Ha sido llamado el informe oculto por parlamentarios y abogados que giran en torno a las causas del Sename. También por jueces de familia, que en distintas partes del país señalan que nadie se los envió para trabajar en sus zonas con esta realidad. Es el resultado más contundente de las investigaciones realizadas por el Poder Judicial en torno a los niños y las niñas vulnerados.

Después de tres boletines –uno de ellos contenía cerca de 6.500 fichas sobre menores del Sename– el informe “estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile” se ha convertido en un libro que pudo ayudar a intervenir en su momento cada uno de los centros del Servicio Nacional de Menores, que presentaba graves falencias. Sin embargo, para muchos de quienes trabajan con la infancia no ha sido así.

En ese tiempo, el 25% de los niños institucionalizados de Arica y Parinacota se encontraban en riesgo alto. La mayoría de ellos pertenecía a Aldeas SOS Arica. En Tarapacá, 24.5% de los menores también estaban en riesgo alto. Lo mismo ocurría en Antofagasta (24.3%), Atacama (22%), Coquimbo (20%), O’Higgins (24%), Maule (26.1%), Los Lagos (21.7%), Magallanes (22%) y Los Ríos (31.9%). Como consigna el documento, la gran mayoría de los niños que se encontraban en el sistema residencial en esa región estaban en un organismo colaborador de Sename, cuya subvención llegaba a 82,3%.

De los 17 niños y niñas en Arica que tenían algún tipo de discapacidad, un 53% no recibía tratamiento. “Este último porcentaje corresponde a 9 niños. De los niños con discapacidad, 7 presentan una discapacidad intelectual, 3 leve y 4 moderada, 1 presenta una discapacidad visual moderada y otro auditiva. Finalmente se registra un caso para un postrado que presenta una discapacidad severa”, puntualiza el informe.

Uno de los casos más preocupantes anotados por el documento de la CAPJ fue el de una niña con cáncer cérvico uterino, que no tenía tratamiento.

Una realidad transversal

Una de las situaciones que registró el informe es aquella relacionada con abuso intrarresidencial. En Iquique, los antecedentes señalaron que en 9 casos (6%) se registraron situaciones de este tipo. “Esto quiere decir que han participado en un abuso sexual mientras se encuentran al cuidado de la residencia. Todos los casos correspondían a un abuso realizado por otro niño/a”, indica el documento. En esta región, la realidad también dio cuenta de más de un RIT designado para cada menor (55,2). Es decir, no existe un historial ordenado que permita establecer la vida de un niño o una niña; un hecho que puede imposibilitar una solución rápida para sus problemas o necesidades.

En el Maule, 26.1% de los niños figuraban en riesgo alto. La mayoría de ellos poseía un precario nivel escolar. El 31% (327 casos) presentaba algún grado de retraso escolar. Es decir, un niño se encontraba en dos cursos menos al que le correspondía. Un 5.4% asistía a enseñanza diferencial (58 casos) y un 3.1%, es decir 42 casos, no tenía ningún nivel de escolaridad.