Las medidas del llamado Plan Araucanía, dadas a conocer por la presidenta Bachelet ayer viernes en La Moneda, constituyen el perfecto resumen de su errática política de gobierno con los pueblos indígenas. Hablamos de un refrito de anuncios anteriores, algunos de ellos comprometidos incluso para los primeros cien días de su gobierno. Y con los cuales no pasó gran cosa.

Es el caso de los proyectos de ley sobre ministerio de Asuntos Indígenas y el denominado Consejo de Pueblos. Ninguno de los dos, me advierte una fuente de gobierno, verá la luz en la actual administración. Los tiempos políticos y la agenda legislativa definitivamente no calzan.

En lo relativo a la paz social, la principal preocupación de la Comisión Asesora Presidencial encabezada por el Obispo Héctor Vargas, el anuncio si bien adelantó medidas paliativas para las “víctimas de la violencia rural”, sus montos y alcances se desconocen por completo.

Cero referencia a la militarización policial que afecta zonas como Ercilla o Lleulleu, causal directa de fricciones y enfrentamientos. Tampoco se refirió Bachelet a las graves violaciones de derechos humanos contra comunidades, familias y niños mapuche, las otras víctimas olvidadas del anuncio. Una omisión incomprensible.

Pero detengámonos, a mi juicio, en la medida simbólico-política de mayor calibre de todo el anuncio presidencial; la petición de perdón al pueblo mapuche por los “errores y los horrores” cometidos o tolerados por el Estado en un siglo de mala relación.

Ya en 2014, al asumir como Intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla había realizado la misma petición, lo que le valió duras críticas de empresarios sureños, parlamentarios de derecha y también, lo más insólito, de su propio gobierno. Su despido, me confidenció un año más tarde, comenzó a ser tema en La Moneda tras aquel inédito acto.

Tres años después Bachelet sigue por fin el ejemplo de su ex intendente regional. Creo no ser el único que advierte la tardanza y su incongruencia política.

Pero hay un tema más de fondo con el perdón; la ausencia total de medidas reparatorias por el daño causado. Y es que tal como advirtieron dirigentes mapuche, el pago de la denominada “deuda histórica” no figuró por ningún lado en el anuncio presidencial.

La experiencia internacional dicta que perdón y reparación siempre van de la mano. En 2008, en Australía, similar paso dio el gobierno del laborista Kevin Rudd al pedir disculpas a los indígenas por sufrir la colonización de los blancos en el siglo XX. Esta petición fue acompañadas de un paquete de medidas legislativas, además de la negociación con las tribus del pago de 1.000 millones de dólares en compensación por el daño causado.

Lo mismo pasó en Canadá el año 2015, cuando el primer ministro Justin Trudeau pidió perdón a los indígenas por los abusos, físicos y sexuales, que centenares de niños sufrieron en residencias escolares durante más de un siglo.

El perdón de Trudeau se basó en el trabajo de una Comisión de Estado presidida por el juez nativo Murray Sinclair e incluyó 94 recomendaciones al Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Entre ellas, el pago de indemnizaciones a las tribus y familias afectadas por los abusos.

Allí radica lo débil de la petición de perdón de Bachelet. En su tardanza para seguir la huella trazada correctamente por Huenchumilla. Y en su falta real de contenido.

En 2013, en plena campaña electoral, el entonces Plan Araucanía propuesto por Bachelet contemplaba un inédito abordaje político del conflicto. Así quedó plasmado en el programa de gobierno. 

Allí figura la autonomía territorial, las cuotas parlamentarias y la no aplicación de la Ley Antiterrorista, entre otras medidas. El Plan Araucanía 2017 dista mucho de aquella idea inicial. Es, básicamente, control de daños.

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