Un nuevo conflicto en materia de reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos originarios, podría terminar con el Estado de Chile reconociendo que el propietario de la isla es el pueblo rapanui y no el Fisco.

Esto, si los pascuenses ganan el reclamo que interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que el Estado les devuelva las tierras como propiedad colectiva, así como la administración y uso de recursos naturales.

Dicha demanda, interpuesta por el Consejo de Ancianos y el Parlamento Rapanui, está en curso y vigente, tanto así que el pasado 25 de abril la CIDH notificó al Estado para que se pronuncie en un plazo de tres meses a partir de esa fecha, período en que el Estado no respondió.

“Aun así, para nuestro pueblo es muy importante la investigación y el interés demostrado por la CIDH, pues es un reconocimiento de que nuestros derechos han sido vulnerados. Como Consejo de Ancianos, velaremos siempre por la tenencia de la tierra ancestral y por la unidad de nuestro pueblo para lograr la autonomía y la autodeterminación. Y en eso la restitución de nuestra tierra es clave”, indicó el presidente de la instancia, Carlos Edmunds.

La demanda de los pascuenses para lograr la propiedad colectiva se basa en el respeto a los derechos reconocidos por la Convención Americana de DD.HH.; la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha fallado a favor de otras etnias en casos similares, y en el “Acuerdo de Voluntades”, firmado entre los líderes del pueblo rapanui y el Estado chileno cuando la isla fue anexada en 1888.

En ese pacto, la etnia originaria cedió soberanía para quedar bajo la protección del Estado chileno, pero mantuvo la propiedad del territorio, cuestión que no habría sido respetada por los sucesivos gobiernos desde entonces. Sin embargo, estas condiciones fueron reconocidas y garantizadas en el informe de la Comisión Presidencial sobre Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, del año 2003.

“El pueblo rapanui tiene un derecho ancestral a la propiedad colectiva de su territorio. El Estado no ha cumplido el Acuerdo de Voluntades de 1888 y esperamos que la Corte Interamericana declare que el Estado ha violado el derecho de propiedad del pueblo rapanui y ordene que se nos devuelva el territorio”, señaló Erity Teave, vicepresidenta del Parlamento Rapanui.

Para los pascuenses, la restitución del derecho a la propiedad sobre la isla es un asunto de respeto y garantía de DD.HH. y no una cuestión de voluntad o negociación política. “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD.HH. es consistente en reconocer el derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios y no tenemos duda de la solidez jurídica del caso”, dijo Ciro Colombara, uno de los abogados patrocinadores.

La restitución de la propiedad colectiva sería el reconocimiento a una forma ancestral de uso de la tierra basada en clanes y en la herencia de una generación a otra.

Hoy, sin embargo, toda la isla es un parque nacional declarado por el Estado. “No queremos independizarnos de Chile, vamos a seguir siendo chilenos. Lo que queremos es que nos devuelvan algo que es nuestro. En el continente lo llaman ‘parque’, que tiene la connotación de algo público, pero que es un concepto engañoso porque para nosotros toda la isla es un sitio sagrado, donde están enterrado nuestros ancestros”, explicó el alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmuns.

“No me sorprende que el Estado no haya contestado a la CIDH. Es la misma actitud que ha tenido siempre, de dejar que las cosas pasen y se olviden. Por eso hemos concluido que la única forma es tratar estos temas a nivel internacional. No nos dejan otro camino, pese al daño a la imagen del país que pueda generarse”, precisó el edil.

Para José Rapu, integrante de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, la demora en responder “significa simplemente que el Estado no tiene la mínima intención de solucionar los problemas de la isla. Hay un excesivo paternalismo y colonialismo que no libera a los pueblos para que se desarrollen”.

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