Según la nueva ley que regula el financiamiento de campañas políticas, el Estado debe otorgar a los partidos dinero para las actividades de su candidatura bajo el concepto de anticipos. El criterio para definir las cantidades que recibe cada uno es el recuento de votos de las elecciones anteriores. Sin embargo, estos montos no son suficientes para financiar todas las postulaciones al Parlamento. Por otro lado, presidentes y directivas de los partidos son los encargados de decidir cómo repartir estos flujos entre sus cartas electorales, pero tienen distintas formas de priorizar algunas actividades por sobre otras, por ende, esta metodología no ha estado exenta de polémicas al interior de las colectividades.

Para Daniel Ibáñez, presidente de Fundación Participa, el sistema actual constituye un avance importante para mejorar la transparencia política, la competitividad y la participación de nuevos actores, pero requiere de ajustes ya que carece de ecuanimidad para quienes compiten por primera vez por un escaño parlamentario, pues “permite erróneamente que las directivas de los partidos asignen recursos de manera discrecional a sus candidatos, sin ningún criterio mínimo establecido por la autoridad. Lo anterior implica que la mayoría de los partidos terminan destinando la mayor parte de los recursos a los parlamentarios en ejercicio que van a reelección, dejando de lado a quienes se presentan por primera vez”.

En el mismo sentido, Ibáñez agrega que “este sistema lo que hace en definitiva es perpetuar a los mismos de siempre, ratificando el criterio del que tiene mantiene, y dejando en desventaja a los desafiantes o candidatos nuevos, afectando la necesaria renovación y vulnerando de algún modo el espíritu de la Ley”.

Por su parte, Willem Schuitemaker, militante del Partido Poder, “el nuevo sistema claramente es positivo, porque en cierto sentido aleja y desincentiva a las empresas a financiar candidaturas. Sin embargo, todos sabemos que esos dineros llegan de todas formas desde personas particulares. No obstante, entrega recursos de una manera muy desiguales, ya que es una ley que está hecha para el duopolio de los partidos o conglomerados que actualmente tienen más senadores y diputados en ejercicio, quienes reciben mayores recursos, en comparación de los partidos con menor representación parlamentaria”.

Según Schuitemaker, “las consecuencias a propósito del financiamiento particular de los candidatos de manera directa, con la devolución de los votos o a través de la posibilidad de pedir créditos en instituciones financieras vía Servel, nuevamente deja un flanco abierto, porque los bancos no le están dando créditos a los candidatos a diputados, por lo tanto, nuevamente se genera la diferencia con aquellos que reciben donaciones de familiares o conocidos que trabajan en directorios de empresas. Aquellos que no tenemos ese nivel de contactos, debemos recurrir que formas que requieren muchas más creatividad y trabajo”.

Respecto a cómo mejorar la nueva normativa, Ibáñez resalta que “éstas deberían ir en el sentido de establecer criterios básicos comunes para todos los partidos que permitan que los candidatos en un mismo territorio reciban los aportes, ya sea dinero o materiales, en igual proporción, a fin de garantizar la igualdad de condiciones en la contienda electoral”.

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