Los gobiernos quedan en la historia por sus logros y fracasos, por lo que pusieron en movimiento o paralizaron, por la forma en que afrontaron las crisis sociales y los desastres naturales, pero también por el aporte que hacen sin querer al lenguaje. La actual administración, la más impopular y de menor crecimiento en el Chile post Pinochet, nos deja acuñadas expresiones inolvidables. Una es “cada día puede ser peor”, de la Presidenta; otra, “quitar los patines” a alumnos exitosos, del ahora ministro de Hacienda, y otra es el llamado a aplicar “la retroexcavadora” al modelo, hecha por el senador Quintana. Hay una reciente, del titular de Hacienda también, en el sentido de que el gobierno “ha tenido mala pata”, porque la economía decayó cuando este comenzaba y empieza a mejorar ahora que está por terminar.

Al usar el concepto de la mala suerte en el análisis político-económico nacional, Nicolás Eyzaguirre empuja hacia un terreno esotérico las formas de interpretar y abordar los déficits de los gobiernos y reduce su capacidad de acción. Si estos son hojas sueltas en el viento de las vicisitudes históricas, corresponde preguntarse sobre el sentido de destinar impuestos al financiamiento de ciertos ministerios. De este modo, Eyzaguirre permite a un eventual gobierno de Sebastián Piñera recurrir también a una excusa fatalista: su “mala pata” cada vez que recibe el poder de Bachelet. En su primer gobierno recibió un país azotado por un megaterremoto, y en el segundo (recibiría) un Chile terremoteado en otro sentido: por la división política, el estancamiento de la economía, una deuda récord y cargas no financiadas en el Presupuesto. Pero lo cierto es que los chilenos esperan hoy soluciones en lugar de retórica, obras en vez de excusas, y buena gestión en vez de amuletos.

En el marco de las expresiones sorprendentes de autoridades, hay que detenerse en una del fiscal nacional, Jorge Abbott, la que pasó a segundo plano por los cambios en el gabinete. Refiriéndose a la quema intencional de 29 camiones en San José de la Mariquina, Abbott expresó: “Que existan 35 camiones, que exista un dispensador de bencina y una sola persona que esté custodiando esos bienes me parece francamente una decisión de los empresarios que no dice relación con el riesgo que provoca el quehacer empresarial en esa región”. Añadió: “Uno esperaría que existieran cámaras y mayor vigilancia, ellos también tienen que hacerse cargo de los riesgos que generan sus actividades comerciales”.

Sus aseveraciones son de extrema gravedad, y permiten la extrapolación hacia los pequeños empresarios y las personas en general. Impresiona que una autoridad de ese nivel admita, en rigor, que el Estado de Derecho es incapaz de garantizar la seguridad de las personas en una zona del país, y que las inste además a protegerse por sus propios medios ante la delincuencia. ¿Espera acaso el fiscal nacional que, en un eventual nuevo caso, los empresarios dispongan de efectivos equipados para enfrentar a quienes cometen actos terroristas enmascarados y portando armas de fuego? ¿Debemos los chilenos armarnos para proteger nuestra vivienda y bienes ante la delincuencia desatada? ¿Dónde establece la ley que debemos ser capaces de defender lo que poseemos? ¿Nos informará el fiscal nacional sobre el nivel medio de protección con que debemos contar para repeler a la delincuencia y no merecer su raspacachos?

En Chile no puede quedar instalada una visión que censura a las víctimas de los delincuentes y criminales, y no critica el fracaso de la autoridad para garantizar el derecho de las personas a la seguridad, que establece la Constitución política. La trágica experiencia en otros países de la región debe ser tenida en cuenta en este aspecto. Cuando se produce un vacío de poder en una región debido a la ineficacia de su Estado, ese vacío lo ocupan rápido fuerzas ilegales, que imponen su ley. En Colombia han sido la guerrilla izquierdista FARC y/o los paramilitares quienes ocuparon los espacios de los cuales el Estado se ausentó.

También la experiencia en México debe despertar a nuestras autoridades. Estas deben estar conscientes de que la falta de investigaciones exitosas, detenciones y encauzamientos -en dos palabras, la impunidad- cobra un precio elevado en incertidumbre, sufrimiento y vidas. En zonas controladas por grupos armados independientes del poder estatal, no tardan en aparecer organizaciones que contactan a emprendedores grandes y pequeños, para chantajearlos ofreciéndoles “protección”. Quien se niega a pagar por ella, sabe que sufrirá ataques incendiarios o armados, que lo obligarán a aceptar la oferta. ¿Hemos alcanzado ya esa fase en Chile? La práctica empírica en Centroamérica muestra que son pocos los que se atreven a denunciar las amenazas, y que la mayoría, atemorizada y desamparada, paga para poder seguir trabajando. Que no se produzcan hoy en Chile denuncias al respecto, ¿obedece a que no existe aún la venta forzada de protección, o simplemente al temor que acalla a las víctimas? Cuando se producen ataques incendiarios es razonable preguntarse si estamos ante meros ataques iniciales, que permiten la aparición de los “suministradores” de protección, o bien ante las represalias contra quienes se niegan a comprarla. ¿Cómo detectarlo en un ámbito donde campean el miedo y la incertidumbre, y el Estado muestra escasos éxitos?

Prácticas ilegales como las mencionadas exhiben un patrón similar en algunos países de la región, que las autoridades deben conocer. Solo el conocimiento de esas experiencias permite investigar el fondo de la crisis de inseguridad pública que atravesamos, y calibrar el peligro que implica llamar a los ciudadanos a adoptar medidas en defensa propia ante la delincuencia, mientras el Estado no garantiza la seguridad de ellos.

Como dice en los retrovisores de ciertos vehículos, el peligro de que aumente en Chile la acción de ciertas prácticas delincuenciales ya establecidas en países vecinos exige suma cautela. En verdad, “los objetos en el espejo pueden estar más cerca de lo que parece”.

No puede quedar instalada una visión que censura a las víctimas de los delincuentes y criminales.

/Columna de Roberto Ampuero para El Mercurio

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