La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, también criticó el desempeño que tuvieron las empresas distribuidoras de electricidad en la Región Metropolitana luego de los prolongados cortes del suministro producto de la nevazón.

Respecto a las multas que arriesgan Enel y CGE y las compensaciones que harán a los consumidores, la líder multisindical manifestó que “tiene que abordarse con el mayor sentido de gravedad porque estamos hablando de servicios que en todos los países del mundo son considerados como servicios esenciales y que en Chile están catalogados como áreas estratégicas”.

“A nuestros ojos, aquí no puede haber ningún atisbo de llamado a la mesura o una voz de mediana comprensión de hechos de la gravedad que hemos ido conociendo esta semana”, añadió Figueroa en un punto de prensa en conjunto con los sindicatos de Enel, sanitarias y del gas.

En esa línea, indicó que “consideramos que hay debates de corto, mediano y largo plazo, aquí ya se ha hecho público el debate respecto de quién debiera entonces proveer servicios esenciales como éstos y se ha abierto la puerta a un debate que es del todo necesario, no solamente en nuestro país, sino que la experiencia del mundo nos dice que áreas tan estratégicas como ésta son controladas por el Estado, no entregadas al arbitro de los privados”.

Y aseveró: “como CUT tenemos una posición clara. Servicios esenciales como éstos deben ser provistos por el Estado, sin embargo, entendemos que ese es un debate que va a tener que hacer un tránsito, que no va a permitir en lo inmediato cómo enfrentar futuras contingencias”.

“Aquí lo que se requiere -continuó- es más inversión, pero no sólo inversión en insumos, que es lo que ha señalado la empresa en las últimas semanas, aquí lo que se requiere por sobre todas las cosas es inversión en las áreas que hoy día permitan efectivamente resguardar la provisión del servicio y eso pasa por el capital de los trabajadores”.

“No es un cuestión tecnológica la que va a resolver estos problemas, necesitamos más y mejores mecanismos de fiscalización, de mantención, de control y para eso se requiere cambiar la política que estas empresas de la cual han abusado en este periodo, que es tener a los trabajadores en la más total desprotección”, sostuvo Figueroa.

“El 80% de los trabajadores de las empresas eléctricas y sanitarias son subcontratados, estamos hablando que al menos por cada cinco trabajadores sólo uno es de planta (…) ¿qué garantiza con eso la empresa? menores costos”, detalló la representante.

“Entonces, se hace una política de tercerización con el único objeto de garantizar más y mejores ganancias para la empresas que ha ganado la licitación”, concluyó.

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