Han pasado  dos años del Caso Caval y aún no se aclara del todo el que debe ser uno de los escándalos más grandes en que se ha visto envuelto un Presidente de la República. Con todos los antecedentes y agravantes (tráfico de influencias, cambios de suelos, uso de información privilegiada) tras un larguísimo juicio, se ha avanzado poco y nada en la investigación. Incluso, hasta hoy  no queda claro que pasó con esa plata que alcanzaron a ganar con la venta de los terrenos (más de 3 mil millones de pesos). Más aún, ha trascendido que el hijo de la Presidenta será definitivamente sobreseído y todo el peso de la justicia (que tampoco va a ser mucho) caerá exclusivamente sobre Compagnon y Valero. ¿Es que Dávalos no obtuvo o no pensaba obtener ningún beneficio con los negocios de Caval? Él manejaba o al menos asesoraba a Caval, no nos olvidemos de aquello y por lo mismo, al menos debiera ser procesado como encubridor de los malabares de su mujer. Porque nadie se traga que, tanto él como Bachelet no sabían de dónde venían las platas que le permitían al matrimonio, entre otras cosas, tener cuatro autos de lujo Si se llegara a concretar este dictamen,, volvería a estar una vez más en entredicho la justicia chilena. Porque está visto que el peso de la ley sólo recae contra las Fuerzas Armadas o algún integrante de la derecha política. Está comprobado que los fiscales, en su gran mayoría con ideología izquierdista, solamente actúan cuando la presión de la opinión pública es muy grande. El mejor ejemplo es esta señora Ximena Chong, que recién comenzó a moverse ahora, cuando una revista brasileña denuncia que Michelle Bachelet está dentro de los políticos del continente que recibieron platas de la empresa OAS. Ella tenía los antecedentes desde marzo del año pasado y ahí estaban durmiendo en su escritorio. Y la guinda la puso el Fiscal Nacional, que de inmediato se puso el parche y saltó a declarar que el caso estaba prescrito. Por favor, señor Abbot, primero investigue, confirme si hay o no delito y después salve a la Presidenta por ese resquicio legal. Y cumpla con su deber de “resguardar la seguridad nacional” y “dar protección a la población y a la familia”, como lo señala el artículo primero de la Constitución. Independiente de quien resulte afectado (o afectada).

/Columna de Waldo Mora publicada en la página editorial del diario El Mercurio de Antofagasta

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