Seis informes en derecho son los que envió el gobierno al Tribunal Constitucional. Los documentos serán la base jurídica para defender ante ese organismo el proyecto -ya aprobado en el Congreso- que despenaliza el aborto en tres causales.

En el Ejecutivo dicen que se vienen preparando desde el principio de la tramitación de la iniciativa -que se prolongó por dos años y medio- para enfrentar el escenario que se concretará la próxima semana: el viernes 18 de agosto se producirán los alegatos del abogado del gobierno, Alfredo Etcheberry, y de los representantes de los diputados y senadores de Chile Vamos, Angela Vivanco y Miguel Ángel Fernández, respectivamente (ver entrevistas en página 4). Así, La Moneda encargó informes en derecho a los abogados Carlos Peña, Javier Couso, Gastón Gómez, Héctor Hernández, Yanira Zúñiga y Verónica Undurraga, a cuyos contenidos accedió La Tercera y que buscan enfrentar los principales aspectos a los que apuntará la oposición (ver recuadros).

En el gobierno dicen que durante la tramitación del proyecto en el Congreso se registraron todas las reservas de constitucionalidad que formuló Chile Vamos, lo que permitió realizar un levantamiento de la estrategia que utilizaría esa coalición en sus requerimientos.

Además, explican que se revisó cuál había sido el comportamiento de la oposición en los últimos requerimientos que se presentaron ante el TC, específicamente respecto a la reforma laboral y al proyecto de gratuidad en la educación superior. Eso, dicen en Palacio, permitió prever cuántos requerimientos se presentarían, cómo se comportarían ante el TC y quiénes podrían representar a los parlamentarios en los alegatos.

Los equipos técnicos de los ministerios de la Mujer y Equidad de Género (ex Sernam), Salud, Justicia y Secretaría General de la Presidencia lideraron la preparación del trabajo, no solo para defender el proyecto en el TC sino que, además, en la preparación de la iniciativa desde un principio, en 2014. En particular, en el gobierno dicen que se estudió cómo se ha abordado, jurídicamente, la situación de las mujeres que se encuentran bajo las tres causales del proyecto de aborto y cuál ha sido el tratamiento sanitario de esta situación, además del estatuto diferenciado de protección del que está por nacer.

El trabajo -dicen las mismas fuentes- da cuenta de que La Moneda siempre consideró que la oposición recurriría al TC. Y agregan que la ofensiva que lanzó la bancada de diputados del Partido Comunista para inhabilitar a la ministra del TC Marisol Peña sorprendió al interior del gobierno. Esto, especialmente a la ministra Claudia Pascual, militante del PC, quien se desmarcó públicamente de esa arremetida.

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