Durante su tramitación en el Congreso, la ley de inclusión -bautizada como “no al lucro, la selección y el copago”- fue como un parto por la tenaz oposición que generó en la oposición, en especialistas y en la comunidad educativa, pero ahora vuelve a encender los ánimos porque comienza su implementación.

Al 30 de junio pasado, los colegios particulares subvencionados debieron informar si se pasaban a corporaciones sin fines de lucro, como exige la ley, o se convertirán en particulares pagados. Los que no opten por una u otra opción, simplemente deberán cerrar sus puertas.

De hecho, 118 establecimientos subvencionados optaron por ser pagados, en los que estudian más de 55 mil alumnos. Aquejado por el impacto social que ello genera, el Ministerio de Educación está desplegando una campaña para que los colegios reviertan la decisión.

“Al gobierno le preocupa cada una de esas comunidades, ya que verán cambiadas sus condiciones. Por lo tanto, el ministerio iniciará un proceso de conversación”, anunció el pasado miércoles la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga.

Sin embargo, la cartera aún no detalla el destino que eligieron los seis mil colegios existentes en el país, pese a que hace más de un mes informaron la decisión.

La feroz pelea entre el Mineduc y los sostenedores

A diferencia de la subsecretaria, la ministra Adriana Delpiano utilizó una táctica agresiva  y acusó a los sostenedores de “abuso, porque lo que están haciendo es garantizar para adelante el poder tener un pago más alto. Al pasarse a particulares pagados estos colegios están demostrando que su compromiso con la educación no era tal, porque a ninguno se le ha quitado ni se le quitará un solo peso”.

Sus declaraciones fueron duramente respondidas por el presidente del gremio de colegios subvencionados (Conacep), Hernán Herrera, quien afirmó que es “increíble que en vez de buscar soluciones a los problemas, se opte por promover la confrontación entre las familias y los colegios“.

“Si las autoridades quieren evitar estos desastrosos efectos, la solución está en sus manos y consiste en prorrogar los plazos de la llamada ley de inclusión, para permitir un examen a fondo de la normativa, corregir sus falencias y lograr un gran acuerdo legislativo destinado a evitar que la implementación de la reforma educacional se transforme en un desastre peor que el Transantiago”, afirmó el dirigente.

Erika Muñoz, presidenta de la Confederación de apoderados (Confepa), afirma a “El Líbero” que es “enorme la decepción que ha generado en las familias la ley de inclusión y la reforma ideológica de la Nueva Mayoría. Desgraciadamente vemos con impotencia que se habla del número de colegios obligados a cerrar y se olvidan de las 55 mil familias que no podrán seguir en los colegios por no poder pagar. Ese es el efecto real y negativo de la mal llamada ley de inclusión”.

El drama humano detrás de ley de inclusión

Pero más allá de las polémicas entre el Mineduc y los sostenedores, los apoderados son los que reciben las esquirlas que va dejando la ley de inclusión, ya que deben abandonar los colegios que se cierran o pasan a particulares pagados.

Es lo que está ocurriendo en el colegio Carlomagno de Quilpué, que anunció que se convertirá en particular pagado y la matrícula se duplicará de $72 mil a $140 mil, lo que dejará fuera a más de 300 familias, según relata a este diario la apoderada y delegada del centro de padres, Ingrid Acevedo.

Ella tiene una hija en sexto y un hijo en octavo básico, y actualmente paga $144 mil por los dos hijos. Pero el próximo año deberá pagar $280 mil. Junto a su marido trabajan como independientes y harán el esfuerzo de pagar más por la educación de sus hijos y mantenerlos en el colegio donde han estado desde hace años.

“Hay 467 alumnos en el colegio y, por los catastros que se han hecho, estarían quedando como 100 alumnos. Hay un tema emocional que afecta bastante. En el curso de mi hija, en sexto básico, hay 33 alumnos y sólo quedarán cinco. Muchos no tienen opción de quedarse porque el monto no les da. Es casi un sueldo para muchas familias”, dice Ingrid Acevedo sobre el efecto que tendrá el cambio del colegio.

La apoderada eligió la institución por su calidad educativa, por tener pocos alumnos por sala de clases y por “estar tranquila sabiendo que mi hijo está en un colegio en el que no le van a pegar o hacer bullying, que no habrá un tipo con una pistola o una cuchilla”. El colegio también ha invertido mucho en infraestructura y actualmente está “todo nuevo, ideal para las clases”.

Acevedo afirma que los apoderados que quedarán fuera están muy angustiados, porque las opciones para sus hijos son inscribirlos en colegios subvencionados, que eligen con tómbolas, o en escuelas municipales.

“Las familias están muy angustiadas. El tema está en que las autoridades de Gobierno no se preocuparon de la realidad en que quedarían los alumnos con esta ley. Suena feo que lo diga, pero ellos tienen a sus hijos en colegios particulares”, señala la apoderada.

Por Uziel Gómez Padrón para ellibero.cl

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