El abogado, Mauricio Daza, patrocinante de las denuncias ante la OIT por parte de los funcionarios, asegura que existe “una política permanente de vulneración de derechos laborales fundamentales de funcionarios del Ministerio Público”.

El hecho puntual de que la Oficina Internacional del Trabajo acogiera las denuncias de prácticas antisindicales de la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip) y enviara una serie de recomendaciones al Ministerio Público, deja en un mal pie al fiscal nacional Jorge Abbott, quien era director ejecutivo de la Fiscalía cuando se presentó la primera denuncia y, después, asumiera como fiscal nacional del Ministerio Público, cuando se interpuso la otra denuncia.

Hay que recordar que  la Federación Nacional del Ministerio Público denunció ante la OIT, junto al tema de las prácticas anti-sindicales, la existencia de obstáculos a las visitas de dirigentes a afiliados, restricciones indebidas a la capacidad de organizar reuniones y asambleas durante la jornada laboral, trabas por parte de las autoridades a la capacidad de representar a sus asociados en reclamaciones, en particular, mediante la exigencia de exhibición de un poder firmado y, por consiguiente, desconociendo la representación que ejercen las asociaciones de funcionarios e intromisión en la libertad de afiliación. Asimismo, la ausencia de procedimientos de negociación.

Otra de las denuncias dice relación con mecanismos imparciales para conocer de conflictos laborales, incluida la discriminación antisindical y la interpretación antisindical de las normas e instrucciones aplicables a las horas de permiso sindical. En este sentido, la Fenamip indicó que en 2009, el Fiscal Nacional (Sabas Chahuán) había establecido, mediante oficio Nº 369/2009, que las jefaturas respectivas tenían la obligación de conceder a los directores de asociaciones los permisos necesarios para ausentarse de sus labores para el cumplimento de sus funciones, los cuales no podían ser inferiores a veintidós horas semanales para la asociación nacional u once horas semanales para las asociaciones regionales. La organización querellante alegó que, contrastando con esta disposición, el nuevo Director Ejecutivo Nacional (en ese entonces, Jorge Abbott), mediante oficio Nº 152/2014, requirió a los dirigentes sindicales comunicar con anticipación el uso de sus horas de permiso en aras de coordinar el buen funcionamiento de la institución y el debido registro de las horas gremiales establecidas por la ley.

¡Vulneración por parte del Estado!

El abogado Mauricio Daza, quien representó a los trabajadores en sus denuncias ante la OIT, plantea que “los reclamos frente a la OIT, se vinculan a una política permanente de vulneración de derechos laborales fundamentales de funcionarios del Ministerio Público, lo que también se puede hacer extensible a varios casos de fiscales de la propia entidad, que han debido sufrir situaciones similares”.

-La primera denuncia fue cuando Jorge Abbott era director ejecutivo de la Fiscalía y, la segunda, cuando ya estaba en el cargo de fiscal nacional y hay un pronunciamiento de la OIT frente a políticas antisindicales. ¿Cómo evalúa las recomendaciones de la Oficina Internacional del Trabajo?

Nosotros, creemos que no existen los medios mínimos al interior del Ministerio Público para poder hacer valer, de manera efectiva, los derechos y garantías fundamentales de los trabajadores de la Fiscalía. En este sentido, uno observa con preocupación lo que ha sido la conducta del Estado de Chile, en relación a estos trabajadores frente a abusos manifiestos que se han cometido dentro de dicha institución.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha defendido a los fiscales nacionales que han sido objeto de denuncias, afirmando que, finalmente, las agrupaciones de funcionarios dentro del Ministerio Público no tendrían la calidad de organizaciones sindicales y, por lo tanto, se les niega todos aquellos derechos propios de este tipo de entidad.

Esto, va en contra de lo, expresamente, señalado en el convenio Nº 151, el cual firmó el Estado de Chile, donde se le entregan garantías a las agrupaciones de funcionarios públicos que son equivalentes a aquellos que se les reconoce a los sindicatos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nos encontramos frente a una vulneración flagrante del Estado de Chile a los acuerdos internacionales vigentes y que son vinculantes en esta materia.

-Eso significa que los trabajadores del Ministerio Público tienen, exactamente, los mismos derechos que cualquier trabajador independiente, aunque el reglamento establezca que la única forma de hacer un reclamo, sea a nivel interno y no en forma externa. ¿Ahí, entonces, se comete la transgresión y limitación a los funcionarios del Ministerio Público?

Claro. Lo que ocurre es que se ha confundido por parte de la Fiscalía nacional, la noción de autonomía con la de impunidad. Principalmente, a partir de una doctrina creada e implementada por Sabas Chahuán que estableció al interior de la institución que, finalmente, ningún ente externo podía entrometerse, de manera alguna, respecto de la forma cómo funcionaba el Ministerio Público y el titular de esta entidad podía ejercer las competencias de las funciones.

En ese sentido, lamentablemente, los otros órganos del Estado no han reaccionado frente a un tema que es, claramente, ilegal y abusivo. De esta manera, cuando se han concretado abusos manifiestos al interior de la Fiscalía, la Inspección del Trabajo, sencillamente, decide no actuar y los tribunales, en un comienzo, se declaraban incompetentes para poder conocer la vulneración a estos derechos fundamentales.

-Pero, hay un tema, desde el punto de vista legal, que a los funcionarios del Ministerio Público los instala en otra categoría, no sé si mejor o peor…

Es verdad que los funcionarios públicos y las personas que se desempeñan en ese ámbito, no tienen, exactamente, los mismos derechos que se les reconoce a quienes están sometidos al ámbito privado, de un contrato de trabajo y, eso, se vincula con la naturaleza que muchos de estos organismos tienen en cuanto a su función.

Sin embargo, respecto de los derechos y garantías fundamentales que son aquellas establecidas como parámetros mínimos de respeto a la dignidad de los trabajadores, estos son, plenamente, aplicables tanto en el ámbito público como privado.

En este contexto, llama la atención lo que se vincula con las asociaciones de funcionarios, los cuales no sólo existen en el Ministerio Público, sino en distintos actos relacionados al Estado, donde, básicamente, lo que ha sido la tesis actual por parte del Consejo de Defensa del Estado, es sostener que no tendrían la calidad de organizaciones sindicales.

-Y, eso, en la práctica, ¿en qué afecta?

No se les reconoce ningún tipo de derecho, tal como la posibilidad de poder reunirse de manera debida, el proteger a quienes se encuentran en las directivas de estos organismos en contra de presiones por parte de las personas que son los directivos de estas entidades. La verdad es que se ha dado lugar a muchos casos de prácticas antisindicales, con las cuales el Estado de Chile, la verdad, o la Fiscalía, muchas veces ha pretendido presionar, indebidamente, la actuación de estas agrupaciones de funcionarios públicos y, lamentablemente, cuando se ha ido a tribunales, se tiene la doble dificultad, por una parte, de pelear que los tribunales de justicia como un órgano independiente tiene la facultad y la competencia para poder revisar lo que es la actuación por parte de lo que es el fiscal nacional, al interior del Ministerio Público.

Por otra parte, también nos enfrentamos ante esta respuesta insólita del Consejo de Defensa del Estado que vulnera de forma manifiesta el texto del Convenio Nº 151, señalando que, finalmente, estas agrupaciones no tienen ningún tipo de derecho, lo cual, obviamente, es una aberración y no está avalado ni por el texto ni por las decisiones que ha adoptado la OIT en relación a estas denuncias.

-Precisamente, en función de cómo ha sido la administración del fiscal nacional, Jorge Abbott, la primera denuncia que se interpuso fue cuando era director ejecutivo del Ministerio Público y, la segunda, en su calidad de timonel de la institución. ¿Cómo afecta en el marco de todos los cuestionamientos que se han hecho a la gestión de Abbott, el que la OIT no sólo acogiera la denuncia de los trabajadores, sino que formulara recomendaciones?

La verdad que aquí hay una conducta reiterada, en el tiempo, de vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores y de las agrupaciones de funcionarios al interior del Ministerio Público y, en ese sentido, la reacción de la Organización Internacional del Trabajo frente a las denuncias fundadas que nosotros hemos presentado, parece que son proporcionales y pertinentes.

El tema es cómo el Estado de Chile y la Fiscalía van a reaccionar ante esta materia. La realidad es que tenemos nuestras dudas, ya que no se han visto mayores acciones concretas en esta materia. Hay que reconocer que frente a denuncias de prácticas antisindicales, que han sido presentadas por asociaciones de funcionarios del Ministerio Público, el fiscal nacional ha accedido a levantar mesas de trabajo que están operativas, pero, lamentablemente, esas mesas, hasta el momento, no han llegado a dar lugar a actos concretos que permitan entregar un marco de mayor seguridad a los derechos fundamentales de los trabajadores.

-¿Cómo se logra avanzar cuando el Ministerio Público no reconoce las prácticas antisindicales y el Consejo de Defensa del Estado  invalida la actuación de los sindicatos y quién debiera intervenir si no hay otra alternativa que recurrir a  organismos internacionales?

Lo que ocurre es que no existe ninguna organización independiente, autónoma, que tenga facultades suficientes para poder controlar la administración que realiza el fiscal nacional sobre el Ministerio Público.

La autonomía de la Fiscalía tiene sentido en cuanto a proteger el trabajo de investigación criminal que se realiza al interior de la institución de posibles presiones políticas o económicas que se puedan dar. Sin embargo, esto no debe afectar el principio de control, respecto de la gestión de recursos públicos, por parte de quien maneja una institución tan grande y compleja como el Ministerio Público.

Aquí ha faltado una voluntad política clara para poder, por ejemplo, consagrar que la Contraloría General de la República tiene competencia para los efectos de poder revisar la manera en que se ejerce la gestión de estos recursos públicos. Por el contrario, la Ley Orgánica Constitucional deja fuera explícitamente a la Contraloría de esa labor, cosa que no tiene ningún sentido y tampoco hemos visto que organismos estatales, como la Inspección del Trabajo, tenga la voluntad real de ejercer una facultad de fiscalización. Hace poco, de hecho, los tribunales están empezando a establecer una jurisprudencia en cuanto a que sí son competentes, a lo menos, para conocer, de las tutelas laborales donde se está reclamando la violación flagrante de derechos fundamentales por parte de los trabajadores, lo mismo, respecto de prácticas antisindicales.

-¿Qué es lo que, en concreto, entonces, hace falta?

La verdad es que lo que hace falta es una voluntad política, tanto para legislar con la finalidad de aclarar este ámbito de control y perfeccionarlo, como a su vez, las autoridades que están a cargo de la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente.

La teoría instaurada por Sabas Chahuán, respecto de que el Ministerio Público sería una institución que no podría ser controlada por mandato constitucional, por ninguna otra entidad, es una tesis abusiva y que, solamente, busca establecer un mando de impunidad a la actuación del fiscal nacional. Esto, obviamente, no puede ser algo plausible en un estado de derecho en forma.

-El punto que, esa teoría que usted plantea, la mantiene el actual fiscal, Jorge Abbott…

Sí. Lo que sostengo es que es una tesis que fue instaurada por Sabas Chahuán, quien es, probablemente, la persona que más daño le ha hecho al Ministerio Público desde su nacimiento y que, lamentablemente, ha sido mantenida por parte del fiscal, Jorge Abbott. Nosotros, creemos que  la única manera de poder arreglar esta situación en beneficio, finalmente, del Ministerio Público, es que existan cambios legislativos y autoridades que tengan la voluntad de ejercer sus atribuciones en relación al Ministerio Público y que, por otra parte, exista un diálogo real dentro de la Fiscalía entre los funcionarios y los fiscales con la Fiscalía Nacional.

-¿Por qué, a su juicio, se hace necesario ese diálogo?

Acá se toman decisiones de gestión a espalda de los funcionarios y fiscales, por ejemplo. Ahora, se pretende aplicar un modelo  de gestión que, básicamente, distrae a los fiscales de las labores propias que debieran tener en conformidad a la ley, en cuanto a investigar delitos y tramitar las causas que tienen ante los tribunales y se les está recargando una carga administrativa para los efectos de llenar formularios durante un largo período de tiempo que, en la práctica, debiesen ocupar en la investigación de delitos.

Entonces, la verdad, es que no hay un diálogo al interior de la Fiscalía, se toman decisiones en cuanto a la gestión del Ministerio Público, a espaldas de los funcionarios, a espaldas lo de los fiscales, todo lo cual, finalmente, va en contra del buen funcionamiento de una entidad que tiene a su cargo una misión que es muy compleja y delicada que se vincula con la investigación de delitos y, además, de sostener la acción penal pública frente a los tribunales de justicia y, eso, es obviamente, una situación que requiere atención, no sólo al interior del Ministerio Público, sino también, por parte del resto de las autoridades, las que, hasta el momento, simplemente, prefieren mirar hacia el lado.

Por Daisy Castillo Triviños para elmuro.cl

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