EN EL derecho común y de aplicación general, los extremos exigidos a las personas respecto a sus deberes de conducta y sus responsabilidades se encuentran establecidas en los contratos o en las leyes. Desde la antigüedad se enseña que una obligación puede incumplirse con una negligencia y descuido de tal manera groseros, por ejemplo, que equivale a querer dañar intencionadamente al titular de un derecho. Se le llama culpa grave y equivale al dolo. Jamás se presume y debe probarse en juicio.

En la otra punta, se encuentra la culpa levísima, definida como la falta de aquella esmerada diligencia que una persona juiciosa emplea en la administración de sus asuntos importantes. Esta especie de culpa, dice la ley, se opone a la suma diligencia o cuidado. Por su nivel de exigencia, es fácil entender que solo puede imponerse por la ley o contrato, y que los hechos que configuran la infracción también deben probarse en juicio.

Hace un par de domingos la periodista Pilar Molina interrogó al precandidato presidencial Manuel José Ossandón acerca de boletas de honorarios supuestamente irregulares en beneficio de una hermana mientras él era alcalde de Pirque.

El eje central del discurso del señalado aspirante presidencial, no consiste en una idea política que lo sitúe en relación a una determinada corriente, por ejemplo el libre mercado o el socialismo, sino que se trata de un eslogan autoreferente más bien moral o bíblico, que podría parafrasearse señalando: “Estoy libre de pecado financiero, por lo que puedo lanzar la primera piedra…”, que es más o menos lo mismo que decir “tengo las manos limpias”. Esto es lo que le asegura al país, exhibe como crédito propio y, en cierta forma, descrédito de otros precandidatos.

La periodista, a su turno, señaló contar con información directa y personal de un empresario que le había asegurado la realización de actos de financiamiento irregulares a una hermana de Ossandón, fuente que no era anónima sino disponible, dato que le ofreció al final del programa y que éste habría rehusado recibir.

Llevado esto al plano jurídico que más arriba describimos, muy lejos de advertirse un descuido o negligencia de la periodista en la revisión de una materia de suyo sensible para un candidato que ha tomado como bandera de batalla una cualidad moral que tiene dos aristas, una que lo incluye solo a él, el impoluto y transparente, algo así como la “ranita de cristal” recién descubierta en Ecuador, versus los demás, que serían casi lo contrario, por decirlo suavemente, lo que se advierte por parte de ella es una especial diligencia y cuidado.

Las informaciones reveladas demuestran que la periodista contaba con una fuente identificada -que ya es de dominio público-, y que esta persona estaría dispuesta a enfrentar el caso en los tribunales.

Pero son tiempos políticos. Los juicios ante tribunales son serios. No solo imponen una carga de trabajo, sino algo mucho más relevante y que por algo se llama “el peso de la prueba” con el riesgo de las costas. Quedando tan poco para las primarias, es posible que no alcancemos a conocer la demanda ni sus fundamentos. Acá parece que va a quedar un pilar suelto, y no será el de la señora Molina.

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