Identificar hasta la “señora Juanita” que está detrás de las cuentas corrientes de las empresas es lo que establece, en la práctica, la  enrevesada circular 57 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que depende de la Presidencia a través del Ministerio de Hacienda, que entró en vigencia esta semana.

Dicha instrucción obliga la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras jurídicas. Según explicó el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, las entidades financieras deberán solicitar a sus clientes personas/ estructuras jurídicas, una declaración jurada con los datos de identificación suficientes respecto de la identidad de los beneficiarios finales.

“Se trata de una nueva herramienta que la UAF pone a disposición del sector financiero para que este pueda tener mayor claridad sobre con quiénes está haciendo negocios. Y es que, eventualmente, las personas jurídicas pueden ser mal utilizadas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. De ahí la importancia de que el sector financiero conozca quiénes son los beneficiarios finales, quiénes controlan las personas jurídicas y, en definitiva, quiénes están detrás de las sociedades que realizan negocios en Chile”, explicó el director de la UAF, enfatizando que esta es una de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y forma parte del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

El lado “B” de la medida

Según ejecutivos de diversas instituciones financieras consultados, la medida del Gobierno “profundiza” aún más el rol de “policías y espías” para detectar ilícitos, al que los obliga la ley 19.913, y les genera una serie de externalidades y costos que no están considerados por la autoridad.

Los problemas prácticos de la normativa son que los bancos no tienen cómo obligar a que el cliente les entregue información completa y verídica, y no les entregan las herramientas para hacer dicha verificación pero igual pueden ser multados.

También habrá más burocracia para los clientes, lo que va en contra de la tendencia de facilitarles los trámites y utilizar los canales remotos, como internet. Los bancos tendrán que digitalizar dicha documentación. “Estamos yendo hacia atrás”, comentan.

Otro problema práctico es que si bien las grandes empresas pueden destinar personal para entregar dicha información, en las Pymes es más complicado porque no tienen los recursos ni las capacidades.

“Es un problema que debe resolver el Estado pero le transfiere la responsabilidad y la carga a los privados. La legislación convierte a las instituciones financieras en policías y espías. Es el policía que fiscaliza, y además, debe preguntar al cliente de dónde viene y a dónde va”, sostienen ejecutivos a este diario.

Todo ese embrollo burocrático les genera importantes costos en personal, y horas/hombre que no están consideradas en la circular y que deben asumir, ya sea traspasando el costo al accionista o al cliente.

Por Uziel Gómez Padrón para ellibero.cl

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