Tras las asesorías parlamentarias externas descubiertas por el periodismo nacional a raíz de una controvertida consultoría pagada por el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier, se han levantado múltiples voces exigiendo la suspensión total de estos servicios externos de investigación, reclamando el despilfarro y aprovechamiento realizado con el dinero de todas y todos los chilenos. Lo último es razonable, dada la baja calidad de los trabajos pesquisados y fiscalizados por la investigación periodística, cuestión que da muestra de prácticas que bordean el cohecho, el favor político o el lavado de dinero.

No obstante lo anterior, poner el foco del escándalo en el ejercicio de asesoría externa y no en quienes contratan los servicios es un error grave y que es importante develar. Como nos presenta el conspicuo filólogo e historiador italiano, Luciano Canfora, las asesorías externas datan incluso de la época de la democracia ateniense. Y esto tiene pleno sentido. Hace 2.500 años, el dêmos de Atenas, poco preparado e inhabilitado para acceder al mundo de la educación y el saber, no podía deliberar con propiedad en los asuntos más espinosos de la comunidad. Es precisamente en esos asuntos en donde aquellos que poseían la téchne (técnica/arte) o la epistēmē (conocimiento) exponían frente a la ekklesía (asamblea), para que el pueblo en conjunto pudiese estar informado y posteriormente poder dar una opinión y tomar una decisión al respectoAsí también en la época de la monarquía y los principados eran habituales los consiglieri o consejeros que ayudaban a los monarcas a matizar sus opiniones, dando cuenta de que es poco probable que un ser humano posea la virtud suficiente sobre todos los asuntos de la humanidad.

Hoy en día, no es distinto para el caso de nuestros parlamentarios. Si bien nuestro Congreso no está poblado por el pueblo común y corriente –como en Atenas­–, sino que por una élite partidista y social, es bien poco probable que nuestros parlamentarios posean conocimientos en todas las materias de las que se encarga un Estado moderno. ¡Sí, es cierto! Ossandón tiene razón cuando argumenta que él no puede saberlo todo y que para eso dispone de asesores. La tiene, pues si bien el Congreso está compuesto por una élite, el requisito de acceso a los cargos públicos en nuestro país no contempla la posesión de PhD, Masters ni laureles académicos rimbombantes.

Es más, el único mérito requerido es que una mayoría razonable de la población considere que tal o cual candidato o candidata es superior a aquellas  y aquellos que les compiten. Y mientras sigamos pretendiendo que la soberanía popular tenga algún valor en nuestro sistema político, eso seguirá siendo así. Incluso, aunque solicitáramos un censo académico como la posesión de un grado de doctorado o maestría, aun así, no podríamos asegurarnos de que dicha experticia abarque todos los asuntos humanos que son susceptibles de legislación.

Es por ello que los asesores externos, ya sean abogados, politólogos, sociólogos, economistas, expertos en comunicación o educación, médicos, ingenieros, periodistas y un infinito etcétera, son necesarios para poder entregar herramientas y conocimientos adecuados a los legisladores para que puedan tomar decisiones razonadas y razonables.

Lo que no debemos permitir es que estos recursos, dispuestos para mejorar la calidad de nuestra legislación, sean dineros utilizados para ser rotados entre los mismos parlamentarios, o para realizar mercados cerrados y sectarios, a fin de beneficiar a los partidos políticos de cada candidato, los cuales, además, han demostrado realizar trabajos de bajísima calidad y con poca responsabilidad por trabajar inspirados en la excelencia académica y la responsabilidad cívica.

/Escrito por Diego Córdova para El Mostrador

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