En democracia la libertad de opinión es una de las más importantes garantías individuales, si se acompaña de la libertad de prensa, se crean condiciones para que la ciudadanía haga ver sus puntos de vista. Afortunadamente, ambas libertades constituyen parte integrante de nuestra realidad.

Ocurre que en el ejercicio de estas libertades choquen las opiniones, lo que es normal y comprensible en una sociedad plural y diversa. Lo importante es que se trate de opiniones fundadas, avaladas por hechos de la realidad. De lo contrario, se puede caer en juicios o, peor aún, en prejuicios. 

En el mundo civil una opinión que involucra a un ciudadano o a un sector, partido o empresa, tiene asegurado el legítimo derecho de réplica. Es otra garantía de la democracia, la legítima defensa y el juicio justo. Pero,  ¿qué sucede cuando un impugnado no puede defenderse? Cuando por su propia estructura y rol, no puede participar en hechos de la contingencia, mas allá de su estricto rol constitucional. Ese es el caso de las instituciones de la Defensa. Dado que la República les ha conferido el monopolio legal del manejo de las armas, a contrario sensu, están impedidas de participar como instituciones en los diversos tópicos de la contingencia. Jerárquicas, disciplinadas, no deliberantes, ausentes de la contingencia pero comprometidas con el futuro del país y su destino.

 

Por cierto, en las instituciones de la Defensa pueden ocurrir hechos condenables, inclusive algunos de sus miembros pueden llegar a cometer delitos. Peor aún, en el pasado reciente, el involucramiento de las FF.AA. en el siglo pasado en la contingencia las llevo inclusive a incursionar y controlar el nivel político.

 

Hace décadas que aprendimos la lección, y sobre esa base los chilenos hemos ido construyendo una relación civil militar enmarcada en el estricto cumplimiento de su rol profesional. Y eso ha sido benéfico para el país en su conjunto, y para las propias FF.AA. que consolidadas en lo profesional, han podido desplegar profundos procesos de reformas que nos han llevado a un alto nivel tecnológico, doctrinario y operacional.

Por todo ello, llama la atención que en la denuncia de graves faltas a a probidad descubiertas en el presente cercano, tanto en el plano civil, político, empresarial y militar, las FF.AA. sean las únicas que no pueden difundir su visión. Por el contrario, merced  a la disciplina y la no deliberación, muchas veces han sido objeto de criticas ante las cuales quedan en indefensión.

Precisemos, nada justifica los desfalcos y los enriquecimientos inexplicables. En civiles, en militares o en empresarios. Deben investigarse y juzgarse con severidad. Pero hemos sido testigos que a raíz de este tipo de hechos rebroten prejuicios, que parecieran no solo cuestionar hechos punibles, sino también la necesidad misma de la Defensa Nacional.

Peor aún es cuando surgen voces dentro del propio Estado que hablan del fin de los conflictos. Si alguien piensa que la seguridad mañana y siempre ya está asegurada por el derecho internacional y la cooperación, entonces si se piensa así, es lógico que considere que las FF.AA. ya no son indispensables. Idealismo utópico y peligroso del que no estamos exentos.

Gabriel Gaspar, ex subsecretario de las FFAA, Embajador en Misión Especial (La Tercera)

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