Esta semana el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet presentó -por tercera vez en tres años- una querella para perseguir penalmente la difusión de información que estima “falsa o injuriosa”. En la última incluyó al ex presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Swett; al ex comandante en Jefe de la Armada, Jorge Arancibia (foto); y al presidente regional de los Pequeños y Medianos Madereros de El Maule, Ramiro Plaza. La denuncia busca que se investigue la difusión de “noticias falsas” en el marco de los incendios que aún afectan a varias regiones de Chile. La acción del Gobierno tiene que ver con las declaraciones que los tres hicieron sobre los supuestos iniciadores de los incendios.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa, dijo que se trata de dos tipos de denuncia: “una que nos parece relevante es sobre quien dice tener información de inteligencia militar, no siendo receptor legal de información de esa naturaleza”, refiriéndose a los dichos del almirante (r) Arancibia en Radio Agricultura -donde señaló que “la información respecto a quienes participan, dónde están, quienes son los grupos, personas, esa información existe”- y la otra, “busca establecer la existencia de un ilícito penal por difundir información falsa” refiriéndose a los dichos de Plaza en CNN sobre que “nosotros podemos afirmar, con toda convicción y certeza, con pruebas, que hay una intencionalidad organizada” y a las publicaciones de Sweet en su cuenta de Twitter acusando a una persona de ser responsable del fuego.

Pero a la administración Bachelet no le ha ido bien en estas arremetidas, ya que las últimas dos resultaron fallidas.

El 14 abril de 2015 a través del Intendente de Atacama, Miguel Vargas, se presentó una querella contra quienes resulten responsables por la grabación –y posterior viralización- de un video en que se acusaba el presunto aprovechamiento político por parte del Gobierno de la ayuda enviada al norte para los afectados por los aluviones. La medida buscaba castigar por el delito de “desórdenes públicos” a quienes participaron en la realización del material audiovisual, en el que se mostraba una bodega con donaciones de particulares que supuestamente se entregaba como ayuda del Ejecutivo. Lo cierto es que seis meses después, según indica la página del Poder Judicial se cerró la investigación. “Que de conformidad con el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal comunico a US, que esta Fiscalía, con fecha 21 de octubre de 2015, ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, dice el documento que presentó el persecutor adjunto de la Fiscalía Local de Copiapó, Gabriel Meza Peña.

En tanto, el 31 de mayo de 2016 la Presidenta Michelle Bachelet presentó otra querella por “injurias y calumnias” a raíz de la publicación de la revista Qué Pasa sobre supuestos pagos destinados a la Mandataria a través de la sociedad Caval. El material difundido en el medio de prensa corresponde a la transcripción de los audios de conversaciones telefónicas realizadas por el operador político Juan Díaz, gestor inmobiliario de Caval e imputado en la causa, interceptadas por el OS9 a pedido del fiscal Sergio Moya.

Sólo cuatro meses después, el 30 de septiembre de 2016, la misma Presidenta anunciaba en un punto de prensa en La Moneda que iba a retirar la querella. “Esta decisión la he tomado después de conocer una resolución que me parece muy contundente dictada por el Consejo de Medios de Comunicación Social, que sancionó a la revista por haber faltado a la ética en la publicación”, señaló y además comentó que “toda mi vida he defendido la libertad y la democracia, creo en la libertad de prensa, pero basada en un periodismo serio y riguroso”.

Alberto Precht: “Si esto se repite en el tiempo, podría transformarse en una amenaza a la libertad de expresión”

Alberto-Precht-12El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, dice en conversación con “El Líbero” que “está muy bien que el Ministerio Público investigue, y si hay tipos penales que perseguir, lo haga; pero otra cosa es que la autoridad política dé señales tan fuertes como querellarse”, y agrega que esto “puede ser un disuasivo en el futuro, de la libertad de expresión”.

Precht sostiene que el Ministerio Público por sí solo tiene la facultad de perseguir estos delitos, ya que- según dice- el querellante particular solamente sirve si es que hay que aportar nuevos antecedentes o si hay alguna afectación de la persona que está persiguiendo el delito, por lo que considera que “esta es una mala señal, porque con esta acción están diciendo ‘vamos a perseguir las responsabilidades más allá de lo que el Ministerio Público haga o no haga’”.

Además cree que “el Ejecutivo puede estar haciéndose una trampa en solitario” y recuerda la querella a la Revista Qué Pasa, ya que a su juicio “fue la Presidenta quien termina pagando los costos del juicio, porque retira la querella, una querella que nunca debió realizar; al igual como lo dijimos en su momento, el Ejecutivo no debiera hacer uso de esa facultad”.

El director ejecutivo de Chile Transparente piensa que “el gobierno se equivoca, no debería querellarse particularmente, me parece muy bien que haga un llamado fuerte y condene aquellos que difunden informaciones que no son verídicas “, pero advierte que “si esto se repite en el tiempo, y fuera una constante que el Ejecutivo se querellara contra distintas opiniones, más allá de que causen o no alarma, podría transformarse en una amenaza a la libertad de expresión”.

Por último comenta que la querella es “una señal política más que jurídica, porque no sé cuánto un querellante particular -en este caso el Gobierno- pudiera aportar a la acción persecutoria que ya lleva el Ministerio Público, es una señal política y por eso creo que es incorrecta”.

/El Libero

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