La controversia que ha generado la decisión de los diputados oficialistas de rechazar el informe de la Comisión Investigadora Sename II, que había sido casi unánimemente aprobado por diputados de ambas coaliciones en la comisión, refleja que la clase política ya ha entrado en temporada electoral. Si bien nadie niega que los niños que están al cuidado del Estado sufren violaciones y vejámenes, da la impresión de que hay políticos más preocupados de llevar agua a sus molinos electorales que de ir en ayuda y protección de los chilenos más vulnerables. La actitud del Gobierno y de los diputados oficialistas que se opusieron a la aprobación del informe resulta especialmente lamentable, toda vez que optaron por defender a Javiera Blanco, una de las hijas predilectas de la gran familia concertacionista, que dejar en claro su compromiso con la defensa de los derechos de los niños.

Los argumentos que utilizó el Gobierno para defender su decisión de presionar a los diputados oficialistas a rechazar el informe de la comisión investigadora son poco convincentes. Es obvio que el informe le pegaba con más fuerza a Javiera Blanco —quien ejercía como ministra de Justicia cuando explotó el escándalo— que a personas que ocuparon el cargo anteriormente. Pero es inevitable que este tipo de informes siempre vengan con la pluma cargada hacia las autoridades más recientes. Después de todo, los Gobiernos son electos para solucionar problemas, no para prolongar crisis y falencias.

Además, la defensa de Blanco que realizó el Gobierno tampoco la exculpa. Al decir que la culpa es compartida, el Gobierno admite que ella también tiene responsabilidad en la crisis. Cuando estalló el escándalo que gatilló esta comisión investigadora, la propia ministra optó por referirse a los niños del Sename como si fueran commodities (“Hay una diferencia entre el concepto de [niños] vigentes y atendidos. Uno es flujo y el otro es stock”), palabras inaceptables cuando las emite la persona políticamente responsable por los niños que el Estado tiene a su cuidado porque sus padres biológicos no están en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, aunque las responsabilidades son efectivamente compartidas, Blanco es parte de la estructura legal y política que ha permitido que los niños a cargo del Sename sean víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos en plena democracia. Decenas de niños chilenos han muerto producto de la desatención estatal y el olvido de las responsabilidades que asume el Estado cuando los toma a su cargo. Y no hay ni siquiera una placa que honre su memoria, mucho menos un memorial o un museo de la memoria a las violaciones del Sename a los derechos humanos del niño.

Es cierto que la derecha, que tampoco ha demostrado interés en el pasado por dotar al Sename de los recursos necesarios para que pueda funcionar adecuadamente y proteja a los niños desamparados de Chile, ha intentado sacar dividendos políticos. Pero al acusar a ese sector de sus falencias sin reconocer las propias, el Gobierno de la Nueva Mayoría está haciendo lo mismo que critica en la derecha. Los partidos están actuando como partidos, nada más. Y dada la cercanía de la próxima elección, han subido el volumen de sus acusaciones mutuas.

Ahora bien, aunque pudiera ser comprensible —mas no justificable— que los partidos quieran llevar agua a su molino electoral, la defensa corporativa de Blanco que ha realizado el Gobierno de Bachelet resulta difícil de entender. Al defender a la polémica ex ministra —cuyo historial político ha demostrado su poco tacto y su facilidad para meterse en líos—, el Gobierno prefiere pagar los costos de aparecer como cómplice del maltrato a los niños. Pero Blanco pertenece a una de las familias tradicionales de la gran familia concertacionista. Al haber estado casada con un hijo de la ex senadora Carmen Frei (y nieto del ex Presidente Frei Montalva), al ser pareja del senador Pedro Araya y hermana de Rafael Blanco —uno de los padres de la reforma procesal penal y funcionario en varios Gobiernos concertacionistas—, Javiera Blanco pertenece al linaje más puro de esa casta de personas que por casi 30 años se han repartido cargos públicos en las adminisraciones de la Concertación/Nueva Mayoría.

En un Gobierno en que los hijos y nietos de fundadores de la Concertación ocupan altos cargos de confianza y llenan las reparticiones públicas más por sus apellidos que por sus méritos, resulta perfectamente comprensible que el Gobierno de la Nueva Mayoría y el gabinete de la Presidenta Bachelet hayan optado por defenderlos a ellos antes que a los niños chilenos cuyos derechos humanos están siendo sistemáticamente violados porque el Sename no hace su trabajo como corresponde.

Por Patricio Navia para ellibero.cl

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