El conflicto que enfrentó a Codelco y al Ministerio de Salud en 2011 y 2012 por las emisiones de la chimenea de la División Ventanas y sus efectos en la población de la comuna de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, -que casi detonó el cierre de la fundición de la minera- generó un hasta ahora desconocido nexo entre dos entidades que hoy están enfrentadas: la cuprera estatal con la Contraloría General de la República (CGR).

En 2012, la estatal solicitó informes en derecho para abordar las diferentes aristas del conflicto. Uno de ellos, titulado “Régimen jurídico del informe sanitario y su exigibilidad para la renovación de patentes municipales”, y al que obtuvo acceso La Tercera, fue elaborado nada menos que por el abogado y doctor en derecho Jorge Bermúdez, actual titular de la CGR.

Hoy, Contraloría sostiene una disputa con Codelco, luego de que el organismo realizara una auditoría donde cuestionó contratos realizados por la estatal con partes relacionadas, además de un dictamen donde fue cuestionada la indemnización recibida por el ex director de la cuprera, Augusto González, que alcanzó a $ 511 millones.

Informes

Consultados por el vínculo laboral entre Bermúdez y la cuprera, en Codelco señalaron que este trabajo se realizó por dos años, 2011 y 2012, período en el que se registraron varios pagos al actual contralor. “De acuerdo con nuestros registros, se efectuaron siete pagos de honorarios profesionales por la División Ventanas de Codelco a don Jorge Bermúdez Soto, por un monto total de $ 46.666.669 entre 2011 y 2012, por la elaboración de informes en derecho y asesorías jurídicas, principalmente en el ámbito ambiental”, comentaron desde la cuprera estatal.

Sin embargo, desde la minera aseguran que los pagos a Bermúdez por sus informes en derecho, son absolutamente regulares. “Después de un análisis preliminar e incompleto se puede señalar que de acuerdo al marco normativo de la compañía (Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Gobierno Corporativo de Codelco), estos pagos son normales y no se observan irregularidades”, afirmaron desde la empresa.

Consultado Codelco respecto de si tenían conocimiento de esta información, desde la empresa señalaron que en casa matriz se enteraron de la situación hace un poco mas de dos semanas. Sin embargo, al tomar conocimiento de ello, el presidente del directorio, Oscar Landerretche, dio la orden a sus abogados de no usar esta información en el conflicto, ya que estima que los contratos son correctos, de acuerdo a la normativa de la minera.

Versión de Contraloría

Desde Contraloría reconocieron la realización de estos trabajos, explicando que se trata de estudios especializados en materias en las que el contralor es experto.

“Son cuatro informes en Derecho que corresponden a extensos trabajos jurídicos especializados en materias ambientales y que fueron realizados por el abogado, doctor y postdoctorado en Derecho Jorge Bermúdez en 2011 y 2012, varios años antes de que fuera designado contralor General de la República, cargo que asumió el 17 de diciembre de 2015”, señaló Contraloría, agregando que “dichos informes en derecho representan un monto total de $ 25 millones. Fueron legalmente percibidos y tributados por la prestación de sus servicios profesionales como abogado especializado a un órgano de la administración del Estado”, señala respuesta oficial dada por ese organismo a La Tercera.

Consultada Contraloría sobre si existe una contradicción al cuestionar este tipo de contratos y, al mismo tiempo, haber trabajado para Codelco bajo este mecanismo, la respuesta fue tajante:

“No, porque la ley, el reglamento de compras públicas (artículo 107) y la jurisprudencia uniforme de la Contraloría autorizan a las entidades públicas a contratar informes en Derecho de expertos de alta calificación en base a sus conocimientos especializados, su prestigio y excelencia profesional. En 2015 Jorge Bermúdez fue elegido mejor abogado en Derecho Administrativo del país por sus pares en el ranking internacional Best Lawyers”, se añade en la respuesta.

“La Contraloría no hace críticas a la gestión y al mérito de las decisiones administrativas. Lo que ha objetado formalmente, a través de sus auditorías, es la asignación de contratos con partes relacionadas, es decir, parientes de directivos de la empresa contratante, sin respetar los procedimientos legales y sin informar a la Cámara de Diputados y a la Contraloría General”, se añadió.

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