Chile presentó hoy ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya su memoria de la disputa con Bolivia donde pide que se confirme que el Silala es un río internacional cuyas aguas deben compartir ambos países.

El Silala nace en territorio boliviano y cruza la frontera hasta desembocar en otro fluvial, el Inacaliri. Chile defiende que de los 8,5 kilómetros que mide el Silala, 3,8 están en territorio boliviano y 4,7 forman parte de su soberanía, por lo que debería ser considerado un río internacional.

El canciller Heraldo Muñoz dijo esta mañana que la presentación incluye argumentos jurídicos, históricos y científicos donde se afirma que por 100 años Bolivia reconoció el carácter internacional del río y que “cambiaron de versión solamente el año 1999”

Le hemos pedido a la Corte que señale que es un río internacional, que corresponde un uso actual, y tercero, que no se puede afectar la calidad y cantidad de las aguas“, dijo agregando que Bolivia tiene un año para responder con una contramemoria y que “a Chile no se le amenaza”.

Bolivia, en cambio, considera que el Silala está formado por vertientes cuyas aguas fueron canalizadas en 1908 al norte de Chile para el aprovechamiento de la empresa chilena Bolivian Antofagasta Railway.

El Estado Plurinacional sostiene que esa acción humana condujo agua hacia Chile, más de la que naturalmente le correspondería.

No obstante, Santiago defiende la existencia de antecedentes geográficos, geológicos e hidrogeológicos que demuestran que el cauce fue labrado por medios naturales y que, a pesar de la interferencia humana, el curso del agua no ha variado.

En marzo de 2016, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su país denunciaría a Chile ante la CIJ por el uso “ilegal” y “abusivo” que este país hace de las aguas del Silala, si bien el entonces canciller boliviano, David Choquehuanca, indicó que ellos se demorarían dos años en preparar esa demanda.

Así, Chile se adelantó y presentó la demanda el 6 de junio del año pasado ante el Tribunal de La Haya.

Fuentes con conocimiento del caso aseguran que Santiago aspira a que la futura sentencia reconozca el derecho de ambos países a emplear el agua del Silala, además de obligarles a prevenir usos susceptibles de ocasionar daños al estado vecino y a cooperar mediante el intercambio de información.

La resolución del caso podría servir como modelo para otros conflictos de similar naturaleza entre Chile y Bolivia, e incluso entre otros territorios del mundo.

Aunque la demanda chilena llegó a La Haya el año pasado, ya en los años noventa el conflicto por las aguas del Silala se había recrudecido y desde 1999 ha marcado, en mayor o menor medida, las relaciones bilaterales entre ambos Estados, que también mantienen una disputa en la CIJ por la posible salida al mar de Bolivia.

En 2009, ambos países alcanzaron un acuerdo preliminar que permitiría usar el agua a los dos territorios, pero tras varias consultas comunitarias en Bolivia, el pacto no prosperó.

Más adelante, La Paz pidió a Santiago el pago retroactivo por el uso histórico del agua y a partir de 2015 el conflicto se agravó hasta llegar a La Haya en 2016.

La demanda del Silala transcurre de forma paralela a otra presentada por Bolivia en 2013 ante la CIJ, en la que reclama que Chile le ofrezca una salida al Océano Pacífico.

Fuentes con conocimiento de los casos reconocen que algunas voces en Bolivia consideran las disputas una transacción, de forma que La Paz lograría acceder al mar y Santiago vería reconocido el estatus internacional del Silala, si bien los países nunca han llegado a plantear esa propuesta de manera formal.

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