Hoy por hoy algunas de las más importantes bolsas de valores del planeta —Londres, Nueva York y Japón— se desviven en busca de que la gigante petrolera estatal saudí, Aramco, las elija para llevar a cabo su futura apertura a privados, donde se colocaría un 5% de la empresa con un valor que fluctuaría entre los US$ 20 y los US$ 100 mil millones.

Esta noticia nos invita a pensar una vez más en alternativas para nuestra propia gigante —y descapitalizada— empresa estatal, Codelco, que en el esquema actual, sólo puede sustentarse con recursos del sector público o vía endeudamiento. En el primer caso, debe competir con todos los programas sociales, lo que hace costoso y políticamente complejo conseguir aportes. Y si acude al endeudamiento, su posición financiera podría verse desmejorada y así elevar su costo de financiamiento, algo especialmente complejo en el contexto de un propietario y garante implícito —el Estado— cuya calificación crediticia es hoy degradada.

Dado lo anterior, vale la pena pensar una vez más en compartir la propiedad de Codelco, lo que pone sobre el tapete una pregunta de fondo que pareciera ser clave para la viabilidad de cualquier apertura: ¿quién debiera tener la preferencia a la hora de compartir propiedad con la estatal?

Sobre la apertura de Aramco aún existen muchas dudas, lo que en parte explica la discrepancia en torno a su valoración. Pero no es necesario ir tan lejos para encontrar un ejemplo interesante: Ecopetrol, la empresa más grande y la principal compañía petrolera en Colombia, pertenece al grupo de las 35 petroleras más grandes del mundo y es una de las cuatro principales de Latinoamérica. Hasta hace algo más de una década era una compañía 100% estatal. Sin embargo, en 2006 se autorizó su capitalización, con el requisito de que la Nación no pudiera tener menos del 80% de la propiedad de la empresa. De este modo, Ecopetrol se convirtió en una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de Sociedad Anónima, vinculada al Ministerio de Minas y Energía.

En 2007 se realizó la primera emisión pública de acciones, colocándose inicialmente cuatro mil millones de estas, de modo tal que el 10% de la propiedad quedó en manos de privados y el resto en manos del Estado. Fue así como cualquier ciudadano colombiano pudo convertirse en accionista de Ecopetrol. En su enajenación se ofreció un descuento de 5% por pago al contado o bien el pago de una cuota inicial de 15%, dejando el saldo restante a pagarse en 12 cuotas mensuales sin intereses. Se estableció además un monto máximo de 50.000 acciones por comprador.

Tras culminar el proceso de adjudicación, 482.941 colombianos se convirtieron en accionistas de la primera empresa del país. El 62% de la colocación quedó en manos de las personas naturales, el 37% correspondió a los fondos de pensiones y cesantías y el 1% restante fue para las restringidas personas jurídicas que podían acceder a la oferta. Posteriormente se amplió la capitalización privada e incluso se comenzaron a transar ADS en la bolsa de Nueva York.

Volviendo a Chile, un formato posible para llevar a cabo un proceso de capitalización de Codelco sería que las personas naturales chilenas tuvieran participación en la empresa (las personas jurídicas no tendrían acceso a tales acciones), facilitando el acceso al mayor número posible de ellas y evitando la concentración de valor en pocas manos. Lo anterior se lograría limitando la compra por persona a cierto monto o número de acciones.

Quiénes no tuvieran dinero para comprar, ¿se quedarían al margen de este proceso? Ciertamente que no. Es perfectamente posible que una entidad estatal como Corfo abriera una línea de crédito para la compra de acciones, las que quedarían prendadas, como garantía hasta el pago de éstas con los dividendos futuros. En una segunda etapa sería posible evaluar mayor participación de privados (e incluso el ingreso de las AFP a la propiedad de la minera), con los debidos resguardos para garantizar los intereses del Estado.

Más allá de las posturas extremadamente ideologizadas que inevitablemente levanta una idea como ésta, lo cierto es que constituye una alternativa que podría beneficiar a muchos chilenos, continuar los avances en administración independiente y supervisión desde el Estado y el mercado, así como viabilizar los proyectos de expansión de Codelco hoy en entredicho por falta de recursos. Esto hace que el argumento político pierda fuerza, sobre todo si, por ejemplo, los trabajadores de Codelco tienen la posibilidad de participar de la propiedad de la compañía con cargo a su indemnización por años de servicio.

Si bien estas ideas no tienen nada de nuevo —y bien sabemos que una organización de este tipo no podría llevarse a cabo sin antes modificar la disposición tercera transitoria de la Constitución—, la inminente apertura de un gigante como Aramco y otras experiencias internacionales exitosas nos invitan al menos a pensarlo.

Escrito para El Líbero por Jorge Lira y Francisco Klapp, Libertad y Desarrollo

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