En las últimas semanas, con objetivos diversos y bajo reserva, funcionarios de las mayores clasificadoras de riesgo del mundo pisaron suelo chileno. Algunos para reunirse con ejecutivos de la industria financiera y de capitales; otros, con economistas y asesores de empresas, y también para tomar contacto con autoridades locales. Las visitas eran de Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s (S&P). Desde que en 1992 Chile obtuvo su primera clasificación de riesgo, representantes de las principales agencias vienen con frecuencia al país, dos o tres veces al año. Lo que fue excepcional ahora, sin embargo, es que la visita se produjo ad portas del primer recorte del rating soberano en 25 años.

La clasificación por parte de estos agentes, refleja la perspectiva que tienen de la capacidad de pago de un país, o del riesgo de quiebra o de caer en insolvencia frente a sus deudas. De la nota que le asignan a los países, depende la tasa de interés que aplique el mercado a sus emisiones de deuda soberana y ello, a su vez, será la referencia para el costo de financiamiento de las empresas que buscan levantar capital en el exterior.

Existen dos categorías de clasificación crediticia: investment grade (grado de inversión) y non investment grade. Fitch y S&P tienen como máxima nota AAA, que define una capacidad de pago muy fuerte, hasta BBB, que considera una capacidad de pago adecuada, pero con riesgos en el mediano y largo plazo. Eso corresponde a la categoría investment grade y de ahí hacia abajo sigue la non investment grade.

Chile, desde que entró al mercado de deuda en 1992, se ubica en la categoría investment grade. En el caso de Fitch, su nota hoy es de A+, con perspectiva negativa; en S&P tiene AA-, también con perspectiva negativa; en Moody’s tiene Aa3, con perspectiva estable. Un recorte en la nota significa en la nomenclatura de Fitch llevarla a A, en S&P a A+ y en Moody’s a A1. Para perder el investment grade, Chile tendría que bajar seis peldaños en cada caso.

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