La situación es la siguiente.

Luego de revelarse que un senador recibía informes que eran copia fiel de la página web del propio Senado, el Ministerio Público solicitó antecedentes a la mesa de la Cámara Alta presidida por Andrés Zaldívar. En especial, pidió se le entregaran los informes emitidos por asesores externos en un lapso de varios años.

El Senado, mediante un oficio de seis páginas, se negó.

Esgrimió un argumento legal.

El Ministerio Público, dijo, carecería de facultades para decretar investigaciones genéricas, verdaderas fiscalizaciones globales que tienden un manto general de sospecha que solo daña la dignidad y la honra de los senadores. Y concluyó señalando que el oficio enviado por el Ministerio Público “desliza la posibilidad de la existencia de otros ilícitos, sin que exista base alguna para ello, lo que, junto a la manera en que se solicita, en especial a su difusión pública, termina por causar un grave daño a la imagen de esta Corporación”.

Esos argumentos son artificiosos. No es verdad que no exista base para investigar (¿acaso no se ha verificado el plagio casi unánime de los asesores externos?); no es correcto esgrimir la honra en este caso (¿ya se olvidó que al manejar el Estado el umbral de protección de la honra disminuye?); tampoco es exacto que sea la difusión pública de la solicitud de los fiscales lo que daña el prestigio del Senado (¿no será la conducta de los asesores y la desaprensión de los senadores la causante del desprestigio?).

Pero no es eso lo más relevante.

Lo más relevante es que ese oficio revela que el Senado malentiende su propia identidad.

Porque su argumento funcionaría bien, y haría sentido a la ciudadanía, si quien lo esgrimiera fuera un conjunto de ciudadanos comunes y corrientes, de vecinos sencillos y tranquilos; un puñado de personas que, víctimas del prejuicio y la maledicencia, se vieran de pronto expuestos, solo por el hecho de que un vecino descuidado ejecutó un acto que aparentaba ser ilícito, a que un grupo de fiscales encendidos de mala voluntad y anhelos de fama fugaz pretendieran registrar su correspondencia privada, invadir su domicilio y escarnecer su honra y su prestigio haciendo públicas sus cartas y sus confesiones íntimas.

Si ese fuera el caso, el argumento que firmó el senador Zaldívar estaría perfecto.

Pero lo que el senador Zaldívar olvidó es que él y quienes se ganan la vida en el Senado no son esas personas sencillas e indefensas, sino que se trata de personas que tienen en sus manos parte del poder y los recursos del Estado y que, a sabiendas, consintieron y toleraron un procedimiento meramente ritual para que los asesores externos rindieran cuenta de su quehacer, un procedimiento que permite, como está saliendo a la luz, que los dineros públicos destinados a mejorar la tramitación de la ley se malgasten y se despilfarren en informes que copian con estricta fidelidad, línea por línea y palabra por palabra, cada línea y cada palabra publicadas en la web del propio Senado.

Y ocurre entonces que lo que, dicho por un vecino, sonaría razonable y haría sentido a cualquiera, dicho por un senador como Andrés Zaldívar parece una tomadura de pelo o una broma involuntaria.

¿Por qué?

Es muy sencillo de entender.

Cuando tiene sentido (está en Ortega, en Wittgenstein o en Heidegger), la comunicación descansa sobre un cierto silencio, un no dicho, un conjunto de cosas que se dan por sabidas y que el emisor del discurso y aquellos a quienes va dirigido comparten. No es verdad que hablando se entiende la gente. La gente puede hablar entre sí algunas cosas porque comparte muchas otras en un marco de sentido mudo que les permite entenderse.

Y la ausencia de ese sentido compartido es lo que transforma en absurdo el oficio que firmó Andrés Zaldívar.

Porque mientras el senador Zaldívar se ve a sí mismo como un ciudadano ofendido, los ciudadanos lo ven como un poderoso que quiere escamotear el control de sus actos; mientras el senador y sus colegas se ven a sí mismos como ciudadanos agredidos por un fiscal que no respeta la ley, los ciudadanos lo ven a él y a sus colegas como un político que hace la ley y al mismo tiempo procura eludirla.

En suma, ese oficio no hace sentido a la ciudadanía.

Y por eso daña lo que quería salvar: el prestigio del Senado.

/Columna de Carlos Peña para El Mercurio

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