Cada parlamentario puede pagar por asesorías legislativas cuando quiere interiorizarse respecto de un proyecto de ley que se está tramitando o cuando busca apoyo autorizado para presentar personalmente un proyecto de ley. Aquellos que pertenecen a una bancada, generalmente lo hacen a través del concurso de sus propios institutos (Libertad, Igualdad, Libertad y Desarrollo, etc). Alejandro Guillier, por ser independiente, no tiene esa posibilidad y debe rendir la cuenta de sus gastos y obviamente, justificarlos.

Así se descubrió que el presidenciable pagó una altísima suma por una copia de textos que contienen información públicamente disponible. Dicho en otras palabras, plagio.

Agrava la falta el hecho que Guillier haya rasgado vestiduras contras las “malas prácticas de la clase política”, de la que él supuestamente no formaba parte. Ahora, lo que más importa en este caso es que la Fiscalía se pronuncie sobre el tema. Es obvio que una resolución tan importante no puede esperar hasta después de las elecciones presidenciales. Por el bien del propio Guillier. Surge, de rebote, en este caso, otro detalle que debiera tenerse en cuenta: los recursos con los que cuentan los parlamentarios que se repostulan por un nuevo período o los que aspiran a dar un salto cualitativo, ya sea de diputado a senador o de senador (a) a Presidente (a).

Porque a estos honorables, el Estado no sólo les paga una dieta aproximada de $6 millones, sino que además financia otras regalías, como arriendo de oficina, remuneraciones de personal, gastos de representación, bencina y ocho pasajes en avión al mes. Por lo mismo, al cambiar el sistema binominal, aquellos que postulan por primera vez a ocupar un cargo parlamentario están en clara desventaja ante sus contendores. Por ejemplo, en la Región de Antofagasta, la más amplia territorialmente del país y que ahora se enmarca en un distrito que elige 5 diputados. No es de extrañar que ex alcaldes, derrotados estrepitósamente en los comicios municipales, se hayan radicado en Antofagasta para hacer campaña. Es el caso de Esteban Velásquez, que incluso trabaja en la Municipalidad, y “Satanás” San Román, recién separado, partidario del matrimonio igualitario y que fue a Bolivia, junto a ME-O a ofrecerle salida al mar a Evo Morales. Los dos están siendo procesados. Lo mismo que Daniel Adaro, cuyo caso es más humanitario que político. Aún así pretenden llegar al parlamento. ¿Y la ética y la moral dónde queda?

Columna de Waldo Mora Longa, Exintendente Región de Antofagasta, publicada en la página editorial del diario El Mercurio de Antofagasta