Un equipo médico formado por un ginecólogo, matrona, sicólogo y asistente social será el encargado de constatar la ocurrencia de una violación y determinar si procede la condicionante para la realización de un aborto. Así lo determinó hoy la Comisión de Constitución del Senado, que despachó el proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo de vida materna, inviabilidad fetal y violación.

En la discusión se acordó que el personal de salud deberá determinar la existencia de lesiones y secuelas atribuibles a este delito, confirmando la validez de la causal. Además, los senadores aprobaron que no se exigirá la denuncia de la víctima para desarrollar el aborto; sin embargo, el jefe del recinto hospitalario donde se acredite la violación deberá entregar los antecedentes al Ministerio Público y, si se trata de menores, al Sename.

Eso sí, esta denuncia deberá resguardar “el principio de confidencialidad de la víctima”, según aclaró el senador Alfonso de Urresti (PS), quien explicó que “sin esto se puede caer en la revictimización de la mujer”.

Asimismo, se aprobó que una vez abierta una causa por dicha agresión, la mujer no podrá ser forzada a comparecer en los tribunales.

El presidente de la comisión, Felipe Harboe (PPD), dijo que lo dispuesto modifica la actual legislación, pues “la violación hoy es un delito de acción penal mixta en mayores de 18 años. Es decir, uno que solo puede denunciar la víctima”.

En tanto, Hernán Larraín (UDI) señaló que la obligación de denuncia que tendrá el hospital difícilmente desencadene investigaciones que lleguen a término: “si la mujer no declara, la posibilidad de acreditar penalmente la violación no existe” y que “es una puerta abierta para el aborto libre”.

Objeción de conciencia

Hoy, además, la Comisión aprobó la objeción de conciencia personal, es decir, el facultativo que la invoque podrá excusarse de realizar un aborto, por motivos personales. Con mayoría de los senadores, esta se amplió a todo el personal de salud que intervenga en el pabellón, pero se rechazó extenderla a instituciones.
Además, si en un centro todos los médicos rechazan interrumpir el embarazo, la paciente tendrá que ser derivada a otro recinto que concrete el procedimiento.

Sin embargo, en la causal de violación, la objeción de conciencia quedará nula si está próximo a vencer el plazo tope, que se fijó en 14 semanas para las menores de 14 años y de 12 semanas para el resto de las mujeres.

Larraín valoró que se amplíe la objeción de conciencia, pero dijo que “hemos perdido en lo fundamental con este proyecto, porque tenemos una concepción muy distinta y quienes protegemos la vida antes de nacer no vamos a cejar”.

Por su parte, De Urresti dijo que “la objeción de conciencia no debió haberse considerado ni menos haberse extendido. Esto es un obstáculo que esperamos revertir en la Sala”.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, sostuvo que las indicaciones aprobadas logran un equilibrio entre garantizar el acceso de las mujeres al aborto, en los casos que correspondan, y permitir que el personal de salud haga valer su objeción de conciencia. “Esto no es una guerra, aquí no hay ganadores ni perdedores, sino una posibilidad país de generar política pública para acompañar a nuestras niñas, adolescentes y mujeres”.

El proyecto sería visto hoy en la Comisión de Hacienda y se espera pueda ser revisado por la Sala del Senado durante la próxima semana.

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