligación” que provocó, en julio del 2016, la interpelación que presentaron en su contra, cuando la abogada aún estaba a cargo del Ministerio de Justicia y era duramente cuestionada por el Sename, el mal manejo del paro del Registro Civil y los problemas de las jubilaciones en Gendarmería.

En Palacio cuesta encontrar en estos días a alguien que defienda a Blanco, porque se le cuestiona una actitud errática y sobregirada al acusar operaciones políticas en su contra de toda índole, lo que no ha sido bien visto especialmente en el segundo piso de La Moneda. “Su blindaje ya no es el de antes, porque la confianza depositada no ha sido retribuida con una conducta apropiada que permita defenderla”, sentenció un influyente personero de Gobierno.

Es que los conflictos de la ex ministra de Justicia avanzan por carriles separados, pero todos confluyen para generar este escenario de soledad política que atraviesa. En el Ejecutivo y en el Congreso reconocen que han recibido permanentes señales de la creciente molestia que existe en el seno del CDE por la presencia de Blanco en dicha institución, donde les incomoda profundamente tener a una integrante que, debido a sus problemas “políticos”, ha puesto al organismo en tela de juicio, complicando su labor.

A principios de febrero, la Presidenta Bachelet designó a Blanco como consejera del CDE, un cargo con más de siete millones de remuneración mensual, sin la obligación de la dedicación exclusiva, casi inamovible hasta los 75 años, salvo que sean removidos con previo acuerdo del Senado, un cupo que estuvo vacante casi dos años. La Mandataria lo resolvió sin consulta a las huestes del Gobierno ni intentos por amainar la ola de críticas internas que recibió en ese minuto, porque fue visto transversalmente como un premio de consuelo, al tiempo que se cuestionó por la falta de habilidades técnicas de Blanco para llegar al referido organismo. Pero en Palacio se tragaron los cuestionamientos y explicaron la nominación como una “compensación” que quiso hacer Bachelet a su ex colaboradora, de quien tenía una alta valoración profesional, personal y la consideraba una víctima de circunstancias que obligaron a su salida del gabinete.

Pero claramente esos eran otros tiempos. El domingo 18 de junio, Reportajes de La Tercera publicó un documento –nómina de Excel– que especifica que en los años 2006 y 2007 la Subsecretaría de Carabineros, entonces liderada por Blanco, recibió más de $ 25 millones por concepto de gastos reservados de la policía uniformada, información que surgió en el marco de la investigación –que lidera el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos– por malversación de fondos en la institución policial , un desfalco que ya llega a los $22 mil 500 millones.

La información cayó como piedra en el CDE, donde desde hace más de un mes ya había bastante ruido interno por el hecho de que Blanco había declarado –el 10 de mayo– como testigo en las dependencias del Consejo por el caso “pacogate”. Pero también hubo molestia en La Moneda, donde aseguraron que, si la situación de la ex titular de Justicia sigue escalando en este caso –se teme que en alguna etapa pueda ser imputada–, su permanencia en el Consejo de Defensa del Estado se hará insostenible, especialmente por la presión de los propios consejeros.

Si se llega a tal escenario, el problema pasa por las dudas que hay en la gran mayoría del Gobierno sobre la capacidad de la ex ministra de dar un paso al costado por el bien de la institución, ya que, dada la inamovilidad del cargo, su salida dependería de eso o de formalizarla a través del Senado. “Si no renunció cuando estaba en Justicia y le hacía daño a la Presidenta que se quedara, menos lo hará ahora”, se lamentaron en La Moneda.

En Palacio sostienen que no hay muchos elementos con los cuales defender a Blanco y es difícil que la Mandataria cometa el error político de inmolarse –como lo ha hecho otras veces– por la ex secretaria de Estado para blindarla.

La tormenta perfecta

Los otros dos flancos de la consejera del CDE corren por el carril del Congreso, aunque generaron repercusiones profundas en La Moneda, al punto de convertirse en las gotas que rebalsaron el vaso de la paciencia gubernamental y terminaron por fracturar el otrora férreo blindaje que tenía Blanco.

Tanto en el Ejecutivo como en el Congreso coincidieron en que desde la semana pasada la ex ministra habría efectuado un intenso y desproporcionado lobbypolítico –que cayó muy mal entre parlamentarios y autoridades gubernamentales– para evitar que su nombre quedara en el informe de la comisión Sename, en el que se le acusó de “negligencia inexplicable”. Una maniobra que no tuvo éxito, porque, a pesar del intento por dejar fuera del documento final los nombres de Blanco y de la ex directora del Sename, Marcela Labraña, finalmente fueron incluidas y responsabilizadas, en parte, por la crisis que atravesó la institución y que detonó públicamente el 2016, con la muerte de la menor Lissete Villa.

Blanco habría quedado molesta con el Gobierno, porque La Moneda optó por proteger a la actual directora del Sename, Solange Huerta, malestar que habría escalado cuando ese hecho generó comentarios transversales en el Congreso sobre la soledad política de la ex ministra, porque, a ojos de todo el mundo, en Palacio dejaron de defenderla contra viento y marea.

Pero si el lobby desatado cayó mal, el traspié en la tramitación del proyecto de aborto en tres causales –que debía ser discutido el lunes en la comisión de Constitución del Senado– fue lo que terminó por enfadar a los inquilinos de la Casa de Gobierno, ya que el plazo político que se autodefinió La Moneda para que el Congreso despachara esta emblemática iniciativa es el 15 de julio. Esto, porque si la UDI cumple sus amenazas de llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional, el tema alcanzaría a ser discutido con la participación de su presidente, Carlos Carmona, que se retira en agosto y representa el voto clave de la instancia, pues dirime el empate técnico que existe.

El proyecto sería discutido el lunes 19 en la comisión, pero se aplazó para el día siguiente, a fin de permitir a los parlamentarios de derecha asistir al funeral de la hermana del ex Presidente Sebastián Piñera. A esa misma hora, en el Congreso se discutía el informe del Sename y varios parlamentarios confesaron que el senador independiente pro DC, Pedro Araya, actual pareja de Blanco, habría condicionado su apoyo al aborto en tres causales al hecho de que la ex ministra no quedara como responsable en el informe de la comisión especial.

Si bien las indicaciones están presentadas desde marzo, el senador Araya se plegó el martes a la postura de la bancada DC, de exigir, para respaldar la iniciativa, que la objeción de conciencia pueda ser aplicada por todo el equipo médico involucrado y no solo el médico que lidera la intervención.

En La Moneda confesaron que esta jugada fue vista “como un chantaje” por parte de Araya y Blanco, que “fue un exceso” y superó todos los límites, al poner en jaque una iniciativa emblemática para la actual administración, más aún viniendo de un senador que generalmente fue aliado del Gobierno en votaciones clave, especialmente las de la agenda valórica. Fuentes estrechamente ligadas al Ejecutivo aseguraron que el enojo en Palacio es tal, que en el segundo piso se han referido con ironía, respecto al senador y la ex ministra, como “el parcito”.

Lo sucedido con el proyecto de aborto desató un nuevo conflicto entre el PC y la DC. La diputada comunista, Camila Vallejo, increpó a Araya por su actuar y lo vinculó a su relación de pareja con Blanco. “Los trabajos de comisiones hay que evaluarlos en su mérito. El sacar un informe de la comisión investigadora no fue fácil. Tuvimos que ser responsables en establecer las responsabilidades. Por su parte, el proyecto de la interrupción del embarazo en tres causales también hay que evaluarlo en su mérito. Es uno de los proyectos emblema de la Presidenta. Se le ha dado urgencia y ha habido un compromiso político (…). Entonces estas cosas tienen que avanzar por carriles separados. Y si existe una relación familiar o amorosa entre personas involucradas, no puede significar nada al momento de la votación política”, señaló Vallejo.

Si bien las palabras de la parlamentaria no contribuyeron en nada a aquietar las aguas en la Nueva Mayoría, excesivamente tensionada por las dos candidaturas presidenciales, y se ganó detractores en el Gobierno, en Palacio confiesan que estaban previamente avisados del “golpe” que la diputada PC daría a la dupla Araya-Blanco.

En las bancadas de la coalición oficialista entendieron lo sucedido con Araya como una abierta expresión de molestia por la situación en que quedó Blanco en el informe Sename, pero también como un reflejo de la soledad política de la ex ministra. “Nunca ha tenido una barra muy fuerte en la DC y no hay nadie del partido realmente operando, haciendo lobby o tratando de buscarle apoyos”, confesó un ex integrante de la mesa nacional de la falange.

Las gestiones que desplegó La Moneda, para evitar que en el oficialismo algún diputado votara alineado con la derecha el oficio a la Presidenta por Blanco, tuvieron éxito: 30 parlamentarios de la Nueva Mayoría lo rechazaron en la Sala, pero no fue suficiente para ganarle el gallito a la oposición, porque el grueso de las bancadas no estaba presente en ese momento.

Los seis diputados PC brillaron por su ausencia, lo mismo 10 parlamentarios del PS, misma cantidad de la DC y del PPD, mientras que entre los radicales tres rechazaron, dos se abstuvieron y uno se ausentó.

Por Marcela Jiménez para elmostrador.cl

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