La Presidenta Michelle Bachelet firmó, y envió al Congreso para su tramitación, el proyecto de reforma al sistema de pensiones. Esta acción se explica por una fuerte presión social al respecto, hábilmente impulsada por el movimiento No+AFP.

La importante diferencia existente entre las expectativas y la realidad del nivel de las pensiones en Chile -un hecho irrefutable- se originó tanto por los aumentos de los salarios reales mayores a los anticipados en 1980, como en las expectativas de vida más largas y las mayores lagunas impositivas. Estos factores se tradujeron en imposiciones menores a las necesarias para alcanzar las tasas de reemplazo anticipadas, a pesar de las elevadas rentabilidades de los fondos de pensiones.

La reforma al sistema de pensiones no fue una de las prioridades del programa de la Nueva Mayoría. Los adultos mayores tienen en Chile, de acuerdo a datos de la OCDE, niveles de pobreza muy inferiores a aquellos de los jóvenes (15 versus 22,5 por ciento), sugiriendo que la atención debiera ponerse preferentemente en resolver los problemas de los últimos. No obstante, es innegable que las pensiones en Chile son bajas en términos absolutos y todo pareciera indicar que una mayoría de los ciudadanos estaría de acuerdo en aumentar -para mejorar sus pensiones- su ahorro previsional, siempre que fuese nominalmente a cargo del empleador y para engrosar las cuentas individuales.

El proyecto, sin embargo, propone que un 40 por ciento del aumento del 50 por ciento en las imposiciones se destine a un fondo colectivo administrado por el Estado, supuestamente para empezar a recuperar el espíritu de seguridad social del sistema y para mejorar las pensiones más bajas. Al hacerlo de ese modo, la mayor imposición se convierte en un impuesto al trabajo, con todo los inconvenientes que ello representaAdemás, su carácter redistributivo se verá severamente limitado por el techo a las imposiciones, si es que se compara con la alternativa de financiar las mayores pensiones solidarias deseadas con fondos generales de la nación.

Contrariamente a la falsa imagen creada por el movimiento No+AFP, las Administradoras de Fondos de Pensiones han sido razonablemente eficientes en su cometido, como incluso lo ha reconocido el ministro de Hacienda. Por ello el 60 por ciento de las mayores imposiciones que desea imponer el gobierno podrían perfectamente engrosar las cuentas individuales en dichas instituciones, en vez de hacerlo en el nuevo ente estatal. Y si además las mayores pensiones solidarias se financiaran directamente con recursos fiscales, no habría necesidad alguna de crear la probablemente ineficiente y definitivamente enredada, nueva institucionalidad propuesta. Lo que la ciudadanía desea son mejores pensiones, lo que se puede conseguir perfectamente cambiando algunos de los parámetros del actual sistema y aumentando la competencia en el sector.

Blog de Rolf Lüders en La Tercera

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