A propósito del proyecto de ley destinado a “permitir que la autoridad encargada de la administración de la justicia en nuestro ordenamiento jurídico pueda disponer de aquellos antecedentes y testimonios recopilados por la Comisión Valech I que actualmente tienen el carácter de secreto, y de los cuales ninguna autoridad puede conocer”, conviene tener a la vista algunos antecedentes.

El primero es la sentencia de 21 de diciembre de 2015 de la Corte de Apelaciones de Santiago (a modo ejemplar de varios fallos dictados en este sentido): “La interpretación literal de esta disposición (artículo 15 de la Ley 19.992) obliga a concluir que el secreto en ella establecido no es absoluto, toda vez que ella misma establece expresamente la excepción en favor de los titulares…/… quienes tienen el derecho y la libertad de darlos a conocer o proporcionarlos a terceros para otros objetivos, pudiendo disponer de ellos como estimen conveniente”.

Este fallo evidencia que la negativa de acceso a las propias víctimas respecto de sus declaraciones ante la Comisión Valech I nunca fue resultado ni intención de la Comisión, de “pactos de silencio” o de la propia ley que estableció la reserva, sino la consecuencia de una errada interpretación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que vulnera “el derecho de propiedad de dicha recurrente, pues la priva de antecedentes e información de la que es titular y, por lo tanto, le pertenecen, y que le son necesarios para hacerlos valer en sede judicial”.

El segundo es que el proyecto de ley original introducía el acceso de los tribunales de justicia sin autorización de las víctimas y sin obligación de mantener reserva de ellas —como lo ha recordado el informe de la Corte Suprema en la materia—, dado que ésta sólo se contempla para los delitos de carácter sexual en el procedimiento penal antiguo. La propuesta legislativa, seguramente considerando que en los crímenes de lesa humanidad, “el ofendido es la humanidad toda” y no sólo las víctimas, como lo destaca el mismo informe de la Corte, fue así aprobada por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado propone ahora una importante precisión: “Los tribunales de justicia, en todas las actuaciones del proceso, omitirán la identidad de las víctimas que aparezcan mencionadas en las causas en las que no han sido parte, a menos que ellas consientan expresamente en su divulgación. La omisión de la identidad subsistirá incluso una vez que se encuentre afinada la causa. La Corte Suprema reglamentará mediante auto acordado el procedimiento para el resguardo de la identidad de las víctimas”.

Con ella se vuelve a considerar la importancia y los derechos de las víctimas, como siempre debió haber sido. Hacer justicia a toda costa no es justicia: vulnerar la reserva otorgada a las víctimas no sólo afecta su honra o privacidad en aras de lograr la verdad, sino que importa desconocer su dignidad y su sufrimiento con tal de obtener un conocimiento, que puede ser satisfactorio para los demás, pero que no puede alcanzarse con sacrificio de ellas.

¿Y qué sucede ahora con el “debido proceso” respecto de los eventuales sindicados como partícipes de estos delitos? ¿Deberán defenderse sin conocer a sus acusadores, ya que un juicio sin la información adecuada se acerca a la presunción de culpabilidad?

Tampoco hacer justicia “secreta” es justicia: por repugnantes que nos parezcan los crímenes cometidos y por necesitados que estemos de castigarlos y de reparar a quienes los vivieron, ello no puede forzarnos a usar las herramientas propias de los regímenes no democráticos. Tal situación abiertamente inconstitucional no puede ser resuelta por un auto acordado, debe ser abordada por el legislador, dándose a la molestia de encontrar fórmulas satisfactorias para combinar ambas demandas propias de toda administración de justicia (reserva y defensa).

Legislar sobre derechos humanos no es una simple declaración de intención, es un paso de cuyas consecuencias hay que ser responsable.

 

Escrito para El Líbero por Ángela Vivanco Martínez, abogada y profesora de Derecho Constitucional UC, doctora en Derecho y Ciencias Sociales para la Universidad de La Coruña, España

/gap