A las 16.30 horas del viernes, los 10 ministros del Tribunal Constitucional (TC) llegaron hasta el salón de deliberaciones en el tercer piso del céntrico edificio que alberga al organismo. Uno a uno se fueron sentando alrededor de una mesa en cuya cabecera se instaló el presidente, Carlos Carmona, quien ofreció la palabra a sus pares para tomar los primeros acuerdos antes de iniciar el debate sobre el proyecto de interrupción del embarazo en tres causales.

En la mañana habían escuchado las exposiciones jurídicas de los requirentes, de la Cámara y el gobierno, y venían de dos maratónicas jornadas de audiencias públicas donde más de cien agrupaciones entregaron sus opiniones. Es este cúmulo de antecedentes el principal argumento que presentó a sus pares el ministro José Ignacio Vásquez, secundado por Marisol Peña y Juan José Romero, para solicitar suspender el acuerdo inicial de dar a conocer ayer mismo el veredicto sobre los requerimientos de los senadores y diputados de Chile Vamos.

El tribunal se había fijado un espacio de deliberación antes de dar a conocer su resolución a las 21 horas. A media tarde, el TC emitió un comunicado en el que se explicaba el acuerdo unánime adoptado por los ministros de suspender la sesión y postergarla para el lunes, a las 9.30. De esta forma, los diez ministros “estudiarán los antecedentes” durante el fin de semana. El lunes se difundirá el veredicto y el fallo íntegro se conocerá el 28 de agosto.

Los alegatos de los abogados Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Díaz del Valdés por parte de los senadores, y de Ángela Vivanco, representando a los diputados, además de Francisco Zúñiga, a la Cámara Baja, y el penalista Alfredo Etcheberry, por parte del gobierno, habían comenzado pasadas las 9.30 horas.

Al término de los alegatos -a las 14.20 horas-, los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero, Cristián Letelier y Nelson Pozo hicieron preguntas a los abogados. Fue ahí cuando Aróstica lanzó una “confesión” ante los presentes. “Este tribunal no considerará solo la Constitución fría”, dijo, y agregó que esta tiene algunos “errores de redacción”.

El comentario fue una introducción a la pregunta que luego le haría a Etcheberry. Citando una obra escrita por este último en la que plantea que el aborto “se encuentra mucho más cercano a los delitos contra las personas”, Aróstica le consultó si, para resolver, el tribunal podría utilizar ese criterio. El penalista contestó afirmativamente, pero precisó que él se refería “al delito contra la vida y la integridad corporal del nasciturus, no de las personas”.

Antes, el abogado Fernández había dado inicio a los alegatos con un firme recuento: “No fue posible establecer acuerdos (en el Senado) que pudieran superar las flagrantes inconstitucionalidades”, dijo. Asimismo, argumentó que al aprobar el proyecto del gobierno los legisladores habrían excedido sus competencias.

Asimismo, criticó que la iniciativa plantea una solución “fácil”: eliminar el feto. Sobre la segunda causal -inviabilidad fetal-, subrayó que es “abrumadora la evidencia sobre la enorme falta de especialistas en salud materno-infantil en Chile”. Allí enfatizó en que los diagnósticos pueden ser erróneos en un 50% si es que los realizan especialistas.

El abogado terminó con un argumento persuasivo directo a los ministros: “Uno siempre sabe cuál es el camino correcto, pero no siempre lo sigue. Tal vez, porque es demasiado duro, impopular (…). Ustedes tienen el futuro de tantos que están por nacer en sus manos”.

La única mujer

A su turno, la abogada Vivanco hizo una aclaración, señalando que en la tramitación en el TC se ha catalogado su postura como “contraria a los derechos de la mujer”. “Soy la única mujer que alega y, además, soy madre. Nuestro requerimiento no ha considerado que las mujeres no tengan derechos”, dijo. “La discusión -continuó- es si la situación jurídica de la mujer significa desconocer la del hijo”.

A diferencia de sus pares del Senado, Vivanco defendió que el ser que está por nacer es persona y que, por tanto, es titular de derechos.

La abogada hizo preguntas retóricas a los ministros. Dijo, por ejemplo, que Chile ha avanzado en reconocer a los animales como “seres sintientes”. “¿Podríamos al menos aplicarle al embrión humano la categoría de ser sintiente?”, dijo. También expuso sobre el rol del padre, aunque exceptuando la causal de violación.

El grueso de la argumentación de Zúñiga, en la contraparte, versó sobre si es o no deber constitucional del Estado lo consagrado en el artículo 19, numeral 1, inciso 2 de la Carta Fundamental (“proteger la vida del que está por nacer”) . “Es una norma de habilitación”, sentenció, fundamentando que el Estado es titular de competencias y no sujeto de derechos ni deberes. “El nasciturus no es persona, no es titular de derechos fundamentales, es objeto de protección en razón de intereses constitucionalmente legítimos”, dijo. Mientras, dedicó varios minutos en argumentar que la Constitución no obliga a proteger siempre al que está por nacer.

“Incubadora humana”

Una de las intervenciones más esperadas de la jornada fue la de Alfredo Etcheberry. El penalista solicitó al tribunal rechazar ambos requerimientos, defendiendo la iniciativa impulsada por el gobierno. Así, esbozó una contundente argumentación en torno al sentido del artículo 19 de la Constitución. El penalista dijo -en base al Código Penal- que la existencia legal de toda persona comienza al nacer.

“El Código Civil se refiere al ser en el vientre materno como el que está por nacer, la criatura, el no nacido, pero no lo llama jamás persona”, expresó. En todo caso, no negó la vida humana del feto, sino que, precisó, “es una vida en desarrollo”. También apuntó a que el propio Código Penal ha diferenciado históricamente al nasciturus y el nacido.
Etcheberry también fundamentó la posición del Ejecutivo, asegurando que el alcance de la protección establecida por el artículo 19 sobre la vida del que está por nacer no es absoluta. Así, ejemplificó con otros bienes o intereses “protegidos” e incluso “resguardados” por la Constitución, como lo es el medioambiente.

Más tarde, el abogado aseguró que las tres causales que despenalizan el proyecto cabrían en la “no exigibilidad de otra conducta para asignar culpabilidad”. “El derecho no puede desconocer que hay ciertas circunstancias extremas, extraordinarias, en las cuales no se puede razonablemente exigir el acatamiento de ciertas normas, porque ello vendría a hacer del heroísmo una obligación de vida”.

Finalmente, defendió la tercera causal de violación: “El aborto viene a ser una especie de autodefensa tardía del ataque abyecto del que fue víctima la mujer, a la cual, además, la Constitución le asegura la integridad física y psíquica”.

“De no aprobarse esta causal, no solo se obliga a la mujer a seguir con su embarazo, sino a criar, a mantener y a educar. (…) La adopción pareciera ser una solución, pero es reducir a la mujer a una incubadora humana”, remató.

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